Piden 7 años al acusado de despatrimonializar dos empresas para quedarse con lo obtenido

 

La Fiscalía ha pedido siete años de cárcel, y multa de 12.000 euros, para el acusado de despatrimonializar dos empresas de las que era administrador, vendiendo sus bienes y destinando lo que obtenía en beneficio propio y de sus familiares, hechos por lo que será juzgado a partir de este miércoles, 20 de enero, en la Audiencia Provincial.

Según el escrito del fiscal, ambas empresas, que estaban participadas por un conglomerado de socios minoritarios y que adolecían de actividad
económica o comercial, tenían por activo una serie de inmuebles repartidos por el territorio nacional.

El acusado, «una vez ostentado el control efectivo de ambas sociedades y de los inmuebles», procedió a realizar compraventas de algunos de ellos por debajo de su precio de tasación.

Después, una vez que el dinero era ingresado en las cuentas de las sociedades, el acusado procedió a realizar disposiciones en efectivo que «adolecían de causa alguna, siendo simplemente un medio por el que el acusado subvenía sus necesidades y acuciante situación económica».

Para justificar esas extracciones, la Fiscalía sostiene que el acusado confeccionó una serie de facturas de unas presuntas obras de rehabilitación en los inmuebles de la sociedad.

Además de todo ello, giró dos minutas informativas y 44 recibos de cobro para el pago de los servicios de un abogado que «jamás había prestado servicios en las sociedades», al tiempo que adquirió un vehículo para su hija y cargó el precio del mismo a las cuentas de las sociedades.

Finalmente, según el escrito del fiscal, «con la finalidad de encubrir su proceder ilícito, el acusado procedió a confeccionar unas cuentas anuales que omitían las operaciones de compraventa, presentando las mismas a los socios y depositándolas en el registro mercantil».

De este modo, «impidió» que los socios pudieran llevar a cabo cualquier clase de control y conocimiento de la situación de despatrimonialización social que estaba desplegando».

Para la Fiscalía, todos estos hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida en concurso con un delito de falsificación de documento mercantil, además de otro delito de falsedad contable.

La pena solicitada asciende a siete años de prisión y multa de 12.000 euros, así como una indemnización de casi 236.000 euros para las sociedades.

El juicio se iniciará el miércoles a las 11.00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y está previsto que continúe al día siguiente, día 21, a las 10.00, ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

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