El Gobierno aprieta las tuercas al personal

A comienzos de 1991, el presidente cántabro Jaime Blanco, que acababa de ser investido tras una moción de censura a Juan Hormaechea, era recibido por Felipe González en La Moncloa. La conversación era distendida, como cabía esperar de dos compañeros de partido y colegas de Parlamento, pero con un contenido poco previsible: –¿Cuánto te cuesta el personal?” le preguntó González de sopetón.
El presidente cántabro, que no esperaba la pregunta, contestó que unos 10.000 millones de pesetas, el 28% del Presupuesto, y González frunció el ceño: –Es mucho”, dijo. Cabe imaginar la cara que hubiese puesto hoy, cuando el Gobierno de Cantabria consume el 37%, un porcentaje que llega al 39,4% si se le añaden los salarios de las empresas públicas, esa paradministración compuesta por 67 sociedades.
El pago a los funcionarios y al personal laboral ha ido dando mordiscos al Presupuesto año tras año hasta convertirse en el primer capítulo de gasto, muy por encima de las inversiones o de los intereses de la deuda, si bien hay que tener en cuenta que la llegada de la sanidad y la educación, que prestan servicios intensivos en mano de obra, ha tenido bastante que ver en ello. No obstante, en la evolución de los últimos años, donde las competencias no se han ampliado, se sigue observando la misma tendencia preocupante y, lo que es peor, el peso de los salarios sobre el conjunto del gasto aumenta mucho más rápido en tiempos de crisis, al reducirse el presupuesto general. Se paga más y hay menos que administrar.
La tendencia se ha roto bruscamente con la reducción por decreto del salario de los funcionarios y, en el caso de Cantabria, con algunas medidas que se han empezado a poner en práctica sin mucho ruido y que depararán un hecho sorprendente: para el próximo año, el gasto en personal va a bajar y mucho. Más incluso de lo que cabría deducir de la reducción salarial impuesta.

Arriba y abajo

Durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, los sueldos públicos han subido siempre más que el IPC, para recuperar la capacidad adquisitiva que perdieron durante los dos años que Aznar los tuvo congelados y para mejorarla. Eso ha producido que en estos momentos supongan el 17% del gasto total de la Administración del Estado. La cuantía, en cualquier caso, no deja de ser modesta si se compara con lo que dedican las autonomías a personal, bastante más del doble, si bien no son datos homogéneos. Pero no son las subidas salariales las únicas culpables de que la Administración resulte cada día más cara. En 2008 los sueldos públicos subieron un 3%, pero el gasto del Estado en sus empleados se incrementó tres veces más, un 9%, como consecuencia de las nuevas contrataciones y de los arrastres que producen la antigüedad y otras conquistas sociales de la plantilla.
Hace algunos meses, la agencia de calificación Standard & Poors rebajaba la calificación de la solvencia España sin demasiadas explicaciones, pero una de ellas era bastante contundente. Sostenía que los planes de ajuste del Gobierno no podían ser muy creíbles cuando el pasado año, en plena crisis, la masa salarial de los funcionarios españoles había vuelto a crecer un 6,3%.
Ante estos mensajes, no es extraño que una de las medidas más contundentes dictadas por Rodríguez Zapatero para tranquilizar a los mercados fuera la rebaja general del sueldo de los funcionarios. Una medida que ha sido asumido por los afectados con bastante más responsabilidad de la que suele reconocérseles, ya que las protestas han sido mínimas.
Los 2,6 millones de funcionarios que suman la Administración central, la autonómica y los ayuntamientos suponen que uno de cada siete españoles trabaja en la burocracia pública o en los servicios sanitarios. Para ellos no existe el fantasma del paro. Hay otro medio millón largo más que dependen de empresas y organismos públicos que no tienen tanta seguridad pero que también pueden considerarse relativamente ajenos a los vaivenes de mercado, tanto que en época de crisis no sólo no sufren recortes sino que aumentan, quizá porque algunas autonomías y ayuntamientos han llegado a creer que por esta vía reducirían el paro.

Cantabria ve las orejas al lobo

La realidad es muy tozuda y el Gobierno de Cantabria ha sido uno de los primeros en aceptarla. Ha tenido que tirar de las riendas con fuerza después de comprobar cómo se disparaban los gastos en Sanidad a raíz de las contrataciones masivas de médicos y de la aprobación de la Carrera Profesional, una especie de complemento de antigüedad bis que a los facultativos más veteranos les supone 12.000 euros de prima al año. La carrera profesional se ha generalizado –algo que no estaba previsto– y extendiéndose a otros estamentos sanitarios, de forma que este año debía incluir a los trabajadores de oficios, celadores o cocineros, que también prestan sus servicios al SCS. Sin embargo, a la vista de los Presupuestos para 2011 tendrán que esperar o lograr que los tribunales se lo reconozcan.
No van a ser los únicos afectados. Para conseguir una reducción del gasto en personal general del 6,5% hace falta algo más que rebajar los salarios en un 5%: Es preciso reducir la plantilla y hay que absorber, de alguna manera, los deslizamientos de compromisos anteriores, como el de la carrera profesional. Eso supone que las convocatorias multitudinarias de plazas públicas han pasado a la historia. De hecho, en 2010 la oferta pública se ha reducido a 89 plazas, apenas un 0,4% de la plantilla al servicio de la Administración regional.
El Gobierno está dejando que se jubilen muchos más de los que se incorporan (ya había una directriz estatal en este sentido para controlar las reposiciones) y va a ser menos generoso aún con la sustitución del personal de baja. Desde que en mayo Economía se vio obligada a alterar los presupuestos en vigor con un severo recorte general, el Servicio Cántabro de Salud empezó a aplicar esta estrategia, con un notable enfado de médicos y enfermeras, que han de hacerse cargo de los pacientes de los ausentes.
El procedimiento es discutible pero ha tenido un efecto casi milagroso en la disminución de las bajas.
Todos los gobiernos han guardado celosamente el dato del absentismo en el Hospital Valdecilla, que los rumores llegaron a situar por encima del 30% en algunos estamentos, diez veces superior al de cualquier fábrica de la región, pero hay indicios de que ese porcentaje perpetuamente desmesurado ha descendido de forma sustancial desde que el trabajador de baja es consciente de que no se contrata a otra persona para hacer su tarea, sino que sobrecarga a sus compañeros.
Como consecuencia de estas medidas, en el descenso de la nómina regional de 851 millones de euros a 821,7 prevista para 2011 van a ser decisivos los 30 millones de recorte en el Servicio Cántabro de Salud, donde el gasto de personal había aumentado un 62% durante el último lustro, hasta llegar a suponer la mitad del Capítulo I del Gobierno de Cantabria.

La polémica

De forma inopinada, el gasto de las administraciones públicas se convirtió en el protagonista del XIII Congreso de la Empresa Familiar celebrado en Santander. Antes incluso de tomar posesión como presidente del Instituto, Isak Andic, el huidizo propietario de Mango del que nunca se había conocido manifestación pública alguna, sorprendió a la prensa con un decálogo en el que se propone que los nuevos funcionarios estén sometidos a las mismas condiciones de fijeza que cualquier otro trabajador, sin tener garantizado un puesto trabajo de por vida pase lo que pase. Una propuesta valiente que ya le está costando una campaña en Internet para que nadie (los funcionarios, se entiende) compre en sus tiendas.
En sus discursos, tanto Emilio Botín como Mariano Rajoy se refirieron a la necesidad de reordenar las administraciones públicas y, en el caso del presidente del Banco Santander, de dejar cada asunto en manos de una sola (la que resulte más eficiente en cada caso) con el fin de agilizar los trámites y abaratarlos. Tanto Rajoy como Botín parecían haber escuchado previamente al auditorio, ya que varios empresarios asistentes se habían manifestado en términos muy parecidos.
Con ellos se ha abierto un debate que hace más de un siglo que no se suscitaba en España. Esa polémica y el ajuste de salarios demuestra que, cuando la crisis arrecia, casi nada es intocable.