Paraguas privilegiados

Es significativo que los amantes de la planificación y del reparto generoso del presupuesto público, que antes estaban en la izquierda, ahora estén por todas partes. Todo el mundo quiere tener un plan, aunque la realidad sea tan volátil que seguimos sin poder predecir, por ejemplo, la llegada de una pandemia, o el día en que nos la quitaremos de enmedio. Si pudiésemos controlar todas las variables económicas y sociales, lo más productivo sería jugar a la bolsa (para ganar, claro) y dejarse de más historias. A Trump le ha ido bien en lo económico con una teoría tan simple como no hacer nada, salvo unos cuantos rifirrafes con China que se quedaron en agua de borrajas, porque China vende a EE UU más que nunca, y la respuesta a las sanciones que la UE impuso a Boeing por recibir ayudas públicas, que afectó a productos de escaso importe, como nuestras aceitunas.

Es la teoría conservadora del laissez faire que se aplicó durante siglos, y que permitía a reyes y políticos dedicarse a cosas más entretenidas, puesto que supuestamente la economía circulaba sola mejor que acompañada. La teoría es truculenta, porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, y el siglo XX inventó la vacuna para que a la mayoría le vaya razonablemente bien, la intervención estatal, a la vista de que el sistema puede permitir que todos ganen a la vez si se gestiona adecuadamente.

El problema es que, cuando se atranca, solo encontramos una medicina, aumentar el gasto público y, después de lo mal que lo pasamos en la crisis anterior con la austeridad, a todo el mundo le parece perfecto. Basta ver el entusiasmo con que el PP cántabro propone que invirtamos 300 millones más de lo que figura en los Presupuestos regionales. El convencimiento general es que esa deuda no la pagará nadie, sin tener en cuenta que la heredarán nuestros hijos y nuestros nietos. Y con el mismo empeño o mayor, cada colectivo organizado pide lo suyo. Los lobbies sindicales empujan para que se suba el sueldo a los funcionarios, lo que les supondrá ganar poder adquisitivo (el IPC está en negativo) en un momento dramático en que los demás pierden su patrimonio o sus empleos. Para ellos el mundo nunca deja de girar.

En las pensiones también se ha optado por la política del embudo. Cuando las subidas no alcanzaron al IPC el escándalo era mayúsculo, pero si el IPC baja nadie se atreve a mencionar, siquiera, la posibilidad de aplicarles esa misma merma, aunque no supondría perder poder adquisitivo.

Los hosteleros cántabros, que reconocen haber tenido un magnífico verano, salen a la calle para pedir 30 millones de euros por lo que pierden a consecuencia de las medidas que ha adoptado el Gobierno, cuando tradicionalmente aprovechaban noviembre para cerrar, porque es el peor mes del año para el sector.

Los dueños de las residencias de ancianos son compensados por las plazas que han quedado desocupadas a consecuencia de la pandemia y los sindicatos de profesores se las ingenian para reducir el número de clases, hasta conseguir que el nuevo calendario escolar cántabro tenga ya más agujeros que un colador.

Mientras tanto, el empresario privado que no tiene capacidad de presión constata cómo se desmorona su negocio sin poder encomendarse más que a los santos, y el ciudadano que no forma parte de ningún colectivo se ve al albur de su suerte. Ni siquiera puede aspirar a la misma protección física que esos otros colectivos amparados bajo el paraguas público. Cuando intentan acceder a muchos organismos han de quedarse literalmente en la calle (al parecer, la salud de los funcionarios es mucho más frágil y valiosa que la de los dependientes de tienda, por ejemplo, que han de recibir a cualquier cliente). Tampoco son atendidos personalmente por un médico de primaria desde hace muchos meses, ni por lo general pueden teletrabajar, ni se quejan…

En esta época en la que a los empresarios nos miran como si nuestros males fuesen producto de una recalcitrante incapacidad para ser más tecnológicos, más innovadores y más modernos, no estaría de más recordarles a quienes piensan así que lo auténticamente decimonónico es nuestra Administración pública, que no ha cambiado sustancialmente desde que la familia Napoleón nos dejó en herencia el sistema francés. Esa sí que necesita un plan, no poca innovación y una inyección de productividad, pero todos sabemos que seguirá tal cual.

A los que no estamos bajo ninguno de esos paraguas nos toca sobrevivir como podamos. Alberto Ibáñez

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