La lotería autonómica no toca siempre

Vivimos en la comunidad mejor financiada del país. Cada año recibimos del Estado 2.997 euros por habitante, cuando la media está en 2.372 (datos de 2011 en ambos casos). Frente a lo que pueda parecer, las autonomías que tradicionalmente se citan como las más favorecidas en el reparto, como Canarias o Andalucía están en la parte más baja de la tabla y Cataluña, en cambio, algo por encima de la media.
Pero esa es una situación que no va a durar, y no porque el método de cálculo beneficie extraordinariamente a Cantabria, que es una región demasiado pequeña como para preocupar a los grandes contribuyentes. Es que la manta de los recursos comunes del Estado ya no da para cubrir de los pies a la cabeza y nadie quiere quedar destapado. El sistema autonómicos actual, pactado en 2009 suscitó debates acalorados, pero contaba con un elemento apaciguador de primer orden: todas las comunidades, estuviesen entre las más beneficiadas o entre las menos, salían ganando, por el hecho de que había más dinero a repartir. El problema es que ahora ni siquiera se podrá repartir la cuantía actual, porque las recaudaciones que alimentan este fondo han ido a menos y las exigencias del cumplimiento del déficit son lo suficientemente tajantes como para que al Gobierno no le ocurra contravenirlas.
Serán muchas comunidades las que, inevitablemente, perderán en la negociación del próximo modelo que debería quedar cerrado el próximo semestre, y Cantabria es la principal candidata, puesto que ha sido la mejor tratada hasta ahora. Tanto si se tiende a igualar la financiación que recibe cada comunidad por habitante como si el objetivo es beneficiar a los que recibían menos, Cantabria tendrá que renunciar a parte de lo que recibía. Y traducido a dinero, esa renuncia va a suponer muchos millones de euros.
Nuestra comunidad ha venido recibiendo nada menos que 315 millones de euros más al año que la media de las regiones españolas. En los cuatro años de vigencia del modelo, eso significa que ha recibido 1.260 millones por encima de la media, un regalo que, en realidad, es producto de circunstancias como la escasa población y dispersión de los habitantes, que vienen a encajar como un guante en el modelo que se estableció en 2009. Cantabria cumplía casi todas las condiciones que en la fórmula de reparto pactada daban derecho a una sobrefinanciación y la suma de todas ellas ha dado lugar a esos 600 euros más por habitante que la media.
El polinomio para fijar las cantidades no es sencillo pero la filosofía sí: lo que se pretende es que todos los españoles tengan acceso a los mismos servicios, vivan donde vivan, y como no cuestan lo mismo la dependencia, las prestaciones sanitarias o la escolarización en una comunidad mayoritariamente urbana que en otra rural, el Estado destina cantidades diferentes para que ninguna pueda zafarse de estas responsabilidades.
Como esas circunstancias territoriales y sociológicas son objetivas, Cantabria ya venía siendo mucho mejor tratada que la media anteriormente pero nunca tanto como en el sistema actual. Bien fuese por el hecho de que en ese momento coincidían en la región y en España gobiernos del mismo color (en ese caso, socialistas) o por una negociación eficaz por parte de la comunidad cántabra, lo cierto es que el modelo de reparto de 2009 le encajaba a la región mejor que a ninguna otra, puesto que ponderaba, sobre todo, la dispersión poblacional, el factor que más favorece a Cantabria. Si en el modelo precedente recibía un 17% más que la media, con el ahora vigente pasó a recibir un 25% más.

Nada podría compensarlo

Sólo con perder esa mejora en la negociación que Montoro abrió el 18 de diciembre con la creación de un grupo previo de trabajo, y quedarse como estaba anteriormente, Cantabria perdería 800 millones de euros, demasiado dinero como para que resulte compensado por una mejora de la economía privada o por otros factores endógenos.Con esa perspectiva tan sombría, Cantabria no solo es la región que más tiene que temer en la negociación del nuevo modelo, sino que también es la comunidad que más obligada está a repensar su futuro. No hay fábricas, nuevas ni viejas, que puedan generar un valor añadido semejante.
Aunque en estos momentos también haya una coincidencia en el color político de la administración regional y la nacional (ahora gobernadas por el PP) será muy difícil defender la posición en un contexto más complejo, con unas tensiones territoriales extraordinariamente fuertes y con un peso político muy escaso.

Agudo: ‘Este es nuestro hecho diferencial’

El exconsejero de Economía, Ángel Agudo, que negoció el anterior modelo en representación de Cantabria, es tajante: “Cara al proceso negociador, tenemos que hacer valer, con peso político y con argumentos lo que constituye nuestro hecho diferencial: el tamaño de la población, la dispersión y la tasa de envejecimiento. Son estos movimientos, analizados en su conjunto, los que explican que los costes fijos en la provisión de los servicios públicos fundamentales (la sanidad, la educación y los servicios derivados de la Ley de Dependencia) sean en Cantabria un 20% superiores a la media de las comunidades autónomas”.
“Esto es”, remacha Agudo, “lo que nos obliga a reclamar, en cualquier estrategia de negociación, que se tenga en cuenta esta circunstancia y a convertir en un objetivo irrenunciable que Cantabria se mantenga a la cabeza de la financiación autonómica”.
Con la experiencia de quien ya negoció, el exconsejero sugiere apoyarse en otras comunidades con las que Cantabria comparte circunstancias y hacer valer el peso de esta unión frente a las regiones que intentarán que únicamente compute el criterio de población, como pueden reclamar Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana. En este caso, los aliados de Cantabria serían Galicia, las dos Castillas, Asturias, La Rioja, Aragón y Extremadura, más de la mitad de las regiones afectadas por el modelo. Para Agudo formar un grupo tan amplio sería “una buena baza para la negociación”.
El exconsejero advierte que nos jugamos demasiado como para que todos los partidos políticos de Cantabria dejen al margen sus diferencias y suscriban un Pacto Regional.
El PSOE tiene la intención de instar al Gobierno a que lo promueva pero incluso en el caso de que se consiga ese acuerdo entre partidos, las perspectivas para Cantabria no son, ni mucho menos, favorables: esta vez la manta ha encogido y todas las comunidades están dispuestas a tirar con más fuerza para tratar de quedar tapadas, especialmente las que más pagan, que no quieren pecar esta vez de generosas.