Sentencias volubles

El Tribunal Supremo ha aceptado en una sentencia  la legalidad y legitimidad del ‘pasaporte covid’ que han empezado a exigir algunas comunidades autónomas para entrar en establecimientos o para participar en eventos solo un mes después de decir exactamente lo contrario, que es una intromisión en el derecho a la intimidad que blinda la Constitución. ¿Qué ha cambiado entre medias? Absolutamente nada, salvo que el pasaporte covid (de personas vacunadas) está funcionando con absoluta normalidad en Francia o Alemania para acceder a espacios cerrados de restaurantes, cines, comercios, peluquerías, piscinas cubiertas, hospitales y asilos, y nadie se rasga allí las vestiduras ni se pone tan exquisito como nuestro Constitucional en su primera versión. Los que hemos llegado tarde a la democracia nos solemos venir tan arriba que dejamos atrás con suficiencia a los históricos.

A su vez, la Comunidad de Madrid reclamaba el año pasado por boca de su presidenta que, en cuanto hubiese vacunas, se expendiesen certificados de vacunación con los que franquearse el paso en cualquier establecimiento, y ahora se niega a aplicarlo, sosteniendo que resulta ‘discriminatorio’, se supone que para los que no se han pinchado. Lo curioso es que la presidenta Ayuso volvió a pedir el pasaporte covid hace un mes, y ya no se puede alegar que hay gente que aún no se ha podido vacunar. A estas alturas, todo español mayor de 12 años que ha querido vacunarse, se ha vacunado.

Ningún país se libra de contradicciones parecidas, pero cualquiera que haya salido de España en este tiempo de pandemia habrá podido observar que solo nosotros mantenemos este asunto en el orden del día político, mientras el resto de la población europea o norteamericana (se vacune o no se vacune) ha dejado de hablar de la pandemia.

La diferencia está en que en España los partidos no parecen dispuestos a dejar la pandemia fuera del terreno de juego, como siguen haciéndolo con el terrorismo, años después de que desapareciese ese espantoso drama.

Esta clave política contagia incluso a la judicatura, con muchos jueces dispuestos a pasar a la posteridad –o al menos a una gloria efímera– por tumbar las medidas de los gobiernos. A estas alturas, da la impresión de que no se hace nada legal en España, o que todo es legal e ilegal al mismo tiempo, porque lo que en unos juzgados es negro, otros lo ven blanco. Resultaría muy fácil echarle la culpa a la politización del Consejo General del Poder Judicial, pero nada tiene que ver lo que ocurre en este órgano  -ni podría tenerlo, por mucho que se empeñase– con lo que sentencian los jueces.

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