La industria del tabaco echa humo

La reforma de la directiva comunitaria sobre el tabaco de 2001, que previsiblemente se votará este mes pero no entrará en vigor hasta dentro de tres años y medio, levanta algo más que una polvareda. Aunque el objetivo de los legisladores europeos es modesto (que el consumo se reduzca un 2% en cinco años) los fabricantes se estremecen con solo oir las medidas propuestas para lograrlo, como la uniformidad de todas las cajetillas o la desaparición de muchos aromatizantes que las marcas incorporan para personalizar su producto. Temen que los consumidores se limiten a elegir por precio. Pero hay otro temor que no reconocen: si la estrategia de la UE para que los jóvenes no se inicien en el consumo de tabaco tiene el éxito que ellos le niegan, el efecto sobre sus ventas sería bastante mayor a medio plazo, dado que no podrían reponer la clientela que desaparece por razones biológicas y a quienes dejan el hábito.
Los Gobiernos de los 27 (curiosamente los ministros de Sanidad) han conseguido rebajar las pretensiones de la Comisión Europea y los fabricantes podrán disponer de hasta un 35% de la superficie de la cajetilla para anunciar su marca (la idea inicial era no dejar más del 25%) y se podrán seguir fabricando cigarrillos extrafinos, algo que el borrador impedía. No obstante, queda mucho trabajo hasta llegar a una decisión definitiva y los europarlamentarios lidian ahora con 1.300 enmiendas a un proyecto de directiva que no deja indiferente a casi nadie. La Unión Europea ha declarado como máximo valor la salud y advierte que el tabaco causa 700.000 muertes al año en el ámbito europeo y las tabaqueras tendrán que hacerse a la idea de que sus intereses se van a ver menoscabados en alguna medida.

¿Pérdidas o beneficios?

La Mesa del Tabaco, que agrupa a fabricantes, cultivadores, estanqueros y a cuantos participan del negocio, sostiene que con la futura regulación desaparecerán en España 1.200 empleos y el país perderá parte de los 9.600 millones de euros que deja la fiscalidad del tabaco cada año (por cada euro de precio de venta, el Estado se lleva 84 céntimos).
Por su parte, los colectivos médicos, sostienen que en realidad no supone una pérdida, sino un ahorro, porque –sin tener en cuenta el valor que tiene salvar vidas– reduciría la factura de los tratamientos sanitarios originados por el tabaco en unos 16.000 millones de euros.
En los grupos principales del Parlamento Europeo hay cierto consenso en los términos generales de la directiva, pero se diluye cuando se baja a terrenos más concretos. Dentro de los propios grupos hay diferencias, en función de los intereses nacionales, algo bastante habitual en los debates de la Eurocámara.
El Grupo Popular Europeo respalda la obligación de las autoridades comunitarias de defender la salud, pero discrepa de las medidas contra el tabaco, ya que preferiría una mera formación en los colegios para desanimar a los jóvenes a introducirse en el consumo. Los socialistas, por el contrario, creen que eso sería muy insuficiente y que es imprescindible librar la batalla en el mismo terreno que cultivan los fabricantes, el de la imagen: “Basta ver las ingentes cantidades que se gastan las tabaqueras en publicidad para llegar a los colectivos más jóvenes para darse cuenta de que eso es lo efectivo”, declara el diputado socialista Juan Andrés Perelló.

Los afectados protestan

Que nadie se iba a quedar callado con una directiva que afecta muy seriamente los intereses de una industria tan potente como la tabaquera era evidente. En primer lugar, los propios fabricantes. Pero a ellos se han sumado los cultivadores de tabaco de Extremadura o Canarias, las dos regiones españolas donde hay más plantaciones, al considerar que si las marcas de prestigio pierden la batalla contra los tabacos baratos, como ha ocurrido en los supermercados con las marcas blancas, el tabaco español dejaría de ser utilizado como materia prima, porque se utilizarían otros más baratos. No obstante, las plantaciones europeas solo aportan el 30% del tabaco que se consume en el continente.
Pero también los presidentes autonómicos de las cuatro regiones donde hay fábricas de tabacos, entre ellos el de Cantabria, que han hecho suya la teoría de un desplazamiento del consumo hacia las labores más baratas o hacia el contrabando y tácitamente reconocen que la presentación y la marca influyen sustancialmente en la percepción del consumidor. El día en que todos los paquetes sean prácticamente iguales (a la marca no se le podrá dedicar más de un 35% del espacio) y el resto esté ocupado por unas grandes advertencias sobre los efectos del tabaco, muchos consumidores dejarán de ser fieles a sus marcas y se pasarán a otras más baratas.
Dan la razón implícitamente a los responsables de la Comisión de Sanidad de la UE, que están convencidos de que un porcentaje relevante de jóvenes que ahora se enganchan al tabaco no lo harían si pierde algunas connotaciones de ‘prestigio’ o fumar deja de ser un instrumento de afirmación dentro de su grupo.
La posición de los presidentes de Cantabria, Canarias, Extremadura, La Rioja, y el consejero andaluz de Agricultura ha sido durísimamente contestada por 30 sociedades médicas y científicas que no entienden por qué las autoridades se colocan al lado de una de las partes (la industria) y no defienden los derechos y la salud de la otra, los consumidores. “Ha sido una aberrante y obscena confluencia de intereses económicos y políticos”, dicen.

“Expropiación de marca”

Todas las posiciones se pusieron de relieve en un encuentro celebrado en Valencia por el Parlamento Europeo para escuchar a fabricantes, cultivadores, estanqueros, fumadores, médicos o investigadores. Y frente a los grupos que consideran la directiva mal enfocada para disuadir a los jóvenes que aún no han empezado a fumar, el diputado socialista Juan Andrés Perelló insiste en lo meditado de las medidas propuestas.
La europarlamentaria del PP Pilar Ayuso, por el contrario, muestra un apoyo bastante más tibio, al considerar que se produce “una expropiación de la marca” y discrepa de la eficacia de algunas exigencias. En su opinión, más eficaz que los mensajes admonitorios en las cajetillas o la minimización de las identificaciones serían las campañas públicas antitabaco o la formación en las aulas “y que luego los jóvenes elijan libremente”.
Una libre elección de la que dudan los representantes de las sociedades médicas y científicas, para los cuales el proceso de deshabituación del tabaco es mucho más difícil que el de habituación y, por tanto, la voluntariedad no es idéntica en ambos casos. También insistieron en la permeabilidad de los jóvenes a los mensajes de afirmación y sentimiento de grupo, que utilizan las tabaqueras en su publicidad.

Los médicos, muy duros

Los más beligerantes en favor del proyecto de directiva son los médicos. El presidente del Comité de Cardiólogos ofrece datos dramáticos sobre los efectos del tabaquismo: “El 47% de los fallecidos en Europa lo son por causas cardiovasculares, una enfermedad que por ahora no tiene curación, sólo podemos prevenirla. Y el 30% de esas muertes están originadas por el tabaco.” Recuerda que la OMS ha cambiado ya las prioridades en su estrategia sanitaria, que han pasado de las enfermedades transmisibles a las crónicas, como éstas.
No obstante, los médicos son realistas con respecto a la posibilidad de hacer frente a los grandes intereses económicos del tabaco: “Acabar con las grasas trans en las comidas (que han demostrado sus efectos nocivos) ha costado cuatro votaciones en el Parlamento Europeo, y aún pasarán cuatro o cinco años antes de que queden totalmente prohibidas”, recuerda.
Lo que es seguro es que las estrategias puestas en marcha hasta ahora para disuadir a los fumadores han tenido resultados modestos. En España se aprobaron medidas hace diez años para prevenir el consumo juvenil pero desde entonces se han incorporado un millón de nuevos fumadores. “Una parte lo dejará, pero 300.000 acabarán muriendo por causas atribuíbles al tabaco”, sostiene Plácido Gascó, de la Asociación de Medicina de Familia.
La directiva comunitaria tiene precedentes en dos países, Australia y Canadá, donde los resultados de aumentar las advertencias sanitarias en detrimento de las marcas han sido razonablemente satisfactorios, en opinión de los médicos y de la Comisión de Sanidad de la UE. Los fabricantes no están tan convencidos y atribuyen la reducción del número de fumadores a un conjunto de causas, entre ellas las campañas públicas en contra del tabaco, y aseguran que estas medidas provocan un aumento del contrabando.
Frente a las pérdidas de negocio y empleo que prevén los industriales y cultivadores, el diputado socialista Perelló recuerda que en 2001, cuando se aprobó la directiva vigente, ya se aventuró una catástrofe para el sector tabaquero, que nunca se llegó a producir, “como tampoco se hundió la hostelería –insiste– al aprobarse hace cinco años la normativa que impide fumar en los bares y restaurantes”.

La industria limita daños

Parecidas discrepancias se dan en la Eurocámara. Por el momento no hay unanimidad en ningún grupo parlamentario y el texto aún se depurará mucho por la vía de las enmiendas. Algunas de ellas son tan maximalistas como la del diputado holandés que propone la prohibición total del tabaco en el ámbito europeo o las de quienes, por el contrario, reclaman que se pueda fumar sin restricciones en cualquier lugar.
El sentido común se impondrá por la vía de los consensos y ahí los grupos mayoritarios tienen un punto de partida bastante homogéneo: Saben que el 70% de los fumadores europeos se inician en el tabaco antes de los 18 años, un tiempo en el que son muy influenciables, y que el gasto sanitario que origina un fumador es muy superior a la cantidad que se ingresan los estados por impuestos del tabaco. Por tanto, la industria parece que irremisiblemente tendrá que aceptar perder esta batalla. Su estrategia en este momento es limitar los daños.