El Gobierno pretende darle la puntilla a Cenavi

Con Cenavi camino ya de un desguace irreversible, este mes se decidirá en el Juzgado la compensación que ha de recibir por el derribo de la urbanización de La Arena, la primera y más importante de las demoliciones exigidas por los tribunales, que no sirvió para evitar otros casos posteriores, ni para que el actual Gobierno eluda adentrarse por terrenos muy resbaladizos, al permitir la construcción en suelo rústico, incluso en la franja litoral.
Casi veinte años después de que se paralizasen las obras de Inmobiliaria Arnuero (una filial de Cenavi) en la playa de La Arena, el Ejecutivo cántabro ha presentado por fin su valoración de los daños causados a la promotora por las 42 viviendas que quedaron a medio hacer (hay otras 144 concluidas): 500.000 euros, en los que incluye el valor de las construcciones y del suelo. Además, accede a pagar otros 200.000 por el trabajo de derribo, que hizo la propia Cenavi, la única forma de poder acceder a materializar los perjuicios y recibir de inmediato la indemnización.
La escasísima cuantía de la valoración hecha por los técnicos del Gobierno ha sorprendido a todos, y especialmente a la propia empresa afectada, ya que supondría tasar la urbanización en apenas 1,5 millones de euros, puesto que la parte por la que debe ser resarcida la promotora supone alrededor del 33% de la obra completa. Si el Juzgado confirmara esta cuantía, lo que parece improbable, no tendría demasiado sentido la propuesta del Ayuntamiento de Arnuero de compensar con otra vivienda en la zona a los propietarios de los 144 apartamentos que llegaron a concluirse, puesto que el valor de la nueva construcción sería muy superior a la teórica pérdida.

La política de la dilación

Tanto el Gobierno como el Ayuntamiento de Arnuero, responsable de la licencia declarada ilegal concedida en 1990, han tratado durante años de crear una madeja jurídica tan embrollada como fuera posible para dilatar el pago y lo cierto es que, 18 años después de la paralización y posterior sentencia de derribo, las viviendas siguen en pie y la víctima ha acabado por ser Cenavi, que primero tuvo que pedir el concurso de acreedores y ahora la liquidación.
El Ejecutivo de Ignacio Diego ha exacerbado esta política de recursos e incidentes procesales con el fin de evitar el pago en esta legislatura, una estrategia dilatoria que casa mal con la iniciativa que tramita el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento para que la Cámara pida perdón a los propietarios de todas las viviendas afectadas por sentencias de derribo.
La constructora Cenavi y su promotora Inmobiliaria Arnuero se convirtieron en un afectado más, puesto que no pudieron completar la urbanización para la que tenían licencia, junto a los muchos propietarios particulares que compraron las viviendas construidas y que algún día se derribarán, lo que a su vez les dará derecho a la correspondiente indemnización.
La espera se le ha hecho muy larga a Cenavi. Aunque su propietario, Eugenio Nava, ofreció recapitalizar la constructora con toda la compensación que debía recibir Inmobiliaria Arnuero del Gobierno, de la que sólo le correspondía el 60% (el 40% restante pertenece a la familia Nava), el dinero resultará insuficiente y demasiado tardío para atender el calendario de pagos previsto en el convenio de acreedores.

Un convenio cómodo

En el otoño de 2010 la constructora llegó a un acuerdo para el abono aplazado de un 70% de los 35 millones de euros que adeudaba. El primer pago se haría al cabo de tres años (es decir, ahora) y el resto, en proporciones crecientes, hasta completarse en ocho años.
El acuerdo parecía especialmente cómodo para la empresa en concurso, dado que le facilitaba un respiro muy importante, tanto en el tiempo como en las cantidades a pagar. Y por entonces no parecía imposible convertir en liquidez algunos de los inmuebles que tenía Cenavi sin vender o iniciar algunas promociones nuevas en los solares que posee. Quedaba, además, la indemnización de Arnuero para resolver los problemas financieros durante algún tiempo.
Pero la realidad ha sido muy distinta. Ni fue posible iniciar nuevas promociones ni realizar ventas; ni siquiera lo que parecía más seguro, que el Gobierno cántabro le pagase a Inmobiliaria Arnuero lo que le debe, una vez consumado el derribo. Cenavi se ha visto obligada a iniciar el camino a la liquidación, dejando detrás a casi un millar de acreedores, que no cobrarán ni mucho menos lo previsto en el convenio y a centenar y medio de trabajadores. Un resultado decepcionante para todas las partes afectadas y que refleja la demoledora dureza de una crisis tan larga, pero también la escasa utilidad de los concursos de acreedores, si se tiene en cuenta que la empresa tenía, supuestamente, un valor neto patrimonial positivo de 16 millones de euros cuando suspendió pagos, sin incluir en esta cifra la indemnización de Inmobiliaria Arnuero.

Autoderribo

Eugenio Nava, fundador de Cenavi, siempre ha sostenido que la compañía seguiría con vida si las instituciones hubiesen cumplido las sentencias, pero tanto el Ayuntamiento de Arnuero como los Gobiernos de Cantabria anterior y actual han hecho lo posible para evitarlo.
Un ejemplo de esta política fueron los múltiples impedimentos que puso el Ayuntamiento de Arnuero al derribo de los bloques que quedaron a medias, la única forma de que se pudieran materializar los daños, tal como pedía el Juzgado, y Cenavi pudiese cobrar. Tuvo que ser la propia constructora la que en 2010 derribase los edificios, con la esperanza de cobrar definitivamente y frenar la sangría de intereses que paga desde hace más de veinte años a Caja Cantabria por el crédito que pidió para construir la urbanización. Pero han pasado tres años de la demolición y sigue sin recibir un euro.
Como otras constructoras, y promotoras, Cenavi pasaba momentos difíciles a finales de la pasada década y necesitaba imperiosamente la compensación de Arnuero, pero ya el Gobierno del PRC-PSOE se hizo el remolón a la hora de abonarla, tanto que Eugenio Nava llegó a hacer pública una carta muy dura enviada al presidente Miguel Angel Revilla en la que le recordaba la obligación de las administraciones públicas de acatar las sentencias y resolver un problema que se inició a finales de los años 80. Ni siquiera recibió contestación.
No tardó mucho en producirse el cambio de Gobierno, y con el PP las cosas no rodaron mejor, aunque fue un alcalde del PP el que otorgó la licencia de La Arena y un Gobierno del mismo partido el que, a través de la Comisión Regional de Urbanismo, la santificó antes de que los ecologistas la echasen abajo al recurrir ante los tribunales. El Juzgado consideró que era imposible considerar urbano un suelo boscoso eminentemente rústico y sin ningún servicio y, por tanto, declaró ilegal la licencia concedida por el Ayuntamiento.
En 2005, por fin, se estableció el procedimiento de cobro de la indemnización. Como no sería ejecutiva hasta que no se materializase el daño, Cenavi tuvo que efectuar por sí misma el derribo, unos gastos que el Ayuntamiento de Arnuero, que concursó este trabajo, tampoco le ha pagado y que ha unido a la reclamación, que se acerca en total a los nueve millones de euros y se basa en una tasación realizada en 2005.

Intentos de negociación

Ni Miguel Angel Revilla ni Ignacio Diego han sido muy sensibles a los problemas de una empresa que llegó a tener más de 400 trabajadores. Ni siquiera respondieron a los intentos de negociación que planteó la empresa a la desesperada y que, según fuentes cercanas a la compañía, podría haber dejado la indemnización en una cuantía intermedia (entre 4 y cinco millones de euros), lo suficiente para que Cenavi abordase los primeros pagos a los acreedores.
Nava también le ofreció al Gobierno cántabro fraccionar los cobros en varios años, para facilitarle el encaje presupuestario en un momento en que la situación de las finanzas públicas no estaba precisamente boyante. Tampoco lo consiguió por esta vía. Incluso cuando pactó un préstamo del Banco Santander por importe de seis millones de euros que hubiese podido salvar la continuidad de Cenavi, el Gobierno del PRC-PSOE se negó a firmarle el reconocimiento de deuda que el Banco le pedía para respaldar la operación.

Muerte silenciosa

Ahora, sin plantilla que presione ante las instituciones y con la empresa en liquidación, da la impresión de que lo que pague o deje de pagar el Gobierno por la indemnización no le afectará a casi nadie, pero de eso depende que los acreedores lleguen a cobrar más o menos. Algunos de ellos fueron arrastrados a la quiebra por Cenavi y ya no resucitarán, pero podrían pagar parte de sus deudas. Para otros, que están en suspensión de pagos, resultaría vital, y para el resto un alivio muy importante.
Cenavi fue la primera gran constructora que pidió el concurso en Cantabria y eso provocó un gran golpe sobre sus proveedores y contratistas, que procuraron encajarlo como pudieron. Muchos firmaron el convenio de aplazamiento de pagos convencidos de que, en el peor de los casos, seguirían trabajando para la compañía, que así podría salvarse. Lo que no imaginaban es que luego se verían atrapados en otros concursos de empresas y tendrían que superar toda una cadena de catástrofes. 
La mayoría no lo ha conseguido y el Gobierno no se lo pone fácil a los supervivientes, porque su intención es deshacerse de la deuda de Cenavi con apenas 700.000 euros.