PP, Cs y Vox acusan a Montero de chantajear a las comunidades, pues ven posible saldar su deuda en funciones

MADRID, 10

El PP, Ciudadanos y Vox han acusado este martes en el Congreso a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, de plantear un “chantaje” a las comunidades autónomas para evitar la liquidación del IVA recaudado y la actualización de las entregas a cuenta, unas medidas que, según estos grupos, el Ejecutivo puede adoptar pese a estar en funciones.

Las acusaciones se han lanzado durante el debate de una proposición no de ley del PP y los portavoces de las tres formaciones que han tomado la palabra han llegado incluso a cuestionar la veracidad del informe solicitado sobre este punto a la Abogacía del Estado por parte de Hacienda.

El diputado popular Jaime de Olano ha propuesto la habilitación de un crédito a coste cero para las comunidades autónomas, habida cuenta de que ese dinero ya está recaudado, o habilitar mecanismos extraordinarios de financiación, como los del FLA.

“Luego está la solución fantasma, como el informe”, ha ironizado De Olano, preguntando por qué ese informe de la Abogacía no ha sido facilitado a los grupos, y por qué el Gobierno en funciones compromete el pago de la deuda en diciembre, y no ahora en septiembre, y acusando al Ejecutivo de cometer “una fechoría impropia de una democracia como la española”.

La portavoz fiscal de Ciudadanos en el Congreso, Pilar Muñoz, ha criticado a Montero por “utilizar el buen nombre de la Abogacía del Estado para fines partidistas” y ha recordado que su Ejecutivo fue “prolífico” a la hora de aprobar decretos como el que ahora reclaman, por lo que deducen que han convertido esta financiación “en una moneda de cambio más para intentar chantajear a la oposición”.

Macarena Olona, de Vox, ha justificado su apoyo a la iniciativa por “lealtad”, pero se ha mostrado “profundamente decepcionada” al considerar que PP y Cs han “entrado al trapo” y centrado el debate en la existencia de un informe de un cuerpo al que ella misma pertenecía hasta que entró en política. También les ha reprochado que hablen de de una reforma de financiación cuando, a su juicio, debe hablarse del “modelo territorial” y de la necesidad de “recuperar adecuadas competencias” para el Estado.

También ha avanzado su apoyo a la iniciativa del PP Ana Oramas, de Coalición Canaria, que en su intervención ha criticado que la deuda pendiente coincide en cantidad con el descenso previsto en la emisión de deuda y que, aun en funciones, el Gobierno sí ha comprometido 2.600 millones de euros en gasto militar.

LOS PGE DE 2019 ERAN “LA SOLUCIÓN”, ESGRIME EL PSOE

Por contra, la portavoz de Hacienda del PSOE, Patricia Blanquer, ha lamentado el “atrevimiento” y “cinismo” de la oposición para criticar esta deuda cuando su oposición a los Presupuestos de 2019 supusieron “obstaculizar la solución”, y ha apostado por “transmitir un mensaje de tranquilidad” en el sentido de saldar estas deudas “dentro de la legalidad vigente”.

Afeando al PSOE no “articular una mayoría parlamentaria” que permita formar Gobierno y transferir los recursos, Héctor Illueca, de Unidas Podemos, ha reclamado la reforma del modelo de financiación y también “dejar atrás para siempre las políticas de austeridad” pues cree que por ella existe “un problema de escasez de recursos”.

ERC ha cuestionado, asimismo, el “informe fantasma” de Montero, pero también el “cinismo” del PP, pues ha dicho que “en su mandato ahogaron a comunidades y ayuntamientos”, una postura también defendida por Joan Baldoví, de Compromís.

“Hay que ver la transformación que se obra cuando se está en la posición. Hasta me caen bien”, ha dicho, recordando que, con mayoría absoluta, los populares “tenían la obligación” de renovar el modelo de financiación.