Las primeras elecciones de la democracia en el campo

Ninguna organización había pedido las elecciones sindicales y es dudoso que su resultado mejore el actual esquema de relación entre la Administración y los representantes del sector agrario en Cantabria, pero el Gobierno regional ha dado repentinamente el banderazo de salida para acometerlas el próximo mes de noviembre. Serán las primeras elecciones que se celebran en el sector agrario desde el restablecimiento de la democracia.
La convocatoria, que ha cogido por sorpresa a los sindicatos, trata de poner en marcha la Cámara Agraria de Cantabria, un organismo que viene a sustituir a las viejas cámaras locales, cuya utilidad era más que dudosa en estos tiempos. Las organizaciones profesionales agrarias no ven con mucho entusiasmo la revitalización de un órgano cuya creación estuvo ligada a los sindicatos verticales y cuyo marco de actuación ha sido desbordado por la dinámica reivindicativa del sector agrario y la aparición de sindicatos democráticos. Muchos de los servicios que las Cámaras prestaban a los agricultores y ganaderos han sido asumidos en la práctica por las cooperativas y por las propias organizaciones agrarias, que deberán afrontar el reto de movilizar al electorado con el poco ilusionante reclamo de configurar una institución a la que la ley regional de 1998 atribuye funciones puramente consultivas. “No queremos que el ganadero se engañe sobre las competencias reales de este organismo” –explica Gaspar Quintial, secretario de ASAJA–. “Hemos visto ya en otras comunidades que el ganadero se ha desilusionado y en la siguientes elecciones muchos se han abstenido”.
Hasta el momento se han constituido las Cámaras Agrarias de nueve autonomías, en algunas de las cuales, como Cataluña o Aragón, se han celebrado ya dos elecciones (la ley establece que se convoquen cada cuatro años). En la Cornisa Cantábrica tan sólo se han celebrado elecciones en Asturias y es dudoso que en el País Vasco lleguen a convocarse.

Un órgano consultivo

La Cámara Agraria de Cantabria ha sido diseñada para ser el órgano de colaboración con las administraciones públicas, con funciones similares a las que realiza el Consejo Económico y Social en otros sectores. La ley reserva expresamente a las organizaciones profesionales agrarias los aspectos reivindicativos o de negociación, por lo que los sindicatos seguirán siendo el cauce por el que los ganaderos y agricultores se relacionen con la administración para la defensa de sus intereses.
Otro de los cometidos de la Cámara Agraria será la administración del patrimonio de las antiguas Cámaras locales. A diferencia de otras comunidades, cuyas Cámaras provinciales son titulares de un patrimonio importante, el de la cámara cántabra no es muy significativo y se concreta en algunos locales y terrenos que en varios casos están siendo utilizados como centro de salud o han servido para la construcción de viviendas sociales. Ayuntamientos como Villacarriedo, Potes, Miengo o Reocín son los que cuentan con un patrimonio más relevante, a los que habría que añadir las oficinas que ocupaba la Cámara Provincial de Santander en un inmueble de la capital cántabra.

Un censo de diez mil votantes

El votante en estas elecciones será el ganadero o agricultor cántabro afiliado al régimen especial agrario de la Seguridad Social o al de trabajadores autónomos. En Cantabria ostentan esta condición 9.726 personas que alcanza tanto al titular de la explotación como al cónyuge colaborador. Este censo deberá ser depurado en función de las prejubilaciones pactadas con la Administración en los últimos años, puesto que se busca que tomen parte en la votación tan sólo aquellos que realmente estén en activo.
Otra cuestión sobre la que sindicatos y Administración buscan un acuerdo es como articular el derecho de sufragio de las cerca de 250 sociedades, SAT y cooperativas que existen en Cantabria, ya que la ley establece que los entes jurídicos también tienen voto. Organizaciones sindicales como UGAM–COAG ya han adelantado su posición al respecto: “Nosotros defenderemos el voto de las personas” –afirma su secretario general Alejandro Mazorra– ”y nos oponemos a que voten las empresas. En unas elecciones, que para nosotros son sindicales, las personas son lo primero y no los litros de leche”.
Para hacer frente a los gastos electorales, la Consejería ha dispuesto una partida presupuestaria de tres millones de pesetas, juzgada como muy insuficiente por los sindicatos que estarían dispuestos a retrasar las elecciones hasta el 2002 para que la administración regional pueda aumentar la dotación presupuestaria.

El futuro de la Mesa Regional Agraria

Aunque la función que se atribuye a la nueva Cámara sea de muy escaso calado, el proceso electoral que comporta puede dar lugar a toda una revolución en el campo cántabro, ya que hasta ahora nunca se habían medido las fuerzas y tanto los propios sindicatos como las Administraciones públicas preferían pensar que todos tenían la misma representatividad, tanto en la negociación como en el reparto de subvenciones.
Esta ficción estuvo a punto de ser resuelta a comienzos de la democracia, ya que en varias ocasiones se planteó la necesidad de convocar elecciones en el campo, exactamente igual que se convocaban con regularidad en la industria o en los servicios, pero por una u otra causa sufrieron retrasos hasta que las transferencias a las comunidades autónomas le quitaron al Estado el problema de las manos.
Tampoco las autonomías fueron más diligentes a la hora de convocar elecciones y las pocas que lo han hecho han esperado más de una década, además de utilizar una vía indirecta (las Cámaras) para medir la representatividad real de cada sindicatos agrario (cuatro en el caso de Cantabria). Bien es cierto que tampoco los sindicatos tenían interés en agilizarlas, dado que su fuerza en el sector agrario siempre fue menor que en el industrial y la mayoría de ellos tienen más que perder que lo que puedan ganar. Un proceso electoral es demasiado caro para sus precarias economías y presumiblemente abrirá fisuras en una política que en los últimos años casi ha sido de consenso a la hora de actuar frente a la Administración.
Las cuatro organizaciones cántabras –ASAJA, UGAM-COAG, SDGM-UPA y AIGAS– tienen una cuota de representación paritaria en todas las instituciones, desde la Mesa Regional Agraria (auténtico órgano de interlocución del sector) como en el Laboratorio Interprofesional Lechero. Aunque las elecciones no afectan a estos órganos, es presumible que acabe por implicar a todos ellos. El umbral del 15% de los votos que establece la ley cántabra de Cámaras como frontera para que una organización agraria sea incluida entre las más representativas, va a dejar descolgado, casi con seguridad a alguno de los cuatro sindicatos. “Yo voy a seguir manteniendo la Mesa Regional Agraria” –afirma el Consejero de Ganadería José Alvarez Gancedo– “pero, ¿Cómo convoco al que no tiene representación?. La ley establece unos mínimos para tener representatividad y después de las elecciones habrá que modificar la composición de la Mesa según los resultados”.

¿Alianzas?

Tanto ASAJA como COAG y en menor medida UPA, son fuerzas sindicales de carácter nacional y con fuerte implantación en otras comunidades. El papel más débil parece corresponderle en principio a AIGAS, una organización nacida en Cantabria cuyo bajo número de afiliados –aunque entre ellos se encuentren algunos de los mayores productores de leche de la región– parece otorgarle pocas posibilidades en unas elecciones sindicales. Esta evidencia ha hecho que en comunidades como la asturiana, una organización similar –FAIGAS– haya acudido a los comicios coaligada con ASAJA; sin embargo esta posibilidad no ha sido todavía contemplada por los responsables de la cántabra AIGAS, que tratan de preservar su autonomía: “Tenemos pocos afiliados pero muy fieles” –afirma Noelia Polanco, secretaria general de esta organización– “y vamos a intentar mantener nuestra independencia”.
En las comunidades donde ya se han celebrado elecciones, las dos fuerzas más representativas han sido ASAJA y COAG, que se han repartido cerca del 80% de los votos. En Cantabria ambas organizaciones dicen contar con un número similar de afiliados: 1.500 para UGAM y 1.200 para ASAJA, pero la fiabilidad de estos datos es muy relativa. La posición de partida es bastante menos sólida en el SDGM-UPA que guarda silencio sobre su número de afiliados y se remite a las elecciones para disipar todas las dudas: “En Cantabria las cosas son diferentes” –subraya el portavoz de SDGM Francisco Gutiérrez– “Nuestro sindicato fue el primero que se dio de alta cuando llegó la democracia y aunque pensamos que estas elecciones no valen para nada, las afrontamos con voluntad de ganarlas”.

Represalia

El hecho de que hayan sido convocadas de manera inesperada y después de una época de fuertes tensiones con la Consejería, ha alimentado en medios sindicales la sospecha de que puedan ser la respuesta de Alvarez Gancedo a la presión que su departamento ha soportado con motivo de la petición de ayudas para paliar los efectos comerciales de la EEB y la fiebre aftosa, que llegó a provocar fuertes contradicciones con su propio grupo parlamentario.
Sea como fuere, los sindicatos advierten que no van a dejarse arrastrar a una dinámica de enfrentamiento entre organizaciones, tal y como expresa el secretario general de Jóvenes Agricultores: “Si yo tuviera la sospecha de que la Administración lo que quiere es quitaranos de en medio unos meses para que nos enzarcemos entre nosotros, automáticamente buscaríamos la forma de ponernos de acuerdo para sacar adelante nuestras reivindicaciones”.
En cualquier caso, todo el mundo mide sus fuerzas. Lo que nadie tiene claro es qué hacer, una vez que tomen posesión, con la Cámara Agraria, un organismo que nunca ha interesado a los sindicatos, hasta el punto que ninguno recuerda muy bien cuando cesó el último presidente de la Cámara provincial, Justo de las Cuevas, si es que cesó y, mucho menos, cuando fue nombrado, allá por los años 70.