La crisis económica enmascara la siniestralidad laboral
En la larga lucha contra la siniestralidad laboral emergen, de vez en cuando, cifras que podrían hacer pensar que se está ganando la batalla. Es el caso de la llamativa reducción del 28% en el porcentaje de accidentes laborales registrados en Cantabria entre noviembre de 2008 y octubre de 2009, si se compara con idéntico periodo de un año antes. En números absolutos, habríamos pasado de 8.215 accidentes a tan solo 5.904. El porcentaje de disminución de estos percances laborales es aún más rotundo si se atiende a sectores como el de la construcción, donde la caída de la siniestralidad ha sido mucho más drástica. Nada menos que un 40% en el periodo señalado.
A nadie se le escapa que estas cifras no responden a un repentino éxito de las políticas de prevención, sino a la caída de la actividad económica, que ha reducido el número de trabajadores en activo y, con ello, la cifra de accidentes. Ningún ejemplo refuerza mejor esta evidencia que lo ocurrido en el sector de la construcción, donde la paralización de la actividad es mucho más acusada que en otros ámbitos de la economía.
Lo cierto es que el índice de siniestralidad, es decir el número de accidentes laborales por cada cien mil trabajadores, que es el que de verdad mide el alcance de esta lacra social, continúa en valores similares a los que se vienen dando en los últimos años y que duplican holgadamente la media europea. Mientras en España nos situamos en 28, el índice medio europeo no sobrepasa el 12. Es verdad que no todos los países utilizan los mismos parámetros, como ocurre con los accidentes in itinere (es decir, los que tiene lugar en los desplazamientos hacia o desde el centro de trabajo), que sí se contempla en España y no suelen computarse en Europa. Pero también es cierto que en el caso español hay accidentes de clara raíz laboral, como los que sufren los conductores profesionales, especialmente en furgonetas de reparto, que no se computan como siniestro laboral sino como accidente de tráfico. Se estima que alrededor de un 26% de estos percances no se computan como laborales.
En cualquier caso, las cifras de siniestralidad españolas (las cántabras se mueven en porcentajes similares) son lo bastante elevadas como para llamar una vez más la atención sobre los fallos de un sistema de prevención que cuenta con toda clase de leyes, técnicamente muy completas, pero que continúa careciendo de medios suficientes para ser efectivo y en el que sigue fallando la sensibilización de empresarios y trabajadores.
Llegar a la pequeña empresa
El territorio en el que se debe ganar esta batalla no es otro que el de la pequeña empresa. No en balde, el 80% del tejido empresarial de Cantabria está formado por pequeñas y medianas empresas y un buen número de ellas son micropymes, con plantillas por debajo de la docena de trabajadores.
Con la puesta en marcha de la Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo, un plan para la reducción de la siniestralidad que comenzó a aplicarse el pasado año y tiene como horizonte 2012, la falta de recursos para aplicar las medidas de prevención que exige la ley ya no es un obstáculo. El plan prevé mecanismos para asesorar a todos los pequeños empresarios que lo soliciten en la implantación de esas medidas. No sólo se le facilita la tutela de un técnico en prevención para evaluar los riesgos laborales que existen en su empresa sino que también se ha simplificado la documentación que deben presentar y ahora es bastante menos compleja que la exigida a las que sobrepasan los cincuenta empleados.
Faltan técnicos
El problema surge cuando a la falta de recursos de la Administración se suman las dificultades objetivas que existen para sensibilizar al pequeño empresario. Al menos así es visto por sindicalistas que llevan muchos años bregando con este problema en Cantabria. Dónde están los técnicos suficientes para visitar esas empresas, se preguntan. Tampoco es fácil saber dónde está el registro al que los empresarios deberían ir a solicitar la ayuda para ser tutelados por la Administración, si es que existe.
Cantabria ha sido puntera en España en la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y cuenta con técnicos en prevención muy cualificados, pero la docena de expertos que formaban la plantilla del antiguo Centro de Salud Laboral, integrada ahora en el recientemente creado Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, no sólo no se ha reforzado sino que ha sufrido algunas bajas por jubilación.
Tampoco el número de inspectores de trabajo (13) parece el adecuado para dar un impulso decisivo a la estrategia de lucha contra la siniestralidad laboral. Una limitación de medios que se complica por el hecho de ser una de las pocas comunidades en las que no ha sido posible habilitar a los técnicos del Instituto de Salud Laboral para que hagan labores de apoyo a los inspectores de trabajo. Estos técnicos habilitados actúan en otras comunidades visitando empresas en las que se ha producido un accidente laboral y elaboran los informes que luego servirán de base a la Inspección de Trabajo para determinar si los hechos son sancionables o no. Pero la falta de entendimiento entre ambos cuerpos lo ha hecho imposible y los técnicos solo actúan a requerimiento de los inspectores de Trabajo. “Tenemos gente muy cualificada desaprovechada”, es el resumen que hace José Luis Hernando, secretario de Salud Laboral de UGT en Cantabria.
Los responsable sindicales tienen que luchar también contra la tentación de delegados y comités de empresa de utilizar la falta de medidas preventivas como arma arrojadiza contra el empresario. “Al empresario hay que concienciarle” –señala Hernando–. “De qué me vale que le denuncies y le obligues a poner medidas preventivas si después nadie te enseña a utilizarlas y nadie te vigila para que las utilices. Yo” –concluye el secretario de Salud Laboral de UGT– “conozco muy pocas sanciones de los empresarios a trabajadores que no hayan utilizado las medidas preventivas”.
Quizá la medida más efectiva para concienciar a los empresarios sea un proyecto de ley para bonificar en las cuotas de la Seguridad Social a los empresarios que no tengan siniestralidad o que se acojan a programas de formación preventiva.
La contrapartida sería penalizar a los empresarios que tengan una siniestralidad más elevada de lo razonable con un recargo en las cotizaciones. Claro que aquí se da cierta picaresca por parte de algunas empresas que, para no ingresar en el listado de alta siniestralidad del Gobierno regional –las que han tenido más de cuatro accidentes laborales en un año– recurren, con la complicidad del trabajador, a enviarle a su casa, si el accidente no reviste demasiada gravedad, para que sea atendido por un médico de la empresa.
El agujero negro de las enfermedades profesionales
Si en el campo de los accidentes laborales queda mucho por hacer, en el de las enfermedades profesionales la tarea es inmensa. El número de las que se declaran en Cantabria es mínimo en comparación con las que se detectan en comunidades como Navarra y el País Vasco, mucho más avanzadas en la lucha contra la enfermedad profesional. Mientras que en nuestra región la incidencia el pasado mes de mayo era de una enfermedad profesional por cada 998 trabajadores, en Navarra, por ejemplo, era de una por cada 354. En esta mayor eficacia en el diagnóstico tiene mucho que ver la aplicación en esa comunidad de lo que se conoce como médicos centinelas. Se trata de una herramienta informática puesta en manos de los médicos de atención primaria para que, si en sus consultas detectan que una dolencia puede tener su origen en el trabajo, lo pongan inmediatamente en conocimiento del Instituto de Salud Laboral para que investiguen esa patología. Esa tarea de detección precoz la deberían hacer también las mutuas, pero los sindicatos les reprochan que, para no asumir los gastos que genera una enfermedad profesional, suelen derivar esos enfermos hacia la sanidad pública.
Esas enfermedades profesionales aparentemente inexistentes dan lugar a paradojas como que en Cantabria se estén pagando en este momento 16.000 pensiones de viudedad o de incapacidad derivadas de patologías laborales, a pesar de que en las cifras oficiales la enfermedad profesional prácticamente no existe.
