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Paradojas ambientales

El proceso de sustitución de combustibles que pretende llevar a cabo Cementos Alfa es una muestra más de los problemas culturales que plantea el medio ambiente. Después de casi dos siglos de absoluto desprecio al medio natural en la región, aún hay muchas personas que creen que está bien tener paisaje pero está mejor tener industrias, como si ambas cosas no pudieran ser compatibles en un mundo moderno. Basta ir a cualquier otro país europeo para convencerse de que conservar el paisaje no es de pobres, sino de ricos. Nosotros, en muy pocos años hemos acabado con la mayor parte de las praderías costeras, como en su día acabamos con todos los bosques próximos al litoral, para convertirlos en barcos de la Armada española o, simplemente, en carbón vegetal. Y ahora llevamos camino de dar un buen zarpazo a las pocas mieses que quedan haciéndolas polígonos industriales, que es la nueva fiebre de estos tiempos.
Frente a ese afán por encementar, aparecen otros fundamentalismos opuestos cargados de una cierta ingenuidad. Es el que se opone sistemáticamente a cualquier vertedero de residuos industriales o a cualquier planta de combustión de residuos, sin pararse a pensar que, como los residuos se van a producir igual, haya planta de tratamiento o no la haya, lo mejor es que estén controlados y tratados. Desafortunadamente, todos somos conscientes de que en España, y por supuesto en nuestra comunidad, la mayor parte de los residuos peligrosos se van por las alcantarillas, y algunos acaban por pasar por alguna depuradora, pero otros muchos van directamente a los ríos o al mar.
Ni siquiera se resuelve el problema con las plantas de tratamiento porque, por ejemplo, seguimos sin saber qué hacer con los lodos de las depuradoras y nos limitamos a almacenarlos o a enviarlos a otros países.
Tenemos que ser conscientes de que no es posible aplazar por más tiempo la solución de estos problemas que antes escondíamos debajo de las alfombras, porque nos hemos quedado sin alfombras para tapar tantos como se acumulan. Es perfectamente conocido lo ocurrido con los residuos industriales que Nueva Montaña vertió en terrenos que hace cuarenta años no tenían valor alguno y ahora son codiciados para construir. Retirar el suelo contaminado ha costado más de mil millones de pesetas. Probablemente hubiese sido imprescindible hacer otro tanto en el lugar que ocupó Cros, pero el escaso rigor de las autoridades regionales por entonces les llevó a no darse por enteradas del problema.
En Reinosa, todo el suelo del polígono industrial está contaminado por las escorias vertidas durante años por la Naval y eso se está convirtiendo en un serio problema para el asentamiento de industrias. Aunque aquí sigamos sin darle mayor importancia, cualquier inversor extranjero que se interesa por Cantabria, lo primero que quiere saber son las condiciones de salubridad del suelo donde se le ofrece asentarse.
Todos tenemos que reciclarnos para comprender que cosas a las que antes no dábamos importancia, ahora resultan vitales. Las industrias no buscan sólo servicios y suelo, porque quienes van a trabajar en ellas son personas. Quieren, también, un entorno de trabajo agradable, con buena climatología, cercano a las playas, a los campos de golf, a las ciudades… Por eso, no es fácil seducir a los promotores para que se instalen en Reinosa y todos buscan el entorno más próximo a la costa. Antes pensábamos que la ubicación era una cuestión de logística, pero el sur de la región está mucho mejor comunicado de cara al reparto de producciones en el interior de la Península y eso no ha servido para convencer a los industriales de que deben asentarse allí, ni tampoco el reducir el precio del suelo a la mitad con subvenciones.
Por todo ello, Cementos Alfa se ha convertido en un pilar económico de la comarca. Ahora, su intento de sustituir una parte del coque que quema por aceites usados, neumáticos o partes de vehículos no reciclables, ha creado una gran conmoción.
Todos los países europeos queman estos residuos, porque es la única vía para deshacerse de ellos de una manera controlada y de sacarles alguna utilidad. Y todos emplean los hornos de las cementeras, porque son los que mejor se adaptan a esta combustión y aquellos que ofrecen mayores garantías, dado que la llama alcanza los 2.000º de temperatura, lo que impide la aparición de las dioxinas o los furanos que sí que se producen cuando los neumáticos se queman incontroladamente en un vertedero, a baja temperatura.
De las 44 plantas cementeras de Alemania, 43 queman combustibles alternativos. También lo hacen ocho de las nueve austríacas, todas las belgas y 32 de las 34 francesas. El procedimiento, como se ve, está generalizado, lo que indica que presenta garantías. Obviamente, también da lugar a un ahorro para las empresas, dado que reciben contraprestaciones económicas por la gestión de estos residuos.
Pero quizá lo más paradójico es la complacencia con que aceptamos las emisiones que ya realiza la fábrica y lo mucho que preocupan las nuevas.
Francisco Zunzunegui, director de la planta, se ha lanzado a una especie de apostolado en tantas asociaciones vecinales, culturales y ecologistas como han admitido ser informadas, para tratar de despejar sus temores y recordar que si sustituye sólo un 12% del coque actual por residuos, las emisiones de C02 de Alfa (582.000 toneladas al año) se reducirían tanto como si dejasen de circular 3.000 coches al año, y bajarían también las emisiones de azufre.
Es obvio que para la fábrica la primera razón que aconseja el cambio de combustible es la económica, evitar quedarse a la zaga de los rivales que ya lo utilizan. Pero aún en el caso de que su supervivencia dependiese exclusivamente de quemar residuos, no resultaría aceptable el cambio si supusiese un riesgo razonable para la salud. El hecho de que haya 151 plantas en Europa que usen este combustible y especialmente las de los países nórdicos, los más respetuosos con el medio ambiente, invita a pensar que quizá se esté haciendo una batalla excesiva, cuando no mostramos la más mínima preocupación pública por cumplir el Protocolo de Kioto o por enterarnos de dónde van a parar los residuos que no se queman. Quizá seguimos pensando que ojos que no ven…

Todo el poder cambia de manos

En 24 horas hemos descubierto la endeblez del sector privado en España y que todos los poderes fácticos se resumen en uno solo: el Gobierno. No hay ninguno otro, y si lo hubiera, caería de bruces ante el Ejecutivo, lo que demuestra su escasa consistencia.
Hasta el día 13 de marzo, el Partido Popular tenía, por vía directa o indirecta, un gran ascendiente, cuando no control directo, sobre todos los medios de comunicación del país, a excepción del Grupo Prisa, y seis hombres de Aznar y Rato regían los destinos de las grandes empresas españolas, si excluimos el Banco Santander, no alineado. En conjunto, el partido en el Gobierno tenía los resortes de un tercio de la economía nacional, con un poder como nunca antes se acumuló. Pues bien, la pérdida del Gobierno ha desbaratado toda esta influencia y los gigantes económicos han demostrado tener los pies de barro. En su travesía del desierto muy pocos de ellos, por no decir ninguno, acompañará al PP.
Es obvio que el partido de Mariano Rajoy ya no podrá regir los destinos de TVE y RNE, pero ni siquiera tiene garantizado seguir manteniendo el apoyo de Antena 3 TV y Onda Cero, ya que, como si se tratase de una voladura controlada, dos días después de las elecciones un laudo arbitral dejaba a su propietario, el grupo Planeta, contra las cuerdas. Planeta no podrá pagar el contrato heredado de Telefónica a través del cual Onda Cero se hizo con las emisoras de Radio Blanca. Un contrato que, como casi todo lo que se hizo en el tiempo en que Telefónica pensaba que el dinero manaba de las fuentes, ha sido un desastre.
Onda Cero tiene la continuidad amenazada y Lara ni siquiera sabe si podrá salvar Antena 3, adquirida en su totalidad con apalancamiento financiero, dado que Rodríguez Zapatero es partidario de que desaparezca toda la publicidad institucional, lo que supondrá un sensible recorte de los ingresos para todos los medios.
En las empresas que fueron públicas, la continuidad de los amigos de Rato tampoco es segura. Es cierto que el Gobierno ya no tiene acciones en la mayoría de ellas, pero también es verdad que, a pesar de eso, los accionistas no se atrevieron a cambiar a los presidentes que puso el PP. En el caso de Telefónica, donde sí hubo necesidad de sustituir a Villalonga, volvió a ser el dedo del Ministerio de Economía el que sugirió al actual, César Alierta. Por eso, cabe pensar que la mayoría de ellos va a desaparecer, si bien es cierto que todos han aprovechado la moda del “buen gobierno” corporativo para blindarse en lo posible, incorporando a los consejos de administración a un número elevado de independientes que, sólo por casualidad, son siempre personas muy cercanas a quien los nombra y, por tanto, que se encargarán de evitar que sea apartado del cargo, para salvaguardar su propio puesto.
Si caen los presidentes de Endesa, Telefónica, BBVA o Altadis y el PP tiene que refugiarse en el único apoyo mediático de la COPE, quedará demostrado que en España no hay más economía que el Estado, con la supuesta liberalización de los gobiernos de Aznar o sin ella. Quien tiene los resortes del poder en cada momento, acumula también los de la economía privada y los de la comunicación, algo que no ocurre en otros países y demuestra la inexistencia de un estado civil. España, lo queramos o no, está mucho más intervenida que cualquier otra nación europea y quien no camina de la mano de los gobiernos, simplemente, no camina.

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