Aerogeneradores: la batalla del fracking reproducida

A estas alturas, el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020 ya tenía que estar ejecutado, vencido y sustituido por otro nuevo, pero lo cierto es que no ocurre nada de eso. La comunidad acabó la década con los mismos 800 Mw de generación con que empezó. En realidad, menos, porque se mantienen la central de Aguayo, una planta de biomasa y varias pequeñas hidroeléctricas, pero entre las cogeneraciones de las grandes fábricas se ha dado de baja la de Sniace. 800 Mw cuando se presumía que solo en renovables la región tendría casi 2.500 instalados. Ni se cumplieron las previsiones de eólica, ni las de solar, biomasa, energías marinas o biocarburantes. Ninguna.

Dentro de ese marco se amparaba la instalación de  703 Mw de aerogeneradores, la mitad de los que en su día llegó a sumar el anulado concurso eólico, pero no se ha añadido prácticamente ninguno, lo que no significa que no haya interesados. En realidad, sobran. Si se suman los proyectos presentados hasta el momento en la Administración regional (800 Mw) y los registrado en el Ministerio de Transición Ecológica (795 Mw) se alcanza la cifra récord de 1.595 Mw. Y, esta vez, sin el incentivo de poder conseguir subvenciones por la energía producida, porque los promotores confían en que las buenas condiciones de viento de la región hagan rentable per se estas instalaciones.

Este recuento de proyectos lo han hecho las plataformas que han surgido contra la implantación de molinos en la mayoría de los emplazamientos previstos, lo que pone de relieve dos circunstancias contrapuestas: el enorme empuje de los promotores y la gran resistencia, a su vez, que empieza a surgir en las zonas afectadas, y que ya está implicando a los representantes políticos, a través de declaraciones de los plenos municipales. Todo ello augura un conflicto inevitable, como el que se vivió contra el fracking, también trasladado al campo político, aunque esta vez con algunos cambios de bando significativos.

Lo único seguro, por el momento, es que no se podrá realizar esta gigantesca inversión en su totalidad (unos 1.500 millones de euros), porque el propio marco vigente apenas contempla la mitad, y porque las presiones populares sustanciarán en una miriada de recursos, muchos de los cuales acabarán en los tribunales. Es probable, incluso, que los promotores ya cuenten con ello, y la suya sea una estrategia de bombardeo masivo de proyectos, para tener más probabilidades estadísticas de poder sacar adelante solo algunos de ellos.

Gestionarlo no va a ser fácil para el Gobierno regional de PRC-PSOE, ya que va a tener enfrente a buena parte de su base electoral, que se opone a muchos de estos parques, y aunque la tramitación está reglada por vías administrativas, el conflicto tendrá un evidente coste político, justo antes de las elecciones. Más aún porque el PP ya se ha descolgado abiertamente contra muchos de los parques previstos, por boca de su diputado Lorenzo Vidal de la Peña, expresidente de la CEOE cántabra.