Y ahora, los tribunales

Por Alberto Ibáñez

Las empresas cotizadas tienen que justificarse cada trimestre, y pobre de la que pinche en cualquiera de ellos. Los programas de televisión desaparecen si la audiencia no respalda los dos primeros y la política se hace ahora como si todos los días hubiese elecciones. Por eso, esta legislatura, de la que solo llevamos seis meses se nos va a hacer eterna.

La oposición ha empezado tan fuerte que se ha visto obligada a reorientar su objetivo a partir de junio, cuando la responsabilidad de controlar la pandemia pasó a las autonomías, donde el mensaje puede volverse en contra con mucha facilidad, como le está ocurriendo a Cataluña con los rebrotes y puede ocurrirle a la presidenta de la comunidad de Madrid, que ahora ha optado por el silencio.

La pandemia ha sido dramática y habrá que depurar las responsabilidades. Las de ámbito político se discuten cada miércoles en las comparecencias y cada día en las tertulias y en los informativos. Pero ahora llegan las judiciales, un terreno que va a resultar aún más embarrado. Además de denuncia sobreseída contra el delegado del Gobierno de Madrid por autorizar la manifestaciones del 8 M, se han presentado medio centenar de querellas contra el Gobierno de Sánchez en juzgados de todo el país, producto de una estrategia de bombardeo masivo que no busca acertar siempre sino la seguridad estadística de que habrá un porcentaje de jueces que las tramitará.

Las responsabilidades judiciales por la pandemia pueden generar una larga letanía de pleitos a políticos, sanitarios y residencias

Abierto ese camino, era evidente que antes o después aparecerían otras denuncias penales, de partidos, asociaciones o particulares, contra los dirigentes autonómicos, y a la primera que le han caído es a la presidenta de Madrid, donde ha habido miles de muertes en las residencias de ancianos, muchas de ellas con una absoluta desatención.

El siguiente escalón en la cascada de los pleitos han sido los responsables de las residencias y ahora sienten el aliento en la nuca los médicos. Tanto que nueve asociaciones de especialistas se han pronunciado para defenderse antes de que les alcance el fuego. Tras divulgarse vídeos en las redes en los que se vé a jefes médicos (no políticos) dando instrucciones a los integrantes de sus servicios sobre a qué pacientes atender y a cuáles no, han recordado que en los días críticos ha habido que tomar decisiones muy difíciles que en condiciones normales quizá no se entenderían.

Eso indica que la fiebre justiciera que ha surgido en el país puede dejar más damnificados de los que pensaban quienes la desencadenaron. O no se va a librar nadie de ser juzgado por acción u omisión en unas muertes lamentables (incluidos los directores y propietarios de residencias, a los que están demandando familiares de los fallecidos) o hacemos tabla rasa, pensando que en una pandemia, o en una guerra, hay factores poco controlables y las decisiones son muy distintas a las que se tomarían en tiempos ordinarios.

Una cosa es sacar conclusiones para no repetir los errores y resarcir moralmente a los familiares de los fallecidos y otra es hacer una causa general contra los dirigentes políticos, el comité de expertos, los médicos y los responsables de las residencias. Ningún país lo va a hacer, ni siquiera los más dados a los litigios, y en España puede dejar un rastro añadido de dolor durante años de juicios y más juicios de los que  pocos saldrán indemnes.

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