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Autonomía y sentido común

Hay ocasiones en que se agradece que el presidente cántabro, Miguel Angel Revilla no se atenga a lo políticamente correcto. De haberse dejado llevar por la opinión autonomista tópica, tendría que haber saludado la sentencia que obliga al Estado a dejar en manos de las comunidades autónomas la gestión de los parques nacionales, una de las pocas prerrogativas territoriales que hasta ahora conservaba Madrid. Pero Revilla ha roto el guión al decir que hubiese preferido que el Estado conservara la gestión de Picos de Europa, como ha ocurrido hasta ahora, entre otras cosas porque no será sencillo coordinar la opinión de las tres regiones que lo comparten.
A pesar de lo que pueda parecer, con esta posición, Revilla no va en contra de los intereses regionales. Es casi seguro que, de haber sido responsabilidad de la autonomía, Picos de Europa no hubiese sido nunca un parque natural. Basta recordar la enorme presión que se creó en 1992 y 1993 en la zona contra tal designación, que según algunos iba a convertir Liébana en “una reserva de indios”. Por no hablar de la indolencia con que durante más de una década se han gestionado los parques regionales, para los que el anterior consejero de medio Ambiente no se tomó siquiera la molestia de hacer planes de uso y gestión, con lo que avalaba las tesis más anticonservacionistas, que consideran los parques como una rémora al desarrollo.
Hay políticas que sólo pueden hacerse desde la distancia. Cuando el PSOE, estando en la oposición, propuso crear agencias tributarias regionales puso en peligro un sistema que, con sus innegables deficiencias, funciona relativamente bien. Los inspectores fiscales, como los jueces, cuanto más ajenos sean al ámbito social en el que han de ejercer su función, más independencia tendrán en su trabajo y cuando esta tareas son tan sensibles a las presiones, todas las cautelas parecen pocas, y una de las más obvias es mantener las distancias. En una comunidad autónoma como la nuestra, con poco más de 500.000 habitantes, resulta poco menos que imposible suponer que no hay al menos un ámbito en el que se crucen las vidas de quienes tienen que juzgar o inspeccionar y quienes son juzgados o inspeccionados. Por otra parte, es infinitamente más fácil influir sobre un funcionario que tenga su residencia definitiva en la región que sobre aquel otro que sabe que va a saltar de destino en destino, sin tiempo para forjar vínculos emocionales con ninguno de ellos.
La autonomía es muy útil pero es preferible dejarla fuera de algunos ámbitos. En nada menoscaba el autogobierno que los parques nacionales o los museos nacionales sean siendo regidos desde Madrid o el que haya una sola Agencia Tributaria. Suponer lo contrario, nos llevaría a debate infinito y estéril, dado que por idénticas razones, cualquier municipio podría exigir la asunción de competencias regionales bajo el argumento de que está aún más cerca de los vecinos y, supuestamente, las ejercería mejor. Basta ver los problemas que ha dado el urbanismo para comprender que hay políticas que cuanto más lejos estén de quienes tienen capacidad de presión, más seguro es que se ejercerán con equidad. La mayor parte de los ayuntamientos no tiene capacidad de resistirse a las presiones económicas o políticas y, en muchos casos, las regiones, tampoco. Un consejero es mucho más vulnerable que un ministro para la sencilla razón de que resulta mucho más accesible. Y por mucha parafernalia de que se rodee, seguirá estando al alcance casi de cualquiera. ¿Estarán mejor protegidos los parques nacionales desde las autonomías?

El dólar y nosotros

En febrero de 2002, un euro valía tan solo 0,84 dólares. Ahora, cotiza por encima de 1,30, lo que supone una variación de un 56%. Y resulta extraño que una evolución semejante se produzca sin que nada lo justifique ni nadie se tome la molestia de hacerlo. La única explicación es que, al parecer, a EE UU le conviene la languidez de su moneda para impulsar sus exportaciones y captar fondos para financiar el desaforado incremento de su deuda.
Las Cámaras de Comercio han alertado, por fin, de que una situación semejante conduce a Europa a un problema serio en un plazo muy breve. Aunque aparentemente haya sido acogido con cierta complacencia general, porque el abaratamiento del dólar reduce los efectos del encarecimiento del petróleo, antes o después va a provocar una crisis en las exportaciones de nuestro continente, en detrimento, por supuesto, de los fabricantes norteamericanos y, sobre todo, de los chinos, que a su proverbial competitividad unen ahora el hecho de que su moneda, el yuan, está encadenada con el dólar a través de un cambio fijo.
Es cierto que los productos europeos no se compran sólo por el precio, como puede ocurrir con los orientales, pero también es indudable que la situación actual no puede sostenerse. Estados Unidos está trasladando a Europa su propia crisis financiera pero debe ser consciente de que esa solución tampoco va a resolver sus problemas. Simplemente, los aplazará.
Europa entendió con buen criterio que vincular las cotizaciones de los estados miembros era más beneficioso para todos los miembros que el derecho de cada país a fijar su cotización. Esa estabilidad en los cambios ha podido plasmarse incluso en una moneda única. Por eso, utilizar los cambios de una manera tan especulativa como lo está haciendo ahora Estados Unidos parece un retroceso en el tiempo. Los mercados desarrollados lo que necesitan es estabilidad y no jugadores de ventaja, porque el tiempo demostrará muy pronto que este tipo de prácticas no beneficia tampoco a quien las utiliza.

Cláusulas confidenciales

El expediente para el despido de 80 trabajadores de Astander ha sido rechazado por las autoridades de trabajo de Cantabria por diversas razones, pero una de las más importantes es la aparente contradicción de esta medida con los compromisos que había asumido el actual propietario de la empresa al adquirírsela a la SEPI. No obstante, ese compromiso no está acreditado documentalmente. Si realmente existe, figura en los acuerdos de venta y estos acuerdos le han sido negados a Trabajo con el argumento de que en ellos figuran cláusulas confidenciales.
No es la primera vez ni será la última, que la venta de una empresa tiene este tipo de cláusulas. Pero no parece lógico que, si quien vende es el Estado, admita o imponga condiciones que nadie debe conocer. Lo que resulta admisible entre particulares, está cada vez peor visto en las sociedades cotizadas, que deben ser transparentes al menos ante sus accionistas, y difícilmente puede justificarse cuando se venden propiedades públicas, porque da a entender que hay algo inconfesable en la operación. Cualquier enajenación de patrimonio público (y una empresa pública también lo es) debe ser perfectamente transparente, para que todos los potenciales compradores tengan las mismas oportunidades y el adjudicatario sea quien mejores condiciones ofrezca.
No resulta comprensible que el Partido Popular que tanto criticó la reprivatización de las empresas de Rumasa, por su opacidad, haya cometido errores semejantes. Es cierto que una empresa no es un mero objeto y que el precio es sólo una de las referencias que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir el adjudicatario, en la que se valoran con más atención aspectos como las garantías de continuidad que ofrece el comprador, las inversiones que pueda realizar o sus posibilidades para relanzarla. Pero cualquiera de esas circunstancias puede y debe ser manifestada sin complejos ante la ciudadanía.
El astillero cántabro fue vendido en una cuantía tan simbólica que, de no haber sido por los pasivos que arrastraba, hubiese podido ser considerado un regalo. Nadie se quejó por ello, porque todo el mundo era consciente de que no es fácil asumir un reto como el de gestionar una instalación de este tipo. Pero no tiene sentido que, en semejantes circunstancias, algunas de las condiciones de la venta fueran secretas. ¿Para qué o para quién? ¿Para que no las conociesen los trabajadores y no se alarmasen? ¿Para que supiesen de ellas otros astilleros competidores que pudieran haber optado a la compra? ¿O para que Bruselas no conociese alguna subvención irregular? Fuese cual fuese, sólo cabe sospechar que quien lo hizo intentaba ocultar algo de lo que no se sentía demasiado orgulloso. Además de irregular, es demasiado corporativo que los gestores actuales de la SEPI sigan manteniendo la misma opacidad sobre aquella operación.