PRC propone modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil para «atajar» la ocupación ilegal de viviendas

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha planteado una modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil para «adaptarlos» a la nueva realidad de las ocupaciones ilegales de viviendas y «atajar» «la conflictividad social» surgida con «las mafias».

Con esta modificación, que los regionalistas, consideran «suficiente» se persigue «garantizar» tanto el derecho a la vivienda como el derecho a la propiedad, porque «no puede prevalecer uno sobre otro». Además de que se pueda proceder al desalojo «inmediato», en las primeras 48 horas, de aquellas personas que «no puedan acreditar un título legal indubitado y suficiente para la ocupación».

Para ello, el Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado una proposición no de ley que se debatirá en el pleno del próximo lunes y que también llevará a la Cámara Alta, instando al Gobierno de España a que acometa esa modificación.

Así lo han dado a conocer en rueda de prensa el portavoz parlamentario, Pedro Hernando; la diputada y alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz; y el senador autonómico y diputado, José Miguel Fernández Viadero, quien ya ha reclamado en la Cámara Alta una normativa «segura» para defender los derechos de los propietarios frente a la ocupación ilegal de sus viviendas.

El objetivo de esta modificación es que la normativa española esté en «consonancia» con la legislación de otros países europeos y que España cuente con una «tutela judicial rápida», ha sostenido Rosa Díaz, quien ha subrayado que no puede ser que, en dos derechos, como son el de propiedad y el de vivienda, «uno prevalezca sobre otro».

Por ello, han considerado que «no es necesario» una nueva ley antiocupas, sino una simple modificación de las leyes existentes que, en su opinión, es «suficiente».

«No queremos una nueva ley. Creemos que con el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil respondiendo realmente a lo que la sociedad está demandado y se ha visto es suficiente», ha remachado el portavoz regionalista.

En la exposición de motivos de la proposición no de ley, los regionalistas recuerdan que el «movimiento okupa» surgió a finales de los años 60 del siglo pasado en Alemania, Inglaterra y Holanda como expresión de la filosofía hippie. Años más tarde llegó a España, como «un movimiento de ideales contrarios al sistema y con una débil solución jurídica», a pesar de que «atenta, de forma flagrante, contra el derecho de la propiedad reconocido en la Constitución».

Y apuntan que «la indefensión jurídica» que sufren muchos propietarios «trae causa directa del Código Penal de 1995», que es cuando se introduce el delito de usurpación de bienes inmuebles.

Al hilo, explican que, desde que comienza el movimiento hasta nuestros días, se ha producido un cambio en la ocupación: «se ha pasado de una ocupación de la propiedad pública o privada, provocada por necesidades personales de los ocupantes y sus familias, a un abuso cada vez más generalizado de las ‘okupaciones’ con una intencionalidad delictiva o cuasi-delictiva» y se han creado «mafias profesionales» que ocupan viviendas y las alquilan a inquilinos «de buena fe» o «se las ceden temporalmente a los ocupantes para chantajear a los propietarios y obligarles a pagar compensaciones para conseguir la recuperación de la vivienda».

Es con estas situaciones, que están generando en una «conflictividad social» y hay riesgo de incrementarse, con las que se pretende «acabar» con la modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Para el PRC, se debería «endurecer» la ley para «agravar» el delito de ocupación ilegal de los inmuebles, y que «la denuncia y exhibición del título de propiedad fueran suficientes para el desalojo inmediato de las viviendas ocupadas». «El juez debería poder adoptar medidas cautelares y respaldar la actuación de la policía. La policía tendría que poder hacerlo, con el ulterior respaldo del juez, en el caso de delito flagrante», sostienen.

De este modo, en la propuesta de resolución, instan al Gobierno de España a que «modifique el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el fin de adaptarlos a la nueva realidad de las ocupaciones ilegales, en consonancia con las normativas de otros países europeos, permitiendo el desalojo inmediato por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de manera previa al procedimiento judicial correspondiente, siempre y cuando los ocupantes no acrediten título legal indubitado y suficiente para la ocupación».

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