Caja Cantabria no se va de vacío

Convertida en una fundación, Caja Cantabria tiene ahora un 6,388% de Liberbank, un patrimonio que le garantiza una larga vida, algo así como el plan de pensiones de un jubilado que acertó con sus inversiones. Si se tiene en cuenta que algunas entidades semejantes, como Caja Segovia o Sa Nostra, y otras mucho mayores, como Caixa Galicia, Bancaja, CAM o la propia Caja Madrid, se han diluido como un azucarillo y hoy no queda ni rastro de la marca ni de su pasado patrimonio, la situación de la caja cántabra es envidiable.

La crisis interna

El conflicto de las participaciones preferentes, que salpica a muchas entidades, y los intentos del Gobierno de Ignacio Diego de controlarla, han acabado por deteriorar la imagen pública de Caja Cantabria, que hasta hace unos pocos años podría presumir de ser una de las menos conflictivas. El pacto político que alcanzaron a finales de los 90 los tres partidos principales –PP, PSOE y PRC– para dejar a la entidad fuera de las luchas políticas, repartiendo los cargos principales, funcionó como un reloj hasta la presente legislatura, y provocó que la mayor parte de las decisiones se tomaran por consenso, evitando las guerras internas.
Incluso tras el vuelco gubernamental de 2003, que dio el poder regional a la coalición PSOE-PRC, se mantuvo como director general Javier Eraso, nombrado durante el mandato de Martínez Sieso y próximo al PP. Esa estabilidad permitió eludir las conflictivas operaciones políticas que la Caja se había visto obligada a aceptar a regañadientes en otros tiempos, como un crédito participativo concedido a Sniace y otro al Racing, más que por la presión de los gobernantes, por la que surgía de la calle, que exigía salvar a la empresa y al equipo de fútbol, por la vía que fuese.

Una fusión muy rentable

Bajo la presidencia de Enrique Ambrosio Orizaola, la Caja fue una de las primeras en iniciar negociaciones con vistas a la fusión, cuando el Banco de España exigió al sector que empezase a forjar alianzas para fortalecerse. Pero con una pretensión que por entonces ninguna otra parecía dispuesta a aceptar, la de mutualizar beneficios, la única forma por la que podía conseguir rápidamente los recursos de capital que necesitaba para reforzar su solvencia. Sólo Caja Asturias aceptó compartir beneficios y, en parte, porque no era del todo consciente de la muy precaria situación de la cántabra.
Hoy, a la vista de la evolución de todos los grupos que se formaron en los procesos de fusión se comprueba que esa alianza ha resultado vital. La mayoría de las cajas controladas por el PP optaron por arrimarse a Caja Madrid y formar Bankia, con un resultado catastrófico. Tras la intervención de la entidad madrileña, incapaz de hacer frente a un agujero veinte veces superior a la deuda de la comunidad autónoma de Cantabria, desapareció todo el patrimonio aportado por las entidades que formaron ese grupo y otro tanto ha pasado con el de las cajas gallegas y buena parte de las catalanas.
La Caja cántabra tuvo que conformarse con una participación en Liberbank inferior a la de Caja Extremadura, notoriamente más pequeña, porque el tamaño no significa casi nada en unos momentos convulsos en los que solo cuenta la solvencia. Pero incluso con el porcentaje recibido (algo menos del 10%) podía darse por satisfecha, si se tiene en cuenta que, desde el mismo momento en que se produjo la fusión, ha sido un permanente foco de problemas para sus dos aliadas, Caja Astur y Caja Extremadura, tanto por la presión política que ha ejercido el Gobierno de Cantabria, muy poco conforme con una alianza en la que las dos otras entidades estaban dirigidas por personas cercanas al PSOE, como por la auténtica rebelión de la clientela que han provocado las participaciones preferentes.
Aunque desde el año 2000 la mayoría de las cajas vendieron este tipo de productos financieros para reforzar su capital, en pocos lugares los compradores han mantenido una tensión reivindicativa tan alta como en Cantabria, donde además se ha creado un juzgado específico para valorar su legalidad.
Esa presión le sirvió al Gobierno de Ignacio Diego para poner contra las cuerdas al presidente de la entidad, Enrique Ambrosio, consejero socialista en el primer gobierno autonómico de Cantabria, con la intención de que dejase su cargo en la Caja y también los de consejero y vicepresidente de Liberbank, para ser sustituido por una persona próxima al PP. La operación resultó frustrada en varias ocasiones, pero acabó cuajando cuando la tensión dentro del consejo se volvió insostenible y Ambrosio se vio obligado a dimitir.

La caída de Puente

El PP había aupado a la presidencia de la Caja a Eduardo Pérez del Molino, después de intentarlo sin éxito con el exdirector Javier Eraso, que equivocó el camino para ser elegido. No obstante, su auténtico hombre fuerte en estos últimos años ha sido el ex secretario general de CC OO de Cantabria, Javier Puente.
Nombrado consejero por el PP, para sorpresa de todos, Puente fue clave en la salida de Enrique Ambrosio de la presidencia, y después de convertirse en secretario general del Consejo de Administración, ha sido el auténtico motor de todas las decisiones hasta ahora, si bien la nueva Caja apenas tenía poder alguno. Desprendida del negocio financiero tras la fusión, todas sus competencias quedaban limitadas a gestionar la Obra Social.
El último episodio de este proceso de dilución de Caja Cantabria hasta convertirse en una mera fundación que administra un patrimonio ha vuelto a reproducir las tensiones de hace un año. Como consecuencia de las nuevas directrices legales que obligan a la Caja a convertirse en una fundación bancaria y que forzaban a los consejeros a elegir a los patronos que la regirán, Eduardo Zúñiga, presidente de la entidad, propuso abrir un periodo de consulta para recabar propuestas sobre los nombres que formarían el patronato, pero Javier Puente se anticipó con una lista de personas y entidades sociales, de las que ya tenía el plácet, en la que también figuraban Eduardo Zúñiga y él mismo, incluidos en el apartado reservado a expertos financieros.
Lanzada la primera andanada de nombres, en el consejo se desataron las hostilidades internas y lo que en principio se había propuesto como una decisión de consenso acabó por ser una pugna. Tras un larguísimo debate, y por un cierto efecto de compensación se introdujeron nombres como los del expresidente Enrique Ambrosio o el del anterior titular de la CEOE, Miguel Mirones. Una componenda que saltó por los aires al darse a conocer en la prensa.
Que los consejeros se autonombrasen patronos y continuasen al frente de la Fundación parecía políticamente injustificable, aunque la ley no diga nada al respecto. PSOE y PRC fueron los primeros en exigir una nueva votación, con nombres por completo ajenos a la época anterior, pero dentro del grupo de control del consejo (el tándem Zúñiga-Puente) se producía la primera disensión. El presidente de la Caja se sintió molesto por el exceso de iniciativa de Puente que, según dijo, había hecho la polémica lista por su cuenta y, en ese momento, el exdirigente sindical puesto en entredicho anunció su dimisión como secretario general.
Sin la persona que había impulsado la operación de autonombramientos; con directrices severas del PSOE y del PRC para hacer una lista blanca; y con la conformidad general en que Zúñiga continuase como presidente en la Fundación, como elemento de continuidad, ya no quedaban otros obstáculos para formar un patronato. Los elegidos apenas tienen vinculación con la Caja y casi ninguna con el negocio financiero. Su extracción recuerda a la de la vieja Caja de Ahorros, controlada por el gobernador civil, el Obispado y las instituciones sociales. Entonces tenía que tutelar actividades financieras que obviamente escapaban de su entendimiento, y eso provocaba que los directivos de la Caja prácticamente se autogobernasen. Ahora, los patronos no tendrán más responsabilidad que decidir el gasto en la Obra Social y dónde invierten los excedentes de los dividendos de Liberbank, si los hay (la ley impida que reinviertan en el propio banco) para conservar de la manera más razonable posible el saneado patrimonio que heredan, unos 160 millones de euros en acciones de Liberbank, cuya cotización tiene visos de mejorar. Pero también es propietaria del palacio de Benemejís, en Santillana del Mar, con una magnífica colección de arte e incunables, además de una enorme finca contigua construible; de la valiosa finca sobre la que se asentaba el Asilo de Cazoña y de la sede de su Obra Social, en la calle Tantín, un palacio de 1910 valorado en cinco millones de euros. En total, un patrimonio que puede situarse entre 175 y 180 millones de euros.
No obstante, por el momento los patronos habrán de desenvolverse en un escenario bastante precario: Liberbank no ha repartido dividendos desde su constitución, y hace dos años que la Obra Social se está financiando a través de un crédito del propio banco, de forma que cuando llegue su participación en los beneficios tendrá que hacer frente a esta deuda. No debiera tener especiales problemas para ello si la entidad que preside Manuel Menéndez consigue en los próximos años los beneficios medios del sector.

Los problemas por lidiar

Los patronos también heredan dos incertidumbres: la casi segura multa que la CNMV va a imponer a todas las entidades financieras que vendieron participaciones preferentes, por la deficiente información que facilitaron a los compradores –la paradoja es que la propia CNMV autorizaba esas emisiones– y el efecto sobre el patrimonio que pueda tener el Plan de Fidelización que se ofreció a estos afectados, por el que se les garantiza rescatar la inversión si la evolución de la acción de Liberbank no llega a unos umbrales previstos. Este compromiso podría costarle a la Fundación hasta tres millones de euros, dado que las responsabilidades patrimoniales surgidas de estos pactos con las preferentes se imputan a cada caja fundadora de Liberbank y no al banco.
El patrimonio de la nueva Fundación será, en todo caso, bastante superior al valor objetivo que tenía Caja Cantabria antes de las fusiones, lo que significa que la entidad ha salido muy bien parada del hundimiento del sector.
La Caja cántabra siempre padeció una debilidad de capital, y aunque en algún momento llegó a declarar más de 40 millones de euros de beneficios anuales, la realidad es que no hubiese encontrado un comprador que pagase una cifra parecida a los recursos propios con los que hoy nace la Fundación, porque la Caja conseguía estos resultados gracias a operaciones financieras no recurrentes y, en ocasiones, arriesgadas. El negocio ordinario, como tal, proporcionaba cifras mucho más modestas, sobre todo desde que comenzaron a bajar con fuerza los tipos de interés, y los márgenes se estrechaban como se apaga una cerilla por falta de tamaño.
Aunque la pérdida de la Caja es una mala noticia para la región, al menos conserva una Fundación con un patrimonio importantísimo que garantiza las actividades de la Obra Social por muchos años. Algo que no tendrán muchas otras, de las que no queda absolutamente nada.