Reportaje

106 medidas para mitigar los efectos del cambio climático

Cantabria se gastará casi 45 millones para reducir los gases de efecto invernadero

El cambio climático puede originar muchos trastornos en todos los países pero, al ser una región litoral, Cantabria en concreto se arriesga a perder una parte de su franja costera, sobre todo de sus playas, en lo que resta de siglo. El Gobierno regional ha puesto en marcha un plan para intentar paliarlo, al que destinará 45 millones de euros hasta 2030. Las medidas afectan al sector agrario, a los transportes y a la propia Administración. No obstante, es difícil fijarse objetivos cuando España aún no los ha repartido entre las comunidades autónomas para poder cumplir su compromiso de reducir un 10% los gases de efecto invernadero para 2020.


Hace tiempo que el cambio climático es notorio en Cantabria. Entre 1980 y 2010 la temperatura media ha subido casi medio grado centígrado en comparación con los treinta años precedentes y podría aumentar hasta tres grados más al final de siglo. También ha dejado huella en la cantidad de precipitaciones, que se han desplomado un 10%.

Las previsiones indican que en la segunda mitad de siglo este porcentaje puede alcanzar el 20% y de forma aún más acusada en la zona de Liébana, con un 40%. El incremento del nivel del mar que producirán los deshielos hará desaparecer el 40% de las playas del litoral de la región, y por tanto, una parte considerable del turismo.

Aminorar los gases invernadero

El Gobierno pretende impulsar la movilidad eléctrica en el transporte, que es uno de los mayores emisores de gases con efecto invernadero.

Tomar decisiones para frenar los efectos de esta situación de anormalidad ambiental ha pasado a convertirse en una prioridad para el Gobierno de Cantabria, que ha aprobado la Estrategia de Acción Frente al Cambio Climático. Una batería de 106 acciones que se ejecutará entre 2018 y 2030 y que costarán casi 45 millones de euros. El objetivo principal es aminorar las emisiones de gases de efecto invernadero e impulsar la capacidad regenerativa de la región frente al cambio climático mediante unos Planes de Adaptación. Sin embargo, el compromiso es más de carácter cualitativo que cuantitativo, ya que no se ha realizado ningún reparto en el que se fije la responsabilidad de las comunidades autónomas en la reducción nacional de emisiones comprometida por el Estado.

La iniciativa del Gobierno cántabro no es una novedad. Hace ahora diez años, otro Ejecutivo PRC-PSOE aprobó la Estrategia de Acción Frente al Cambio Climático para el período 2008-2012 con el fin de colaborar en el cumplimiento de los objetivos nacionales en esta materia, de forma que el nuevo de continuidad a aquel programa.

España como país se ha comprometido a reducir un 10% las emisiones de los gases de efecto invernadero para 2020 respecto a los niveles que tenía en 2005 y un 26% para 2030, de acuerdo con las intenciones que quedaron manifiestas en el Acuerdo de París. Esta estrategia está dirigida a todos aquellos sectores que, de una manera u otra, contribuyen al empeoramiento de la salud del medio ambiente.


Los dramáticos efectos del calentamiento

Entre 1951 y 1980, la temperatura media anual de Cantabria fue de 12.42º. Entre 1981 y 2007, en cambio, fue de 12,87º. Puede parecer un subida muy moderada, pero los efectos no lo son. Este medio grado da lugar a una elevación del nivel del mar que, por el momento, apenas es perceptible. Sin embargo, bastaría que en los próximos 30 años el calentamiento evolucione al mismo ritmo que en los anteriores y el nivel del mar siguiese elevándose 2 milímetros por año para que una parte del litoral de Cantabria quedase anegado, y en esa parte está asentada un porcentaje significativo de la población.

Lo más preocupante es que el escenario puede ser aún peor. Los científicos llegan a prever una subida de las temperaturas medias de hasta 3º para final de siglo, lo que tendría consecuencias absolutamente catastróficas, con la inundación de parte de los valles litorales. Tampoco quedan exentas de los efectos perniciosos otras zonas, ya que el calentamiento del clima cambiará los cultivos, las especies que habitan el territorio e, incluso, los paisajes.


Edificios eficientes

Entre las medidas del nuevo Plan destacan las referidas a la propia Administración pública, entre ellas creación de un grupo de investigadores que ofrecerá asesoramiento científico al Ejecutivo regional sobre el  cambio climático o el acondicionamiento de los edificios institucionales para que sean más eficientes en términos energéticos.

En el caso de las sedes del Gobierno, se instalarán sistemas de temporización para evitar el uso innecesario de calefacciones; sensores de luz en zonas de escaso tránsito; y sistemas de control de consumo energético.

También se sustituirán las luminarias exteriores e interiores por equipos de tecnología LED, al igual que en la señalización de las carreteras y en otros espacios públicos, y se sectorarizará el sistema eléctrico para que los despachos se apaguen de forma independiente, con el fin de evitar un consumo innecesario.

Se trata de medidas que no producen grandes cambios ni mejoras significativas a nivel individual, pero que sí suponen un cierto ahorro a gran escala. Otra de las particularidades es que se promoverá el uso de energía solar en la Administración.

En los centros educativos, se realizarán numerosas modificaciones. Se cambiarán las ventanas por otras más eficientes, se renovarán las instalaciones eléctricas y se reemplazarán las calderas antiguas por otras de menos gasto.

Ayuntamientos y otros organismos recibirán subvenciones para mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones. También se va a introducir un indicador que mide el impacto de los gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera como consecuencia de la actividad humana, lo que se conoce como la huella de carbono.

Hablar del cambio climático también es hablar de la sequía global y de la concepción del agua como un futurible artículo de lujo, aunque en muchos puntos del globo terráqueo ya lo es. De ahí surge la necesidad de utilizarlo de una forma más racional y controlada.

Para ello, el Ejecutivo cántabro ha puesto sobre la mesa algunas propuestas como sustituir los equipos de bombeo que sostienen gran parte de la red de agua potable, que son unos grandes devoradores de energía, mejorando los sistemas de explotación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico y realizar auditorias energéticas en las estaciones de tratamiento de agua potable y residual.

El transporte

El sector de la economía donde más crecen las emisiones de dióxido de carbono es el transporte. De hecho, es el responsable del 20% de gases invernadero que se liberan como resultado de la actividad humana. Por esta razón, el Gobierno cántabro destinará al transporte casi 14,5 millones de euros, la segunda cantidad más importante del presupuesto.

Su intención es hacer un estudio de los puntos donde instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos, con el fin de propiciar su venta, y propondrá un sistema de pago unificado para el transporte público de toda la región, es decir, un monedero único.

Otro de los planteamientos es disminuir los desplazamientos de los empleados públicos durante su horario lectivo, por lo que se introducirá la figura del vehículo compartido. Además, pondrá a disposición de los ciudadanos aparcamientos de bicicletas y adecuará espacios para su uso. Los universitarios contarán también con subvenciones para que utilicen medios públicos de transportes.

Al sector de la industria se le dedicarán 1,7 millones de euros. Esta cantidad se repartirá para establecer la huella de carbono en la pequeña industria y para subvencionar a aquellas empresas que lleven a cabo actuaciones destinadas a ahorrar energías de origen fósil o a instalar fuentes renovables. Asimismo, se establece que las compañías con más de 250 empleados o con un volumen de negocio superior a los 50 millones de euros tendrán que ser sometidas a auditorias energéticas.

En relación al ámbito pesquero, cabe subrayar las ayudas que el Gobierno facilitará a las pymes de pesca y acuicultura, en las que se valorarán parámetros como la eficiencia energética y el uso de energías renovables. La huella de carbono también llegará a los buques. Con ello, no sólo se conseguirá contrarrestar el cambio climático sino que se añade valor a los productos de la pesca y se reducen los costes de explotación.

Ganadería y agricultura

La lluvia y una elevada carga ganadera dañan el terreno

La ganadería puede convertirse en uno de los aliados a tener en cuenta para combatir el cambio climático, pero no conviene olvidar que se trata de una moneda con dos caras distintas. Por un lado, contribuye a mantener la fertilidad del suelo, pero por otro, es responsable del 15% de los gases de efecto invernadero en el mundo.

Concretamente, el ganado bovino es el causante de dos tercios de este porcentaje. Por este motivo, esta es la partida con mayor presupuesto del Gobierno, ya que se llevará algo más de 17 millones de euros.

Sin embargo, los efectos negativos no terminan aquí. El pastoreo, si es abusivo, puede inutilizar el terreno y modificar su idiosincrasia habitual. De ahí que algunas de las medidas previstas para este sector no consistirán en acciones a emprender, sino en actividades que se deben evitar, como impedir que el ganado transite por suelos encharcados. Así no se tendrá que lidiar con los daños que implica la compactación de la tierra.

También, se potenciará el uso de fertilizantes orgánicos como estiércoles, purines, restos de cosechas y lodos de depuración, para convertir los residuos en material reutilizable y evitar la acumulación de químicos en el suelo. Otra de las claves pasará por aumentar la superficie forestal y conservar la ya existente. De este modo, se conseguirá capturar una mayor cantidad de dióxido de carbono.

La lucha contra el calentamiento global se puede efectuar desde muchos frentes, también desde el sector hotelero, con el que el Gobierno intentará llegar a acuerdos para reducir la cantidad de residuos alimentarios. También se está planteando sustituir las papeleras por contenedores de reciclaje, e incluso elaborar un estudio para determinar si es adecuado implantar un modelo que permita recoger la materia orgánica de forma diferenciada. Para este sector, no obstante, sólo se prevé una financiación de 90.000 euros.

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