El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles la resolución relativa a la autorización administrativa previa para el parque eólico Alsa, de 20 MW y que contempla la instalación de cuatro aerogeneradores que afectan a los municipios de Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Molledo.

El proyecto, impulsado por Green Capital Power, ha recibido alegaciones de más de 500 particulares, seis asociaciones –Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), Fundación Naturaleza y Hombre, Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria, Asociación Territorio Cántabro, Federación DEAN Defensa Animal de Cantabria, Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos en Cantabria– y el Ayuntamiento de Corvera de Toranzo.

La resolución de la autorización administrativa, concedida por la Dirección General de Industria del Gobierno regional, recoge que «un número considerable» de las alegaciones se oponían al parque por no existir en este momento un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) vigente, pero en respuesta los servicios jurídicos del Ejecutivo emitieron un informe aclarando que su inexistencia «no es un vicio de nulidad o anulabilidad de las autorizaciones de parques eólicos».

«No se configura legalmente como un requisito para la autorización de parques eólicos», ya que estos deben cumplir con la normativa estatal y autonómica en materia del sector eléctrico, con la normativa sectorial y ambiental y con el planeamiento territorial y urbanístico que resulte de aplicación, explican.

Además, se han recabado los informes de administraciones y organismos involucrados, como las juntas vecinales y ayuntamientos afectados, el Servicio de Patrimonio Cultural de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica o la Confederación Hidrográfca del Cantábrico, que han hecho consideraciones que se «han tenido en cuenta» en el procedimiento.

Así, cuando la Consejería de Medio Ambiente otorgó la declaración de impacto ambiental favorable se impusieron una serie de medidas «preventivas, correctoras y compensatorias» frente a los efectos del parque eólico, según recoge la resolución publicada hoy.