El Congreso delibera mañana la ley del mercado de valores, que impide la renovación del presidente de la CNMV

El Congreso de los Diputados empezará a debatir este martes, en el seno de la ponencia de la Comisión de Asuntos Económicos, el articulado del proyecto de ley del mercado de valores y de los servicios de inversión, que fijará en seis años el mandato del presidente en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sin opción a renovar.

El texto, aprobado en junio en Consejo de Ministros, pretende mejorar la gobernanza e independencia de la CNMV. Para ello, amplía el mandato en la presidencia de cuatro a seis años, pero elimina la posibilidad de renovar el cargo. No obstante, en el caso de los actuales presidente y vicepresidenta, Rodrigo Buenaventura y Montserrat Martínez Parera, podrán ser reelegidos por un periodo adicional de dos años, hasta sumar ese máximo de seis años en sus puestos.

Por otro lado, el texto pretende mejorar la competitividad y eficiencia de los mercados de valores en España, con una atención especial a la financiación de las pymes, para que puedan contribuir a financiar el crecimiento económico y situarse entre los más «atractivos y avanzados» en el entorno europeo.

En concreto, el texto simplifica algunos procedimientos y elimina cargas administrativas redundantes para facilitar la atracción de inversiones. Para ello, simplifica el proceso de emisión de valores de renta fija, reducen las tasas de la CNMV que tienen que abonar los emisores de renta fija y propone la eliminación de determinadas obligaciones de información redundantes en el proceso de compensación y liquidación de valores.

MAYOR CASTIGO PARA SERVICIOS DE CRIPTOS FRAUDULENTOS

Otro de los elementos clave del texto pasa por ofrecer una mayor protección al inversor en servicios de criptomonedas. Para ello, el PSOE presentó una enmienda a la ley para suspender la autorización a un proveedor de servicios de criptoactivos en el caso de que este cometiera una infracción muy grave.

El Grupo Socialista también propuso prohibir de manera temporal e impedir a cualquier miembro del órgano de administración del proveedor ejercer funciones de administración.

En el caso de infracciones muy graves, además, el PSOE propuso una modificación en la multa para personas físicas, pasando de ser de un millón de euros hasta los 700.000 euros. En el caso de una persona jurídica, la multa podrá ascender hasta el 12,5% –frente al 10% anterior– del volumen de negocios total durante el ejercicio precedente.