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Subidas amparadas en el euro

Madrid es la ciudad europea donde la introducción del euro ha supuesto un mayor encarecimiento de los productos. En realidad, el estudio del banco alemán Dresdner Kleinwort Waserstein (DKW) hubiese servido para cualquier otra ciudad española, pero sólo compara la evolución de los precios en las capitales. El informe no ha pretendido evaluar la marcha del coste de la vida –para eso ya existe el IPC– sino ese otro coste que no tiene nombre, pero que es igual de real, el de 200 productos de uso cotidiano.
Por algún motivo que cabría analizar, parece que tenemos mayor querencia que otros países hacia los redondeos, y lo que hasta no hace mucho era a cien pesetas, ahora es a un euro. Pero no se le puede echar la culpa sólo a las cafeterías, a los vendedores de golosinas o a los de periódicos. En realidad, la mayor parte de la economía nacional se comporta así, con excepción de los fabricantes de productos industriales, sometidos a una fuerte competencia.
Así, no es de extrañar que Madrid haya pasado de ser una de las capitales más baratas de Europa en el ranking que este banco hacía en 1999, a situarse casi en la media, con muchos productos más caros que en otros países europeos. El mercado único sigue teniendo precios muy distintos, pero sí se aprecia una curiosa tendencia al acercamiento y, como cabía sospechar, no se está produciendo por abajo, o siquiera hacia los promedios, sino por arriba. Tanto que Londres, que ha permanecido al margen del euro, en 1999 sobrepasaba los precios promedios europeos en un 19% y ahora sólo está un 4,5% por encima, a pesar de la fortaleza de la libra.
Todos estos procesos son difícilmente controlables, porque son producto de las relaciones de una miriada de operadores económicos, pero sí demuestran que España no consigue erradicar una tendencia insana a la inflación, con muchos jugadores de ventaja dispuestos a aprovechar los abundantes nichos de mercado que aún quedan en estado de competencia imperfecta. Sectores regulados, servicios educativos y sanitarios, o productos que viajan mal, como las materias primas de la construcción, se valen de estas imperfecciones del mercado para mantener permanentes tensiones inflacionistas, que pasan más desapercibidas que las subidas del pollo, de las patatas o de la gasolina.
Es curioso que tantos partidarios del liberalismo económico absoluto como se pronuncian cada día en todos los foros no reparen en estas circunstancias que perjudican notoriamente la competitividad española. Por estos agujeros se nos escapan muchas de las conquistas que hacemos en otros terrenos, tanto por su importancia relativa, como por el hecho de que las subidas de precios suelen encadenarse como las cerezas. El afectado, siempre que pueda, intentará trasladárselos a un tercero y, así sucesivamente.

Esto no acaba aquí

El golpe de mano de Botín en Gran Bretaña da la impresión de haber resultado más sencillo de lo que realmente ha sido, pero en cualquier caso, el Santander ha zanjado la caza del Abbey con una rapidez insólita. Pero, además, lo ha hecho sin emplear recursos propios, al pagar con papel, y eso quiere decir que sigue teniendo una liquidez importantísima para nuevas aventuras. Hay que recordar que a lo largo del año se ha visto legalmente obligado a vender gran parte de su paquete del Royal Bank of Scotland y se ha desprendido de títulos de Vodafone y del Shinsei Bank, que le han reportado, en conjunto, plusvalías por valor de 831 millones de euros, que no ha contabilizado como beneficios. Y tampoco puede obviarse que le siguen quedando otros 3.000 millones de euros en plusvalías latentes en otras participaciones.
El Santander podría intentarlo ahora con el San Paolo IMI italiano, uno de los grandes de la banca trasalpina, y para conseguirlo sólo necesita el placet de los otros miembros del núcleo duro, que hasta ahora se han resistido. Da la impresión de que la actitud de sus socios está cambiando y se ha hecho más abierta hacia esa posibilidad. El Santander, que ya es el primer accionista del San Paolo, con el 8,5% conseguiría una extraordinaria plataforma de desembarco en Italia, un mercado en el que ya ha intentado tener más protagonismo en varias ocasiones.
Mientras los beneficios sigan creciendo a un ritmo muy superior al coste de los recursos, el Santander parece claro que mantendrá una actitud agresiva en toda Europa, que vuelve a ser su escenario principal.

Una apuesta muy atrevida

El Gobierno cántabro ha hecho una apuesta en favor de la gestión privada que apenas ha tenido respuesta en la calle, a pesar de que marca una nueva era política. La decisión del Gobierno del PSOE y el PRC no sólo es histórica, sino que resulta imprescindible para mantener la tensión económica de Cantabria en una época de cambios, donde se cae parte del entramado que hasta ahora sostenía el desarrollo de la región. Salimos del Objetivo 1, España dejará de ser el gran receptor de las ayudas comunitarias, al entrar una decena de países del Este en peores condiciones económicas que las nuestras, y la situación del sector interno más dinámico, la construcción, antes o después tendrá que frenarse, porque es inverosímil que mantenga indefinidamente crecimientos anuales del 6 y 7%.
En estas condiciones, todo parece indicar que los mejores años han pasado. Y, si con tantos condicionantes a favor como ha tenido hasta ahora, la región no ha conseguido superar un crecimiento del 3% anual en el PIB, hay que suponer que a poco que cambie el viento, las cosas pueden complicarse mucho.
El Gobierno tiene poco margen de maniobra para actuar. De los casi 300.000 millones de pesetas de presupuesto anual, sólo 50.000 son de inversiones, el resto son gastos internos (personal, consumos, intereses, etc.) que si bien tienen una cierta tracción sobre otros sectores, es muy inferior a la que representa la inversión pura. Y habría mucho que discutir sobre el capítulo de inversiones, porque en no pocos casos ha estado encubriendo meros gastos corrientes.
A medida que se reducen las ayudas comunitarias por la salida del Objetivo 1 (ahora son más de 20.000 millones de pesetas al año) las posibilidades de incrementar la inversión pública regional se reducen y podría llegar a costar mantener los niveles anteriores. En estas condiciones ¿qué se puede hacer?
Hormaechea dijo algo tan obvio como que hay que ir a buscar dinero donde lo tienen. Y él lo encontraba en los bancos… mientras se lo dieron. Así llegamos a un nivel de endeudamiento que triplicaba los ingresos corrientes de nuestra comunidad autónoma. Ahora, en cambio, estamos en un momento de muy bajo endeudamiento y cabría la posibilidad de volver a utilizar esta herramienta bancaria y endeudarse, pero la Ley de Estabilidad Presupuestaria lo impide, haciendo una tabla rasa que no resulta del todo entendible, ya que poco tiene que ver la saneada situación de Cantabria con la que tienen otras autonomías. Sin esta posibilidad de endeudarse, sólo caben fórmulas extrapresupuestarias: o enterrar el endeudamiento bajo la alfombra de las empresas públicas, o sacar al mercado proyectos de índole pública para que capital privado los financie, ejecute y explote.
El sistema no es novedoso, ni siquiera en Cantabria, donde una filial de Dragados tiene la concesión de la planta de tratamiento de basuras de Meruelo. El Gobierno regional no pretende llegar tan lejos como Esperanza Aguirre, que ha ofrecido al sector privado la financiación y gestión de ocho hospitales que arrendará la Comunidad de Madrid, pero puede cubrir campos, como la depuración de aguas, la construcción de residencias de la tercera edad, de campos de golf o de puertos deportivos, con ventajas para todos. Para la ciudadanía, porque obtiene unos servicios a los que, de otra forma, no podría acceder en muchos años. Para el Gobierno, porque le permite poner en marcha en muy corto plazo un número muy elevado de iniciativas y la explotación de estos servicios le saldrá más barata que hacerla con personal propio. Para el concesionario, porque se garantiza un negocio a largo plazo y a través de varias vías de rentabilidad: por financiarlo, por construirlo y por gestionarlo. Y para la economía en general porque puede movilizar un gran volumen de dinero (aunque no se llegue ni de lejos a los 700.000 millones de pesetas que suponen todos los proyectos ofertados). Con esta gigantesca inversión se pueden compensar los efectos inevitables que van a tener la caída de las ayudas europeas y el enfriamiento de la construcción.
No conviene suponer que estamos ante una panacea universal, pero es una fórmula muy útil para apalancar el desarrollo. Como en su día lo fueron las concesiones para hacer ferrocarriles y más tarde las de autopistas. Pero eso sí, si se lleva a cabo con todas las consecuencias, porque hay que recordar que las autopistas construidas durante el franquismo las acabamos pagando dos veces, una con los peajes, y otra con el seguro de cambio, que el Gobierno de UCD asumió para evitar la bancarrota de las concesionarias, que ingenuamente se habían endeudado en dólares poco antes de que la moneda americana se disparase.