Un buen negocio para todos

El desplome del mercado inmobiliario ha dejado la rehabilitación de viviendas como la única esperanza para los gremios vinculados a la construcción. Aunque la Administración es consciente de ello y lo ha convertido en una de sus prioridades, las patronales de este sector entienden que para incentivarlo se puede hacer algo más que abrir una línea de subvenciones para el propietario o la comunidad de vecinos que se animan a contratar una obra.
La iniciativa ha partido de ACEMM, la Asociación del Mueble y de la Madera, pero se han sumado otros muchos gremios y le propone a la Administración regional que aplique una desgravación del 20% en las cantidades que recauda por estas obras, con un límite de 3.000 euros. Esa desgravación vendría a sumarse a la que ya aplica el Estado en ese mismo porcentaje y hasta un máximo de cuatro mil euros, y al crédito ICO que permite al titular de la vivienda financiar la rehabilitación a cinco o seis años con un bajo interés.
Según sus promotores, la propuesta no solo permitiría aflorar gran parte de la economía sumergida que existe en torno a la rehabilitación sino que, además, generaría empleo y todo ello sin merma de la recaudación tributaria, porque las pérdidas de ingresos provocadas por las desgravaciones se compensarían con los incrementos por IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas que realicen los trabajos.

Una propuesta razonada

Los cálculos hechos por los gremios hacen que, al menos sobre el papel, esta propuesta no sea una versión más del famoso cuento de la lechera. Para demostrar su viabilidad, han confeccionado un ejemplo práctico que utiliza como modelo la reforma total de una vivienda de 89 metros cuadrados. Una obra de estas características se estima que daría empleo a diez personas durante sesenta días, y el coste para el propietario sería de unos 67.000 euros. De este dinero, 19.000 irían a parar al Estado en concepto de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, y de esa cantidad 4.700 euros (el 50% de la recaudación exclusivamente fiscal) revertirían en el Gobierno cántabro.
A partir de esta simulación económica, y teniendo en cuenta que en 2011 se calcula que se han rehabilitado en la región unas tres mil viviendas, está actividad habría dado empleo el pasado año en Cantabria a más de ocho mil trabajadores e ingresado en las arcas públicas de la región unos 14 millones de euros.
Con este punto de partida y atendiendo al parque de viviendas antiguas que existe en Cantabria, la propuesta de los gremios plantea objetivos bastante razonables. En nuestra autonomía existen más de 100.000 viviendas que superan los diez años de antigüedad y podrían acogerse a este plan de rehabilitación. Bastaría que esos incentivos consiguiesen que se rehabiliten un 5,5% más de viviendas que el pasado año, en que se reformó el 3%, para generar más de 23.000 puestos de trabajo en 2013.
Esa masiva creación de puestos de trabajo es la clave de la propuesta, ya que, a pesar de la renuncia del Gobierno cántabro al dinero desgravado, el retorno fiscal que produciría la actividad de esas empresas y trabajadores le depararía la misma recaudación que le aportó el sector en 2011.
En la simulación económica contenida en la propuesta, los ingresos para las arcas regionales derivados de las 8.500 viviendas rehabilitadas que se fijan como objetivo serían de 39,9 millones de euros y las desgravaciones de 25,5, con lo que el Gobierno cántabro obtendría un saldo fiscal neto de 14,4 millones de euros, la misma cantidad que ingresaba con 3.000 viviendas reformadas, solo que habiendo creado 17.000 puestos de trabajo más.

Aflorar la economía sumergida

Si con este planteamiento se satisface la necesidad que tiene la Administración de generar puestos de trabajo, para cualquier propietario que quiera rehabilitar su vivienda, los incentivos fiscales que se le ofrecerían (una desgravación de 7.000 euros si se suman la estatal y la autonómica), resultarían un aliciente para invitarle a acometer la obra a través de una empresa legalmente constituida y no acudir a la economía sumergida. Porque otro de los objetivos que persiguen las patronales que están detrás de esta propuesta es evitar la competencia desleal que abunda en este sector. Tal y como afirman en el documento remitido al Gobierno regional, ninguna empresa puede competir con quienes, trabajando al margen de la legalidad, parten de costes un 40% inferiores, ya que no pagan IVA, ni Seguridad Social, ni seguros obligatorios de empresa, ni salarios de convenio o los costes derivados de la normativa de prevención de riegos, entre otros.
La propuesta ideada por la Asociación de la Madera ha sido secundada por prácticamente todas las asociaciones relacionadas con el sector de la construcción, desde los instaladores eléctricos y de telecomunicaciones a los excavadores, empresas de limpieza, fontanería, instaladores de cerramientos, contratistas o empresas de servicios energéticos, una unión que pretende hacer más fuerza ante el Gobierno, cuya respuesta se demora más de lo que las asociaciones hubiesen deseado. Y es que los gremios relacionados con la construcción no están para esperar.