Demasiados cambios en el Juzgado Mercantil

En su Informe Judicial de 2013, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, César Tolosa, lamenta las circunstancias que padece el Juzgado de lo Mercantil. Además de la extraordinaria carga de trabajo que sigue entrando como consecuencia de la crisis económica, el pasado año se produjo el relevo de sus magistrados, algo que no es infrecuente, pero también el de seis de los nueve funcionarios con que cuenta el Juzgado y eso resultó una coincidencia demoledora.
La magistrada titular de lo Mercantil, Mar Hernández, pasó en abril a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial en comisión de servicios. Por su parte, la juez de adscripción territorial que fue asignada para repartir el trabajo había abandonado el Juzgado poco antes. El cambio de los jueces no tuvo mayores consecuencias porque en abril fueron nombrados dos magistrados en comisión de servicios (Carlos Martínez de Marigorta y Ana Isabel Viaña), pero pronto se encontraron con una situación insólita: en el último trimestre del año se produjeron seis tomas de posesión de funcionarios de cuerpo de tramitación y siete del cuerpo de gestión.
Según el informe del presidente del TSJ, ninguno de los que tomaron posesión había estado destinado nunca antes en un juzgado mercantil ni habían prestado servicios en Cantabria, “por lo que ningún conocimiento tenían ni de la materia concursal ni tampoco del sistema de gestión procesal Vereda” (el sistema informático que se emplea en nuestra comunidad).
Cuando desde el TSC se dio la voz de alarma, la Dirección General de Justicia accedió a darles un curso de formación sobre el sistema Vereda pero no a ampliar sus jornadas pagando las correspondientes horas extraordinarias.
El informe del presidente del TSC insiste en que “la falta de estabilidad de la plantilla ha derivado, indefectiblemente, en importantes retrasos en la tramitación de asuntos de muy difícil solución”.
Lo cierto es que el acabar el año, y aunque habían mejorado sensiblemente tanto el índice de resolución de concursos de acreedores como el de los incidentes concursales, los expedientes no hacían más que crecer y ya había 357 concursos en trámite (65 más que el año anterior) y 204 incidentes sin resolver.
El embalsamiento fue especialmente notorio en el último trimestre –cuando se produjo la sustitución de los funcionarios que venían prestando servicios en ese juzgado–. De los 261 escritos pendientes del trimestre anterior se pasó a 844.
No obstante, hay un factor que no se le puede achacar a la mecánica interna de los juzgados, la cada vez más difícil venta de los bienes de las empresas en liquidación, que impide poner fin a los expedientes concursales y provoca una multiplicación en los incidentes concursales, con los que los afectados pretender preservar sus derechos.

Caen drásticamente los contenciosos

Otros juzgados relacionados con la actividad económica no están mucho mejor. La Ley de Reforma del Mercado Laboral y la de la Jurisdicción Social han tenido un efecto muy notorio en los Juzgados de lo Social, con la asunción de nuevas competencias y una mayor complejidad en las materias objeto de enjuiciamiento. Los magistrados, en cualquier caso, se conformarían con tener una herramienta informática que les permita calcular de forma mecánica las indemnizaciones por despido improcedente, ahora tan habituales.
En los tres juzgados de lo contencioso-administrativo, en cambio, se ha producido una sensible reducción de los asuntos entrados, algo que ya empezó a notarse en 2012 rompiendo una tendencia histórica de permanente aumento de los casos.
El informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia reflexiona sobre esta circunstancia y encuentra alguna explicación: “Resulta paradójico que la crisis económica sea, en buena parte, la causante del descenso continuado de causas en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. La crisis ha paralizado prácticamente la obra pública y, con ella, han caído las expropiaciones y las licencias urbanísticas, lo que se ha traducido en una menor litigiosidad contra la Administración Local.”
Pero no es la única razón y probablemente tampoco la más importante. Los asuntos de extranjería, otra de las bolsas que originaban más trabajo, han descendido sensiblemente al dejar de ser España un país receptor de trabajadores como consecuencia de la crisis económica.
Un tercer factor en este descenso de la litigiosidad contenciosa es consecuencia de las modificaciones legislativas introducidas en 2011. Hasta entonces, en los pleitos contra la Administración solo se imponían las costas judiciales en casos de temeridad o mala fe, es decir, casi nunca, mientras que a partir de la reforma el ciudadano ha de pagar las costas casi siempre y, por ese motivo, se retrae de pleitear contra la Administración ante la posibilidad de tener que abonar unas costas muy elevadas si su demanda fuese desestimada.
En realidad, la mayoría de los procesos contenciosos no estaban planteados por particulares sino por funcionarios, que presentaban todo tipo de reclamaciones de índole laboral, especialmente de reconocimiento de méritos, categorías o plazas. También esas demandas contra la que es su empresa (la Administración pública) se han reducido muy sustancialmente desde que están obligados a llevar un abogado y un procurador. Anteriormente no lo necesitaban y tampoco tenían que pagar costas, dos factores que ahora les desaniman a la hora de iniciar una demanda, que les resulta mucho más gravosa.

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