Recibir una herencia… y tener que rechazarla

Una de la ensoñaciones de los españoles del franquismo era tener un tío en América. La aparición de una fortuna inesperada, en forma de herencia, que podía cambiar la vida de cualquiera, porque la prensa de la época se había encargado de airear algún caso protagonizado por emigrantes a los que incluso su familia perdió la pista. Pero ahora no hay tíos en América y sí hay hijos en Alemania, en Inglaterra o en Estados Unidos, de los que solo se puede esperar que encuentren un empleo que, al menos, les permita vivir dignamente. Y las herencias en España se han minimizado, hasta el punto que se rechazan más que nunca, porque al receptor no le compensan las deudas o gastos que conllevan o, simplemente, porque no tiene liquidez para pagarlos.
La paradoja es que esto ocurra cuando los impuestos sobre las sucesiones son más baratos que nunca. En Cantabria están bonificados al 99% y son los más bajos del país, lo que no ha impedido que la tasa de rechazo haya pasado del 3,6% de las herencias en 2007 al 10,0% en 2014, un porcentaje superior a la media nacional (9,5%) lo cual es doblemente sintomático.
¿Qué puede explicar que con un impuesto que apenas obliga a pagar 1.262 euros por una herencia de 800.000 (200.000 de ellos en forma de vivienda) haya tantas renuncias? Los expertos lo achacan a las circunstancias en que se produce. El fallecimiento de un familiar es de por sí un trauma y la herencia pocas veces está planificada, por lo que se convierte en un foco de problemas y de gastos.
Si la herencia se sustancia en propiedades –por ejemplo, una vivienda– no siempre llegan libres de cargas y el receptor se ve obligado a responder con sus propios recursos.
Con un mercado inmobiliario que ha perdido un 40% de su valor, no es infrecuente que la hipoteca sobrepase el precio de mercado del piso. En otras ocasiones, la familia que recibe el legado no tiene más remedio que malvender apresuradamente esa vivienda para pagar los impuestos. En Cantabria, con una exención del 99% en el Impuesto de Sucesiones, esa circunstancia es menos habitual, por lo que habría que entender que la razón de los rechazos se basa, exclusivamente, en la nula rentabilidad del legado: Es de muy poco valor o las cargas que que pesan sobre él en forma de avales o deudas hacen que no merezca la pena aceptarlo. Hay que recordar que la ley siempre ha permitido rechazar una herencia si el beneficiario estima que comporta un valor neto negativo.
Sólo la mala situación económica de las familias puede justificar que se produzca un índice tan alto de rechazos en Cantabria cuando en Castilla-La Mancha, el porcentaje baja al 6,5% a pesar de que por esa misma herencia del ejemplo, que en Cantabria paga 1.262 euros en Sucesiones, habría que pagar 7.940, siete veces más. En Aragón se pagarían nada menos que 54.388 euros, casi 50 veces más, y también hay muchos menos rechazos.

Cambios con el nuevo Gobierno

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es uno de los más controvertidos, y especialmente desde que las autonomías han creado una ensalada de bonificaciones que han desvirtuado el tributo y han llevado a muchas fortunas a convertirse en emigrantes fiscales.
Esperanza Aguirre, a pesar de reclamar urbi et orbi la unidad de mercado fue la primera que, como presidenta de la Comunidad de Madrid, rompió el tablero de juego con una bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones, provocando una avalancha de traslados de domicilio fiscal a Madrid. Muchos grandes patrimonios y no pocos medianos de todas las regiones buscaron la manera de asentarse en Madrid, en muchas ocasiones adquiriendo una vivienda, lo que contribuyó al florecimiento económico de la capital en detrimento de las otras regiones. Algunas de ellas no tardaron en reaccionar, para tratar de evitar esta fuga de los mayores contribuyentes, como fue el caso de Cantabria, porque la huida conllevaba aparejada muchos otros efectos colaterales (menos inversiones, menos compra de viviendas…).
Aunque puso como excusa la menor fiscalidad vasca, Cantabria fue una de las que se sumaron a esa política durante el Gobierno de Martínez Sieso, con una reforma fiscal realizada en 2002 que utilizaba la misma artimaña que ha vaciado de contenido un Impuesto que, en realidad, es de titularidad estatal. El Estado sólo permitió que las autonomías introdujeran bonificaciones, pero nunca imaginó que bajo esa fórmula llegarían a reducir la carga fiscal en un 99% en las transmisiones de padres a hijos (como no es de su competencia no pueden anularlo por completo) y que estas bonificaciones servirían para alentar una competencia desleal entre regiones.
El Gobierno de Martínez Sieso prácticamente exoneró del Impuesto de Sucesiones a cónyuges y descendientes, y ante la pérdida de gran parte de los 18 millones de euros que recaudaba anualmente por esta vía, se vio obligado a elevar el tipo general de las transmisiones de inmuebles del 6% al 7% y a duplicar la fiscalidad sobre las escrituras (Actos Jurídicos Documentados). Eran los años en los que se vendían muchas viviendas y la alternativa parecía fácil, aunque las encareciese aún más.
Puede que de esa forma se evitase la huida de más contribuyentes cántabros hacia Madrid, pero lo cierto es que esta reforma fiscal tan drástica (equiparó en Sucesiones el régimen tributario a los del País Vasco y Navarra, los más benévolos, donde prácticamente no existe) no atrajo a ningún contribuyente de otras comunidades, aunque esta era de una de las razones argumentadas. Y sí evitó el efecto frontera con el País Vasco fue a costa de trasladárselo a Asturias y Castilla y León, que pasaban a tener el mismo problema con respecto a Cantabria.
Durante los años de euforia, en los que la entrada de dinero a las arcas regionales provocaba incluso superávits en los presupuestos (algo que hoy parece insólito) el Gobierno del PRC-PSOE no tuvo prisa en modificar esta regulación, con la que no estaba muy conforme, ya que su discurso oficial era y es que los grandes patrimonios no deben entrar en el mismo saco de bonificaciones. Lo hizo en 2009, cuando la crisis ya apretaba, aparecía un déficit galopante y el Gobierno buscaba nuevas fuentes de financiación.

El ‘caso Botín’

Es evidente que el legislador en Cantabria siempre ha tenido un nombre en mente, el de Emilio Botín. La comunidad autónoma recibió a comienzos de los años 90 el impuesto devengado por el fallecimiento de Emilio Botín Sanz de Sautuola como un auténtico regalo, porque le supuso una cuantía de 7.200 millones de pesetas que por sí solos cubrían el déficit de un ejercicio. Luego, la Comunidad de Madrid pleiteó por los derechos sobre el impuesto, al argumentar que Emilio Botín había trasladado su domicilio fiscal a Madrid a mediados de los 80, cuando el alcalde de Santander Juan Hormaechea decidió establecer un recargo especial sobre el IRPF pensado para que los ayuntamientos más endeudados pudiesen tener una nueva fuente de ingresos.
Madrid perdió el pleito, porque Cantabria convenció al tribunal de que Emilio Botín residía de forma habitual en Santander, pero en la pugna se hizo una revisión fiscal de la valoración de la herencia que finalmente deparó una liquidación en favor de Cantabria por importe de 10.500 millones de pesetas (63 millones de euros).
Unos años después, con la reforma de Martínez Sieso los herederos sólo hubiesen pagado 366 millones de pesetas, treinta veces menos.
La contrareforma del consejero socialista Ángel Agudo establecía unas bonificaciones del 99%, 95% o 90%, dependiendo de que la base imponible por heredero no superase los 175.000, 250.000 o 325.000 euros, respectivamente. No obstante, mantenía las deducciones existentes, independientemente de la cuantía de la base imponible, si lo que se heredaba era la vivienda habitual (deducción del 98%), la empresa familiar (95%) o seguros de vida (100%).
Llevado a la práctica, y en función de los declarantes del año anterior, Agudo calculaba que ocho de cada diez seguirían sin pagar prácticamente nada. Los restantes, que cifraba exactamente en 367 personas, sí iban a pagar más.
En las donaciones, las bonificaciones eran del 99%, del 95% o del 90% en el caso de donaciones de padres a hijos de la vivienda habitual, dependiendo de si valor no superaba los 150.000 euros, los 175.000 euros o los 200.000 euros, respectivamente.
Con la llegada del PP al Gobierno cántabro, Ignacio Diego atendió las insistentes peticiones de los grandes empresarios familiares y volvió a extender las bonificaciones a todo tipo de patrimonios y cuantías, por lo que el fallecimiento de Emilio Botín hijo el pasado septiembre no deparó ingresos para la autonomía, algo que el PSOE le ha reprochado insistentemente.
La Asociación de la Empresa Familiar ha aprovechado su primera reunión, nada más producirse las últimas elecciones regionales, para pedirle al nuevo Gobierno, aún no constituido, que no vuelva a cambiar la ley, pero tanto el PSOE como el PRC se han mostrado dispuestos a retornar al sistema anterior, que prácticamente exime a las herencias pequeñas y medianas entre padres e hijos y obliga a pagar, en cambio, a los que reciben grandes legados o a quienes tienen una relación de segundo o tercer grado con el legante.