La difícil tramitación ambiental de los parques dejará el Plan Eólico en la mitad

El Plan Eólico Regional ha pasado desapercibido hasta hace poco más de un mes. Ni el autobús-expositor que se ha desplazado por numerosos pueblos ni las comparecencias de prensa habían suscitado mayor interés hasta que grupos conservacionistas han irrumpido con fuerza en una polémica a la que se ha subido el Partido Popular, que hasta ese momento no se había pronunciado. Nadie pone en cuestión la energía eólica pero sí se cuestiona la potencia que el Gobierno pretende autorizar. Cantabria ha pasado de la actitud más remisa, interrumpiendo desde hace ocho años las licencias con una moratoria, a la más decidida: un concurso para llegar a 1.500 megavatios de potencia eólica instalada. Si funcionasen de continuo, algo que no ocurre con la energía eólica, casi podrían abastecer todas las necesidades eléctricas de la región.
En realidad, instalar una potencia semejante es más complicado que reflejarlo en el Boletín Oficial de Cantabria y no por el hecho de que los trabajos de construcción de los parques durarán, como poco, ocho años, sino por las complicaciones legales y ambientales que tendrá que salvar cada uno de ellos antes de tener el visto bueno. Tantos que, según los expertos, probablemente no lleguen a instalarse más allá de 600 o 700 megavatios.
El Gobierno encargó un estudio a la Universidad de Cantabria para analizar los emplazamientos más adecuados y el resultado, más que un mapa con los vientos más favorables en velocidad y continuidad, es lo que queda tras una serie de descartes. Por una u otra razón (hasta veinte parámetros distintos) se han ido desechando emplazamientos hasta dejar aquellos que, teniendo viento suficiente, presentaban menos problemas de proximidad a núcleos habitados, interferencia con especies animales o vegetales protegidas, impacto visual, afecciones arqueológicas o problemas de evacuación de la energía producida, entre otras.
Después de pasar por tantos tamices, el mapa final le ha servido al Gobierno para decidir siete grandes zonas explotables. Luego, será la empresa o el consorcio adjudicatario de cada una de ellas quien decida el emplazamiento exacto de los parques y, dentro de ello, la ubicación de cada una de las torres.
El proceso en realidad comienza ahí, cuando el adjudicatario elija los mejores lugares para instalar los molinos, en función de los estudios sobre los vientos de la zona que tenga hechos o los que empiece a hacer a partir de la adjudicación, porque, aunque parezca poco verosímil, muchos concurrentes se van a presentar sin tener constancia real de cómo son los aires de la zona que pretenden. Por el momento, parecen más preocupados por la cantidad (conseguir el mayor número posible de megavatios) que por la calidad (las mejores demarcaciones).
A partir de ese momento tendrá que hacerse la tramitación ambiental de cada parque y, aunque en teoría, debiera ser rápidamente resuelta, puesto que en el Plan Eólico ya ha evaluado las afecciones y ha elegido los emplazamientos menos conflictivos, nada garantiza que sea así. Incluso puede darse la circunstancia de que la Consejería de Medio Ambiente impida instalar molinos en muchos de los lugares que propone la de Industria.
El ‘ajuste fino’ que supone el elegir el lugar con mejores vientos y menos problemáticos en su relación con el medio ambiente y con las comunidades habitadas dentro de las zonas propuestas en el concurso, no será, por tanto nada fácil. Algunos de quienes pretenden concurrir se muestran convencidos de que en ese proceso caerán, al menos, la mitad de los megavatios autorizados. Y el resto, los 600 o 700 Mw que acabarán por convertirse en molinos reales, tendrán una lenta y compleja tramitación, aunque nadie quiere utilizar una referencia maldita: los veinte años que ha cumplido el proyecto aún inconcluso del tendido eléctrico de 400 kilovoltios entre Soto de Ribera y Penagos, a consecuencia de los muchísimos tropiezos sufridos en su tramitación.
De ser así, el impacto real de Plan sobre el paisaje va a ser bastante menor del que se ha especulado. En cualquier caso, el Gobierno parece buscar la máxima producción con el mínimo número de torres, al calcular que no serán necesarios más de 600 molinos para alcanzar los 1.400 megavatios de potencia que han salido a concurso. Esto supondría contar con máquinas de al menos 2,5 megavatios de potencia, unos molinos que aún hoy no son frecuentes. El Ejecutivo cántabro piensa que el tiempo jugará en su favor de forma que cuando los parques empiecen a instalarse, lo que en el mejor de los casos ocurrirá dentro de dos años y medio y en en el peor en no menos de ocho, ya serán habituales los aerogeneradores de 3 y de 3,5 megavatios, lo que reduciría aún más el número de molinos.
La ventaja de tener menos torres es evidente, pero la desventaja es que cada una de ellas será más alta. Frente a los 44 metros de mástil que tienen las instaladas en el parque de Cañoneras, el único que existe en Cantabria y que está basado en máquinas de 850 kw, los molinos con potencias dos y tres veces superiores sobrepasan los cien metros de altura, ya que necesitan palas de mayor tamaño.
Aunque es probable que las dimensiones no sigan creciendo, la visibilidad de cada una de estas enormes torres es, obviamente, mayor.
El tiempo corre muy deprisa en el sector, tanto que no resulta fácil hacer previsiones para un Plan que tendrá un proceso de implantación largo, quizá demasiado largo para unas concesiones relativamente cortas. La vida útil de un aerogenerador se estima en veinte años y ese será el plazo de las concesiones, si bien, como ocurrió con las centrales nucleares, el legislador es muy cauteloso en este terreno por falta de referencias históricas y no es descartable que las concesiones algún día se amplíen. Pero incluso en ese caso, los aerogeneradores que ahora se monten tendrán que ser desmantelados porque en ese plazo habrán quedado obsoletos con respecto a la eficiencia y potencia de los que lleguen al mercado para entonces. Tampoco las plataformas sobre las que se asienten valdrían para acoger aparatos con más potencia.
Para curarse en salud, el Gobierno va a exigir a los adjudicatarios de las concesiones un aval que ejecutará en el caso de que no cumplan con esta obligación de retirar los aerogeneradores dentro de veinte años, y que le resarcirá de tener que hacerlo de oficio.