Los arquitectos consideran desmesurado hacer mil viviendas en los terrenos portuarios

La polémica sobre la ubicación del Centro Botín y el traslado de la Grúa de Piedra han hecho pasar desapercibidos otros aspectos de la reordenación del Frente Marítimo de Santander, como las concesiones que se harán a la iniciativa privada para conseguir los recursos económicos que requiere el proyecto. Lo normal es que las actuaciones públicas se financien a costa del erario, pero en esta ocasión ninguna de las tres administraciones afectadas está dispuesta a que le cueste un solo euro. De hecho, a pesar de ser la transformación más relevante de la ciudad desde la reconstrucción de la zona devastada por el incendio, no habrá aportación pública alguna, si se exceptúa la de los terrenos, por parte del Estado.
Para que resulte a coste cero sólo hay una solución: vender a la iniciativa privada buena parte de ese suelo que ahora es del Puerto para construir viviendas, centros comerciales, hoteles y oficinas.
El Consorcio público creado para gestionar el proyecto tiene previsto gastar 160 millones de euros en la reordenación de la zona y su intención no se limita a amortizarlos, sino que también pretende sacar un rendimiento. La cifra que se propone conseguir es de 171 millones, lo que supondría cubrir los gastos y obtener una rentabilidad del 6%.
Una vez establecidos los ingresos que se desean obtener, ha bastado establecer un precio de metro cuadrado para saber cuánto suelo habrá que privatizar y el Consorcio ha calculado que debe desprenderse de 258.000 m2 del suelo actualmente portuario o limítrofe (un espacio equivalente a 26 campos de fútbol) para que los promotores privados construyan viviendas, concediendo una edificabilidad de 147.000 m2. Este suelo se concentra en la zona de San Martín y en la de Varadero, entre la dársena del Barrio Pesquero y la Biblioteca Central.
Estas cifras le han parecido excesivas al Colegio de Arquitectos, ya que sólo en Varadero darán lugar a la construcción de unas mil viviendas. Un asentamiento de población semejante contribuirá, según este organismo profesional, a congestionar aún más el Barrio Castilla-Hermida, el más saturado de la ciudad: “En ese ámbito hacen falta espacios libres de uso público, zonas de estacionamiento de vehículos, equipamientos deportivos y de relación y lo que es seguro es que no es necesario incrementar la densidad de población”, dice el Colegio.
Los arquitectos consideran contradictorio que un plan que declara expresamente su deseo de contribuir a la ordenación urbanística de la ciudad, acabe causando más problemas y discrepan de los cálculos realizados para la privatización de suelo. Incluso en el caso de que el proyecto parta de la filosofía de no tener ningún coste para el erario público, creen que no sería necesario acceder a la construcción de tal volumen de viviendas, porque las estimaciones del precio que obtendrán los promotores privados por las ventas se ha realizado muy a la baja. Tanto que los 1.264 euros/metro cuadrado que han utilizado los miembros del Consorcio significan que las viviendas construidas en esa nueva primera línea de mar se van a ofrecer más baratas que la VPO (1.395 euros/m2), algo que resulta difícilmente creíble.
Si se hubiese utilizado para el cálculo un precio más próximo al de mercado, el Colegio de Arquitectos concluye que Consorcio no tendría que privatizar 26 hectáreas del Puerto ni, por supuesto, aceptar la construcción de un número tan elevado de viviendas.
Es cierto que encajar tanto suelo puede no ser fácil, pero el Ayuntamiento se da un plazo de seis años para conseguirlo y los promotores inmobiliarios valoran el hecho de que, por mal que esté el mercado, difícilmente se repetirá la oportunidad de volver a construir en primera línea de mar en Santander.
La expectativa del sector es que esas parcelas tendrán una salida inmediata, por lo que el Consorcio no sólo no va a emplear dinero en reordenar la Fachada Marítima, sino que el Puerto y la ciudad probablemente podrán repartirse unos beneficios muy jugosos con la operación.
La alcaldía ha venido defendiendo que no sólo es el Estado el que hace aportaciones, al ceder buena parte de los terrenos históricos del Puerto, sino también el Ayuntamiento, ya que, tras la venta de los terrenos, renunciará a los aprovechamientos (el 15% del suelo, que por tradición en la ciudad hubiese podido volver a vender, para sacar dinero), además de eximir a las obras de tasas.
En una presentación realizada en la Escuela de Caminos, el alcalde justificó las ventas de suelo: “Se pueden plantear soluciones utópicas, en las que todo sean plazas y centros cívicos, pero hay que ser realista”, dijo. Una filosofía de la que no discrepan los arquitectos, aunque sí de la cantidad de suelo público que se necesita vender.

Exclusiones discutibles

El hecho de que una parte significativa del Frente Marítimo quede fuera del Plan de reordenación y de sus tramitaciones también preocupa a los arquitectos. Se refieren al edificio que se construirá junto al CAR de Vela, al Centro Botín y al gran espacio sin uso que hasta 1999 ocuparon los depósitos de CAMPSA y que se encuentran detrás de la nueva Lonja. En los dos primeros casos, parece una cuestión de apremio: se han excluido para aliviarles los trámites y que puedan estar concluidos en 2012, lo que no ocurrirá, ni mucho menos, con el Plan. Una explicación que no deja muy contentos al Colegio de Arquitectos, que cree que también debieran someterse al debate público.
Entre los muchos profesionales que acudieron a la presentación de los primeros bocetos para el nuevo edificio del CAR, había consenso al respaldar la elección que ha hecho la Federación Española de Vela en la persona de Alejandro Zaera, uno de los arquitectos con mayor proyección en todo el mundo. No tanto, en cambio, con la decisión de que este proyecto (una nave de almacenaje de embarcaciones durante el Mundial de 2012) esté desvinculado de la reordenación del Dique de Gamazo –un bien de interés cultural de interés histórico– y del espacio que ocupa el aparcamiento del Palacio de Festivales.

El Edificio Botín

El Colegio de Arquitectos, en sus alegaciones, tampoco parece muy conforme con la fórmula elegida para la futura sede de la Fundación Botín y no tanto por la figura del autor del edificio (Renzo Piano) como por el hecho de que no se pueda debatir sobre el emplazamiento elegido, el aparcamiento de los ferryes, sin haber estudiado todas las alternativas posibles. Entre ellas, sugiere la zona de muelles de San Martín o el área de Varadero. En opinión del Colegio, el edificio serviría para regenerar urbanísticamente cualquiera de esas dos zonas de la ciudad.
Con respecto a la polémica que suscita el lugar elegido, los arquitectos ponen como ejemplo lo ocurrido con el Centro Cultural y de Congresos de Lucerna (KKL Luzern), obra de Jean Nouvel, que estaba previsto construir en el interior del lago que da nombre a la ciudad. Tras un notable debate ciudadano, la idea se reconsideró para acabar construyéndolo en la orilla, donde ha conseguido el beneplácito general.