Reforma para evitar falsas alarmas y sabotajes en los equipos
El tsunami que ha arrasado la economía española no ha dejado incólume ningún sector productivo a pesar de que el epicentro del terremoto haya estado en un sitio tan lejano como Wall Street. Sus efectos no se han detenido ni ante uno de los sectores que mejores resultados venía presentado desde su irrupción en la economía nacional, allá por los años setenta, el de las empresas de seguridad. Si ya en 2009 registró la primera caída de su corta historia, con un bajada del 5,5% en la facturación, en 2010 el descenso no se ha detenido, aunque haya sido menos pronunciado (alrededor de un 3%). Como resultado, la facturación ha vuelto a cifras de hace cinco años.
Mientras la economía no se recupere y vuelva a tirar con fuerza de estas empresas, los cambios introducidos por la Ley de Seguridad Privada pueden servir para reactivar el sector. La obligación de homologar y reforzar los equipos para evitar los sabotajes, y el nuevo protocolo para que la policía pueda ser alertada si una alarma se activa, debe añadir carga de trabajo a las empresas de seguridad, aunque el plazo de diez años que se ha establecido para las homologaciones es tan dilatado que su efecto inmediato puede resultar muy poco relevante.
Una oferta atomizada
La escasez de trabajo de las compañías de seguridad se agudiza aún más en las regiones que, como en Cantabria, cuentan con un elevado número de empresas en el sector. Cerca de una quincena de firmas locales, además de las delegaciones de las grandes empresas nacionales, se disputan un mercado que ya les resultaba estrecho y que se ha reducido en los tres últimos años. Las más afectadas son las que mayor vinculación tenían con el ámbito residencial. La instalación de alarmas en las nuevas urbanizaciones de chalets que proliferaron al calor de la burbuja inmobiliaria era una fuente de ingresos y la brusca paralización de esta actividad ha supuesto un grave daño a aquellas empresas que no supieron diversificarse a tiempo. Tan solo ahora, y como consecuencia de un creciente clima de inseguridad, por el aumento de los robos en viviendas y comercios, comienza a notarse un repunte en la demanda de sistemas antiintrusión por parte de propietarios de pisos y de pequeños comerciantes.
Los edificios e instalaciones públicas recientes o las nuevas sedes abiertas por algunas empresas han amortiguado el parón del sector inmobiliario pero no han bastado para mantener el nivel de actividad de las compañías de seguridad.
El sector industrial es otro buen cliente pero también ha disminuido el negocio que aporta. En muchos casos, se ha reducido al mero mantenimiento de sus sistemas de seguridad y antiincendios. Pero el recorte de gastos ha llevado a que “incluso en mantenimiento, muchos se limitan a ceñirse a la ley” –lamenta un técnico en seguridad–. “Si antes, de manera preventiva, nos pedían una revisión al trimestre, ahora como la normativa solo exige una revisión anual, se limitan a eso”, añade.
Menos vigilantes y más sistemas electrónicos
Aunque el descenso de la demanda de servicios de seguridad se ha hecho notar en todas las especialidades, la más afectada es la vigilancia personal. El coste anual de un vigilante ronda los 30.000 euros, por lo que no es de extrañar que las empresas opten por sustituir parte de este personal por cámaras de video conectadas a una central. Cierto que esa instalación la realiza casi siempre la misma firma que aportaba los vigilantes de seguridad, pero el volumen de negocio para la firma es muy inferior.
Quienes mejor aguantan la crisis son las empresas orientadas a servicios especializados, como la protección antiincendios. En parte, por la obligatoriedad de contar con estos sistemas de seguridad en edificios abiertos al público o en cierto tipo de industrias o almacenes, y en otra parte por la presión de las aseguradoras o por el interés de la empresa en reducir las primas de su seguro. Un sistema de seguridad que cuente con el visto bueno de los técnicos de la aseguradora o que haya sido diseñado con su ayuda puede conseguir que se rebaje considerablemente la franquicia o la prima a pagar. De hecho, el protagonismo de los ingenieros que trabajan para las compañías de seguros en el diseño de instalaciones o en la verificación de las especificaciones es cada vez mayor. El Ministerio de Industria no dispone de medios para controlar cada instalación y tiene que apoyarse en las certificaciones de técnicos autorizados, y los de las aseguradoras se encuentran entre los mejores expertos del sector.
Acabar con las falsas alarmas
La puesta al día de la legislación sobre seguridad privada, que había quedado bastante obsoleta, va a suponer importantes cambios en los sistemas electrónicos antirrobo y antiintrusión. Tras una larga elaboración de la nueva normativa, en la que ha intervenido la patronal Aproser, en febrero culminaba la reforma legal que pone al día los requisitos que deben cumplir los sistemas de seguridad, dependiendo de cual sea el tipo de establecimiento donde se instalen. Una nueva regulación que será exigible a partir del próximo mes de agosto.
Además de adecuar la seguridad de bancos y comercios a los nuevos avances, un objetivo es acabar con las falsas alarmas que obligan a desplazar innecesariamente a la patrulla policial, con el despilfarro de recursos que supone. Casi el 90% de las alarmas que se disparan son falsos avisos, provocados por un error humano de manipulación, la presencia de animales domésticos o una ventana mal cerrada.
Para evitarlo, la nueva norma establece un protocolo que obliga a comprobar la veracidad de las alarmas mediante un sistema de video o de audio que corrobore, desde la central receptora, la intrusión. La alternativa será que salten al menos tres sensores en el espacio de media hora. Solo entonces la central receptora de alarmas podrá pedir la intervención de la policía para que se desplace hasta el lugar donde se está cometiendo el presunto robo o la intrusión.
Homologación de equipos
La aplicación de este procedimiento va a obligar a reforzar muchos de los sistemas ya instalados con nuevas alarmas y sensores, algo que es visto por el sector con la esperanza de que genere más trabajo pero también con recelo, como consecuencia de la difícil situación económica general. Las empresas de seguridad temen que, ante la necesidad de realizar nuevas inversiones, algunos clientes opten por dar de baja el servicio de conexión a central de alarmas.
Este peligro no se corre cuando se trata de locales o negocios que están obligados por ley a dotarse de unos sistemas de seguridad preestablecidos. Ni las sucursales bancarias, ni las joyerías, armerías, oficinas de loterías y cuantos establecimientos entran en el grado máximo de protección que tipifica la ley tienen la posibilidad de negarse a reforzar sus sistemas, en el caso de que no cumplan con las nuevas exigencias.
Pero, lo que realmente puede generar una carga de trabajo notable para las empresas de seguridad es la obligación de homologar todos los equipos ya instalados. Eso puede suponer la renovación de buena parte de los sensores y alarmas antiguos, con inversiones que en algunos casos son bastante cuantiosas, como ocurre con las entidades bancarias. La renovación del sistema de seguridad de una oficina bancaria puede rondar los 30.000 euros, lo que, multiplicado por la red de sucursales de una entidad, eleva la inversión a cifras muy considerables.
Las instaladoras de sistemas de seguridad esperan que ese sea su balón de oxígeno. Sin embargo, para no obligar a las empresas y comercios afectados a un sobreesfuerzo económico, la nueva norma establece un plazo de diez años para efectuar esa homologación de equipos, lo que disipará sus efectos inmediatos.
Las empresas de seguridad, a su vez, tienen la obligación de formar a sus técnicos en la confección de los proyecto conforme a los nuevos requisitos. También hay cambios en las revisiones de los equipos. De las cuatro que deben hacerse por ley a lo largo del año, al menos una debe ser presencial y no será suficiente con hacerla a través de la central a la que están conectados, aunque permite testar a distancia el funcionamiento de los equipos, aprovechando la bidireccionalidad de los sistemas.
A partir de agosto, los técnicos de la instaladora deberán personarse, al menos una vez al año, para verificar físicamente el estado de las alarmas y sensores instalados en bancos y demás negocios clasificados como de elevada protección (el grado tres de la nueva ley de seguridad). Uno de los requisitos que deben cumplir los sensores, ya sean sísmicos, o volumétricos, es el de estar protegidos contra acciones que puedan anular su función y que en el argot técnico se conoce como protección antienmascaramiento. Se trata de evitar que con la simple rociada con un spray o tapando los sensores con algún objeto, se anulen las alarmas.
Los sistemas antienmascaramiento hacen que las alarmas se disparen si se intenta alguna manipulación como las descritas, algo que es muy usual en la preparación de robos en establecimientos comerciales. Como también es frecuente el uso de inhibidores para anular la transmisión vía radio de las alarmas. Aunque la venta de estos aparatos es legal en España no ocurre lo mismo con su uso, que debe estar expresamente autorizado por la Delegación del Gobierno.
