Se vende fábrica

Hay consultoras especializadas en vender empresas españolas en Alemania con el mismo cartel de ‘chollo’ que podría utilizarse en un comercio de saldos. Así que no dejan de surgir candidatos a comprar. Pero muy pocos están dispuestos a arriesgar. Saben que compran empresas en crisis y que, por lo tanto, van a pagar un precio simbólico, pero no quieren saber que la contraprestación es hacerse cargo de las deudas de la compañía. La quieren limpia de todo y eso es lo que está complicando muchas ventas.
“No entienden que Hacienda o la Seguridad Social se nieguen a renunciar a la deuda. Pretenden que el precio que se pide por la empresa sea el único concepto”, dice uno de los intermediarios en estas operaciones.
El escollo para cerrar las ventas casi nunca está en el resto de los acreedores, que saben que si la empresa se cierra sus expectativas de cobrar son igual de escasas o menores. Está en los organismos públicos, que no tienen flexibilidad para negociar la deuda acumulada por la empresa en crisis, algo que irrita a los compradores y a las autoridades locales, que siempre desean una solución rápida para la continuidad de la empresa y evitar así un problema social.
El caso de GFB, vendida a precio de chatarra al que iba a ser su principal competidor, indica bien a las claras cuál es la posición del mercado en estos momentos. No hay compradores locales a ningún precio y los foráneos solo se presentan si el riego es casi nulo. Por ese motivo, prefieren conocerlo antes con toda exactitud. Exigen que se descuenten desde el primer momento del precio de compra cualquier posible contingencia, incluidas las pendientes de procesos judiciales inciertos. También quieren dejar claras desde el principio las condiciones laborales, y casi siempre con una rebaja significativa en las que tenían los trabajadores afectados. Saben que es el momento más favorable para conseguirlo. Ante la perspectiva del cierre, los trabajadores están más dispuestos que nunca a hacer renuncias que una vez reabierta la fábrica no admitirían: descenso de salarios, pérdidas de antigüedad, turnos…

Se puede ganar dinero

Los candidatos a comprar son conscientes de que se trata de fábricas de sectores que han ido a menos, pero sus productos no desaparecerán del todo. Por ese motivo, pueden sacar beneficios allí donde los anteriores propietarios tenían pérdidas, pero para eso han de pagar muy poco por la empresa, partir con la deuda a cero –por tanto, sin costes financieros– y con una plantilla muy ajustada y más barata. Solo necesitan liquidez para la compra y que la compañía que adquieren pueda recuperar los clientes tradicionales.
Pero solo unos pocos de esos candidatos a la compra son fiables. Plantas como Edscha, Maflow o la propia GFB pasaron a manos de grupos potentes, que garantizan su continuidad y rentabilidad. Otras, como Candemat, pronto retornaron al punto en el que estaban antes de la venta.
La dificultad para dar con buenos candidatos se agrava a medida que se amplía la panoplia de empresas en crisis. A la de Candemat y a la marcha de los empresarios de B3 Cable empiezan a sumarse compañías familiares de muy diverso pelaje, como Insago, que desde la desaparición de su fundador no levanta cabeza.
A estas alturas, ni siquiera se libran las compañías de nuevas tecnologías o las de energías alternativas, ya que Acorde e Idermar también están a la búsqueda de un nuevo referente empresarial.

Insago

Insago, la fábrica de ventanas de PVC del Valle de Buelna que asombró al país con su crecimiento, ha tenido que paralizar la producción y enviar a toda la plantilla a casa mientras se busca un comprador. La gestión de los administradores concursales no ha sido suficiente para enderezar el negocio en un sector muy afectado por la crisis de la construcción y sólo queda esperar la aparición de un inversor que sea capaz de reverdecer las glorias de una empresa puntera en su sector, con buena parte de los procesos robotizados. De lo contrario, Insago será liquidada.
La fábrica de ventanas y cerramientos en PVC de Barros tiene 10.800 m2 de superficie y comercializa una marca de prestigio, «Hermet10». En los últimos años, los expedientes de regulación de empleo han ido reduciendo su plantilla de 400 trabajadores en 2007 a 110 y está planteado un nuevo ERE para dejarlos en 55.
Insago llegó a facturar 33,1 millones de euros en 2007 pero a partir de ese momento la crisis de la construcción hizo caer sus ventas a plomo. En 2010 se habían reducido a 19,0 millones y ahora no ingresa nada. Su situación patrimonial debía garantizar su continuidad, puesto que debía 14,8 millones de euros al cierre de 2010 y sus activos ascendían entonces a 21,9 millones, pero en las condiciones actuales esa aparente holgura para pagar todas las deudas es más teórica que real.

Candemat y B3 Cable

Candemat es otra compañía que todo el sector admira, por la cualificación de su plantilla, pero que no acaba de encontrar una salida. Tras la venta fallida a un grupo alemán –también en Alemania hay empresas en crisis, aunque sean menos– los administradores concursales se vieron obligados a retomar las riendas y encontraron un nuevo comprador, un grupo vasco que, después de poner un aval de más de 400.000 euros, se asustó y aprovechó un desacuerdo con la plantilla para renunciar a la compra. Los administradores han entrado en contacto con otro de los grupos interesados, la catalana Dover, que fue descartada inicialmente porque su oferta en cuanto a conservación del empleo era peor que la de los vascos.
El otro ejemplo de las dificultades que plantea la venta de una fábrica en tiempo de crisis es el de B3 Cable. El grupo británico que tenía el control de la compañía actuó conforme a un patrón muy conocido, el que muchas multinacionales utilizan en las operaciones de descuelgue. Aparecieron en el momento oportuno, cuando Nexans quiso deshacerse de una fábrica que ya había dado lo mejor de sí, ya que el cable de cobre ha ido perdiendo protagonismo en las telecomunicaciones. Los británicos de B3 le evitaron a Nexans el mal trago de decidir el cierre, a cambio de lo cual sacaron en cuatro años todo el provecho que pudieron, incluidas unas indemnizaciones para sí mismos de última hora, y desaparecieron.
De nuevo han sido los acreedores judiciales los que se han visto obligados a buscar un sucesor, y después de varios intentos, parece que el candidato más fiable es la alemana Südkabel. Los 223 empleados están a la espera de conocer el planteamiento de los compradores, pero las expectativas son muy poco halagüeñas si se tiene en cuenta que la candidata ha advertido que incorporará a 40 trabajadores inicialmente y sólo llegará a cien a medio plazo.
En el sector energético y en las nuevas tecnologías también se producen desestimientos. Según el PSOE, en el acuerdo entre Apia XXI y el Gobierno de Cantabria para el alquiler de su edificio en el PCTCan se ha incluido la transferencia de dos paquetes de acciones de las empresas Acorde e Ibermar que estaban en manos de Apia. Una información que el Gobierno de Cantabria no ha negado con rotundidad. Dado que la política del PP a nivel nacional es exactamente la contraria, desprenderse de las empresas públicas y las participaciones accionariales, parece lógico pensar que el Gobierno cántabro tratará de encontrar un comprador, entre otros socios o entre compañías del sector. Acorde ya tuvo otros candidatos, entre ellos la cántabra TTI, pero la situación de la empresa ha variado y son tiempos distintos. Ahora pocas empresas se plantean crecer. Les basta y sobra con sobrevivir.