El PSIR que amenaza a los excavadores

No ha hecho tanto ruido como el proyecto anunciado por la Asociación de Constructores, pero la planta para el reciclaje de residuos de la construcción que intenta levantar en Reocín un grupo de excavadores cántabros es la iniciativa de más envergadura de cuantas se plantean en España. A pesar de ello, deberá aún vencer algunos obstáculos para llegar a buen fin.
Gesmacan es la empresa creada en 2005 por 32 socios de Aexca (la asociación que agrupa a los excavadores) y la empresa pública Mare para resolver el enorme problema que plantea en Cantabria la carencia de vertederos para escombros. La sociedad lleva más de año y medio tratando de sacar adelante un proyecto que, por sus dimensiones, podría reciclar más de la mitad de las 300.000 toneladas de residuos de construcción y demolición (RCDs) que se generan anualmente en la comunidad autónoma.
El lugar elegido para ello es una superficie de 33 hectáreas de la antigua explotación minera de AZSA, situada en el área suroeste de la escombrera de la mina. Gesmacan había firmado un preacuerdo con Asturiana de Zinc para el uso de esos terrenos, y tanto la planta de reutilización de residuos inertes como el vertedero de cola, para aquellos que no se puedan reciclar, obtuvieron a finales del pasado año una declaración favorable de impacto ambiental. En ese informe se reconoce que el emplazamiento es idóneo para albergar estos materiales, tanto por la actividad que se llevó a cabo en esa zona durante más de un centenar de años, como por su céntrica situación, los excelentes accesos y su casi nulo impacto visual.
Sin embargo, cuando todo parecía despejado, en el camino de los excavadores se ha cruzado un obstáculo que amenaza con dar al traste con el proyecto de la planta de reciclado: la decisión del Gobierno cántabro de llevar a cabo en los terrenos de AZSA una espectacular operación urbanística e industrial –el Ecoparque Besaya– que a través de un PSIR convertirá 4,6 millones de metros cuadrados de esta antigua explotación minera en una gran área industrial, residencial y de ocio.

Un proyecto en dos fases

La declaración de un PSIR, con el anuncio de expropiación que lleva aparejado, paralizó la formalización del acuerdo de Gesmacan con AZSA para el alquiler de los terrenos. Los promotores de la idea, entre los que se encuentra la empresa pública Mare, deberán ahora negociar con el grupo Silver Eagle, al que se ha adjudicado el desarrollo y la explotación urbanística del Ecoparque Besaya. Tratarán de que entre los contenidos previstos para esa zona tenga cabida el proyecto de la planta de reciclado. Los primeros contactos ya se han producido y, al parecer, desde Silver Eagle se contempla la posibilidad de incluir la planta entre los contenidos del Ecoparque, pero sería prematuro aventurar que la pretensión de Gesmacan vaya a tener éxito.
Los excavadores temen, además, que otra empresa pueda aprovechar su planteamiento que, por otra parte, está prolijamente documentado en un proyecto presentado en la Consejería de Medio Ambiente, en el que se han gastado 60.000 euros.
Para diseñar la planta, Gesmacan se ha basado en instalaciones similares utilizadas desde hace años en Holanda, un país pionero en las técnicas de reciclado y en el que se han desarrollado los mejores sistemas de valorización.
El reciclaje de los escombros se efectuaría con maquinaria hecha a la medida en ese país, lo que exigiría una inversión de tres millones de euros. A ese desembolso habría que añadir los gastos en acondicionar los viales, realizar los cierres perimetrales del terreno y construir un lavadero de ruedas para los camiones, así como básculas y puntos de control de los materiales que se llevasen a reciclar.
Para financiar la inversión, Gesmacan ha llegado a un acuerdo con una empresa madrileña, que entraría como asociada en este proyecto, que es defendido con calor por Oscar Renero, presidente de Gesmacan y de Aexca: “A nivel nacional no hay ningún proyecto de valorización como éste, ni en inversión ni en planteamiento, y hay que tener en cuenta que el protocolo de control de la aceptación de residuos es el más exigente de Cantabria”.
La planta contaría con dos líneas de trabajo. En la de triaje manual, una cinta transportadora llevaría los residuos de construcción y demolición hasta una batería de cabinas; allí se separarían los plásticos y maderas, mientras que los materiales férricos serían seleccionados automáticamente mediante electroimanes. Una vez realizada esta separación, los residuos cerámicos y pétreos pasarían a un trómel donde se diferenciarían por tamaños y, finalmente, a una machacadora que los convertiría en áridos del grosor que convenga en cada momento para su comercialización (grava, todo-uno, etc.)

Un gran vertedero de inertes

Eso no significa que la inversión se justifique por los ingresos que se obtengan de la venta de áridos, que se haría prácticamente a coste, sino por el canon que se cobraría por el vertido y tratamiento de unos residuos para los que todavía no hay solución en Cantabria. Aunque la planta recuperaría hasta el 85% de los materiales que entrasen en ella, lo que hace especialmente útil el emplazamiento es la posibilidad de contar con un gran vertedero para el porcentaje no reciclable, con capacidad para albergar hasta cinco millones de metros cúbicos de tierra y rocas. Hasta agotar esa capacidad, la planta de reciclado podría trabajar durante décadas.
La carencia de este tipo de depósitos en la región, que ha llevado a las empresas excavadoras a deshacerse de los vertidos en cualquier parte, es uno de los mayores problemas para excavadores y constructores. “El auténtico negocio de este proyecto” –señala el presidente de los excavadores–, “es tener la oportunidad de que nuestras empresas ejerzan su actividad legalmente”.
Con sólo dos vertederos autorizados para la recogida de residuos inertes, El Mazo y Meruelo –el primero de ellos ya saturado y el otro alejado de los puntos donde se generan los residuos de obra–, un grupo de excavadores optó en 2004 por resolverse a sí mismos el problema y fundar una empresa (Gesmacan) que impulsase la creación de una red de depósitos.
En la decisión de los excavadores pesó también el deseo de no dejar que una empresa competidora, ya fuese de su propio sector o alguna firma constructora, se hiciera con el control de los vertidos de inertes, imponiendo un canon abusivo por acceder a sus depósitos, como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. Para no alterar las reglas de juego, las 32 empresas que pusieron en marcha Gesmacan, acordaron que el descuento que podrían aplicarse sería tan sólo un 5% del canon establecido.

Indiferencia del sector

Hasta la apertura del depósito de Reocín, eran tres los vertederos abiertos y gestionados por Gesmacan: Nestares, Unquera y Oreña (Alfoz de Lloredo), que suman un millón y medio de metros cúbicos de capacidad. Pero, a pesar de que el canon aplicado por verter en ellos (tres euros por metro cúbico) es inferior al que se cobra en los vertederos públicos, el sector ha dado la espalda a estos depósitos. Ni siquiera los utilizan, aunque parezca paradójico, muchas de las empresas que forman parte de Gesmacan.
En su lucha por conseguir contratos y para no tener que trasladar al constructor los costes que supondría recurrir a depósitos autorizados, la mayoría de los excavadores sigue recurriendo a los vertidos ilegales. Esto ha dado lugar a la insólita circunstancia de que el propio sector haya denunciado ante el Seprona la existencia de hasta 150 vertederos ilegales tan solo en las zonas en las que se ubican los tres depósitos abiertos por Gesmacan.
En la ampliación de esa red de depósitos, Reocín jugará un papel clave, por volumen y centralidad. Mientras llega el momento de convencer a la promotora que va a hacerse cargo del desarrollo del Ecoparque de la idoneidad de la planta de reciclado, Gesmacan ha logrado poner en marcha al menos la primera fase del proyecto: la habilitación del vertedero de inertes. Una iniciativa que aliviará en parte la frustración que ha generado entre los socios de Gesmacan el desarrollo de los acontecimientos en la antigua explotación minera.