Llegan los colegios de la financiación privada

Cuando el Gobierno de coalición del PSOE y PRC llegó al poder en Cantabria en 2003, sobre la mesa de la consejera de Educación aguardaba un plan de mejora de infraestructuras elaborado por el Consejo Escolar. El informe estaba listo desde al menos un año antes, pero nada se había hecho hasta ese momento, a pesar de las quejas de la comunidad educativa. La urgencia de la situación coincidía también con la prioridad que el nuevo Gobierno quería dar a parcelas como la sanidad o la educación.
El primer paso de la nueva consejera, Rosa Eva Díaz-Tezanos, fue recibir a representantes de los ayuntamientos y directores de colegios para evaluar la situación y el mensaje más oído fue que en muchos centros no se había hecho obra desde hacía mucho tiempo y que su deterioro exigía una rápida intervención.
A la necesidad de realizar obras de mantenimiento en los colegios ya existentes se unía la de edificar nuevos centros en algunas localidades para atender la escolarización emergente que se había producido en los últimos años por la llegada de nueva población.
Pero el propósito de la Consejería iba más allá de la simple mejora de la red de centros educativos. También perseguía dignificar esos espacios públicos, cuidando su funcionalidad y estética e introduciendo servicios como la orientación y la pedagogía terapéutica. Además, estaba obligada a dar cumplimiento a promesas electorales como la dotación de aulas para niños de cero a dos años.
El problema era cómo atender tantos frentes con el presupuesto ordinario de la Consejería. Aunque el Gobierno tenía la intención de incrementar las partidas para educación, el grueso del presupuesto anual se consume en el pago de los sueldos de los profesores y en los gastos corrientes que exige la red de centros escolares. Para construir otros nuevos, apenas quedan recursos. De los 530 millones de presupuesto que tiene la Consejería para 2009 sólo 16 millones son para inversiones, cuando levantar cada nuevo colegio viene a costar unos seis millones de euros.
La respuesta vino de la mano de la financiación estructurada, una fórmula ideada por la Consejería de Economía para buscar recursos extrapresupuestarios que permitiesen alcanzar hasta donde no llegaban las arcas públicas. De esta forma, el nuevo Ejecutivo podría acometer los proyectos a los que se había comprometido en varios campos (sanidad, educación o suelo industrial) con la financiación aportada por la banca o por las propias empresas constructoras que resultasen adjudicatarias de los proyectos. La idea era convertir cada obra en un producto financiero con un retorno económico suficientemente atractivo para la empresa privada que lo sufragase.
El punto de partida era una reflexión sobre las necesidades de la comunidad educativa a largo plazo. Si lo urgente era atender la demanda de escolarización producida por un repunte demográfico que puede no tener continuidad en el tiempo, era preferible vincular la inversión necesaria para crear esos centros a un horizonte temporal limitado y muy concreto.
Luis Egusquiza, director del Instituto Cántabro de Finanzas y la persona a la que se debe la introducción en Cantabria de la financiación estructurada, lo explica de esta forma: “El criterio era sacar de los presupuestos de la Consejería todos aquellos proyectos con los que se puede establecer una cuota a pagar ligada al consumo. Si la Consejería estima una necesidad asegurada de siete años para los nuevos centros, nuestro papel consistía en buscar un inversor para esos colegios que aceptase ese plazo para rentabilizar su inversión. La Consejería nos pagaría una cuota anual por el uso, incluyendo la amortización de ese préstamo. Así, una vez concluido ese plazo, los centros ya estarán pagados y Educación podrá hacer con ellos lo que quiera”. Se trata, en definitiva, de un renting, una operación financiera ya conocida en otros campos pero que en Cantabria no se había utilizado apenas en la financiación de infraestructuras.
La Consejería de Educación ha firmado ya siete convenios con Gieducan, la empresa pública creada para canalizar la financiación estructurada hacia las necesidades educativas, y se dispone a firmar dos convenios más. Gracias a este diseño se han podido añadir a los recursos ordinarios de la Consejería 70 millones de euros de financiación extrapresupuestaria, a los que habrá que sumar otros 15 millones de los dos próximos convenios. En total, entre recursos propios y los aportados por la iniciativa privada a través de esta vía, Cantabria ha invertido 160 millones de euros desde 2003 en mejora de su red de centros educativos, una cuantía histórica.
Al margen de la edificación de nuevos centros, planificada ya para toda la legislatura, los directores de colegios e institutos le remiten cada año a la Consejería más de mil peticiones de obras de mejora o de mantenimiento. Sin embargo, el presupuesto ordinario sólo da para atender entre 180 y 220 peticiones, dependiendo de la cuantía que sea necesaria. Por tanto, a la hora de elegir los que se ejecutan, se ha buscado la forma de hacerlo con transparencia y todos los centros tienen información detallada sobre cómo se ejecuta el capítulo de obras.

Una demanda cambiante

El crecimiento demográfico de algunas poblaciones también orienta las inversiones. Localidades como Castro Urdiales, Colindres, Cartes, Piélagos, El Astillero o Bezana, donde se han producido muchos asentamientos de población joven han requerido la construcción de nuevos centros o la ampliación de los ya existentes, mientras que en otras zonas, especialmente en los cascos urbanos tradicionales y en el medio rural, los colegios quedan semivacíos por el envejecimiento de la población o por su marcha.
La Consejería de Educación tiene que trazar estrategias para estos desplazamientos de las necesidades, que no son nada sencillos de abordar, porque los edificios no son trasladables. Al menos, trata de anticiparse a la demanda que se va a generar en algunas zonas de Santander como los barrios Primero de Mayo y Nueva Montaña, reforzando los colegios ya existentes, o el área de Valdenoja-Cueto-Monte donde se va a levantar un nuevo centro que estará operativo en el año 2010. Pero la previsión es que esa demanda emergente vaya reduciéndose y de hecho, en el último año y medio se ha notado una disminución del número de alumnos que se incorporan cada año en Primaria, que entre 2003 y 2005 suponía unos mil alumnos más por año.
Otra de las prioridades es la extensión de las aulas para niños de dos años, de las que ya se han creado 150 y que serán 174 al acabar el curso. Una iniciativa que ya forma parte de todos los proyectos de nuevos centros.