El reparto

Nadie ha explicado muy bien si el maná que caía del cielo para que los israelitas pudieran deambular durante cuarenta años por el desierto para hacer un trayecto que debiera haberles llevado tres semanas, se lo quedaban los más altos, que tenían una evidente ventaja, o se sometía a un prorrateo más justo. Descartando que aparezcan notas aclaratorias a pie de página en las futuras Biblias, esperemos que al menos esté un poco más claro el sistema de reparto de los fondos europeos que se van a habilitar para salvar la economía, sobre todo aquellas ayudas directas que no pueden convertirse en un regalo indiscriminado, porque no todas las empresas tienen los mismos problemas, ni siquiera las del mismo sector, como se puede comprobar en la hostelería, donde algunos han pasado meses sin ingresar nada y otros han tenido un éxito muy notable con las terrazas que tenían y las que han podido ampliar.

Como no se trata de que se queden con todo quienes tienen el brazo más largo, ni que reciban lo mismo los que han perdido y los que han ganado, el reparto va a ser peliagudo. No hay ninguna fórmula perfecta, pero habrá que apostar por la menos injusta, para evitar que se produzcan efectos indeseables, como una alteración de la libre competencia si alguno obtiene más que sus rivales sin una razón aparente, o se produce una concentración de las ayudas en quienes tienen disponen de más información, se manejan mejor por los vericuetos administrativos o llegan apadrinados.

De todos los argumentos que podrían utilizarse para rechazar cualquiera de estas prácticas, basta con uno: sería inmoral dilapidar el dinero en quien no lo necesita cuando tenemos miles de ciudadanos cada día a día en desmoralizadoras colas del hambre. Y no vale acogerse a la confortable tesis de que se trata de un dinero que envía Bruselas, que no se le está quitando a nadie, porque todo acaba repercutiendo en la caja única del Estado, lo que gasta y lo que evita gastar.

El Gobierno ha decidido rebajar los mecanismos de control sobre estas ayudas para agilizar los proyectos y evitar que se pierdan, lo que resulta oportuno, por una parte, y peligroso por otra. Ni hay funcionarios para hacer un seguimiento de todos los proyectos que se van a poner en marcha; ni se podrá realizar una tramitación tradicional, porque no entraríamos en los plazos; ni se podrá evitar que la ansiedad por agotar el gasto subvencionable en el escueto periodo que acepta Bruselas produzca muchas situaciones poco regulares, pero la solución no está en contratar a consultoras privadas para que hagan la tarea, y eso es lo que va a ocurrir, en una clara dejación de funciones del sector público, que no se está preparando para esta eventualidad histórica. Vamos a poner auténticas vías de AVE para poder gastar mucho y muy deprisa, dejando por toda medida de seguridad guardabarreras con un banderín.

La única salvaguarda de un sistema tan vulnerable será la transparencia. Habrá que elegir unos proyectos y descartar otros; habrá que ayudar a unas empresas y dejar a otras fuera; habrá que apostar por unos sectores más que por otros, pero necesitamos saber por qué. Y aún sabiéndolo, habrá muchas circunstancias discutibles, porque será justo ayudar al empresario que está en una situación muy apurada, pero ¿y al que no pudo aguantar más y ha tenido que cerrar, perdiendo parte o todo su patrimonio? ¿Se puede separar un sector de otro como el que corta una rebanada, y ayudar al que tiene un restaurante pero dejar fuera al que le aprovisionaba, que tampoco ha vendido nada? ¿Puede decidir una consultora privada qué proyectos merecen ser subvencionables y cuáles no? ¿Es más rentable estratégicamente que el dinero se concentre en macroproyectos, como los que están presentando las grandes compañías eléctricas, o en pequeñas iniciativas que son las que realmente crean empleo?

No se pueden hacer juicios de intenciones, y por el momento solo estamos en el terreno de las intenciones, pero no ofrece mucha confianza el que ningún partido se haya tomado la molestia de hacer propuestas, salvo para tratar de evitar que Sánchez tenga el control último de este gigantesco programa. Nadie parece interesado en cómo se gestionarán los fondos desde las autonomías ni en cómo hacer el reparto de las ayudas directas, más allá de pedir la condonación de una parte de los créditos ICO, lo que iría en detrimento de quienes no los pidieron.

Estamos ante una oportunidad histórica para modernizar el país y para las empresas pero la fuerza se nos va en el alboroto diario.

Alberto Ibáñez

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