Valdecilla: El dinero no cambia nada

Alguien le recomendó a Ignacio Diego trufar su discurso de investidura con algunas frases prestadas y al concluir escogió una de Groucho Marx especialmente poco apropiada para la ocasión, esa tan conocida de “estos son mis principios, y si no les gustan, tengo otros”. Da la sensación de que efectivamente, hay unos nuevos cada día, en función de cómo vayan las cosas y un buen ejemplo es la conclusión de Valdecilla. De “el Estado financiará la totalidad de la obra” a buscar la financiación privada. Y una vez que el Estado, por fin, se compromete a sufragarla, a mantener el concurso de privatización.
El proceso está dando tantas vueltas como la propia reconstrucción del Hospital. Después de 14 años de obras, cada día es más evidente que nunca hubo un proyecto completo y que lo realizado ha dependido del arquitecto de cada fase, con la desconcertante conclusión de que nunca llegaron a ponerse de acuerdo entre ellos.
Con el concurso de privatización de la última fase está ocurriendo algo parecido. Después de haber denostado la financiación estructurada de sus predecesores, Diego decidió que era la mejor (o quizá la única) forma de acabar la obra. Pero, para incentivar a unas empresas a que anticipasen el dinero, pensó que lo mejor era añadir el pastel de los 42 servicios que ahora mismo tiene externalizados el Hospital (prácticamente todos, menos la lavandería). De esta forma, se acumulaba un sustanciosísimo contrato de 630 millones en los veinte años de vigencia. Por este conjunto de servicios y la construcción, el Gobierno pagaría un canon anual de unos 30 millones, con la gran ventaja de desplazar la mayor parte del pago de la obra a futuras legislaturas.
El contrato global no resultaba sencillo y se invitó a las empresas a una negociación en la que irían clarificándose los términos para las dos partes. Pero en lugar de aclarar las cosas, en estos meses del famoso ‘diálogo competitivo’, todo se ha ido haciendo más confuso. Quizá quede algo más claro este mes, cuando los seis grupos en liza presenten las cajas con sus propuestas, que se presumen descomunales en presencia física.
El primer problema del concurso se planteó al presetar recursos CC OO y UGT y el PSOE. Los tres fueron desestimados, pero eso no ha impedido que los socialistas mantengan su iniciativa ante los tribunales para echar abajo un procedimiento que consideran que abre el camino a la privatización del Hospital, algo que no puede afirmarse con tanta rotundidad.
Si la esencia misma del concurso está sometida la incertidumbre judicial, la propia mecánica de la adjudicación ha cambiado tanto en las últimas semanas que añade bastantes dudas más. La novedad más difícil de entender es el compromiso adquirido por la vicepresidenta del Gobierno con parte de los sindicatos de que los 226 trabajadores que pertenecen a esos servicios privatizados tendrán la posibilidad de volver al sistema público siempre que quieran. Un compromiso que pone en cuestión la utilidad misma del concurso: Si estos trabajadores no aceptan salir del sistema público o se arrepienten algún día de haber pasado al privado, ¿en qué puestos se reintegrarán? ¿Se duplicará el gasto, al pagar a los que contrata la empresa privada y a los que ahora se ocupan de esa actividad? ¿Cómo calculará la empresa sus costes para licitar si desconoce cuántos trabajadores se quedarán y cuántos se volverán al sistema público, cuando es evidente que estos operarios, por convenio y antigüedad, tienen salarios mucho más altos que los incorporados de afuera?
Y, en el caso de que los arrepentidos siguiesen haciendo el mismo trabajo, pero desde el sector público y, por tanto, no fuesen necesarias nuevas contrataciones, ¿cómo ejercerían la jerarquía sobre ellos sus jefes de la privada?
No es el único motivo de desconcierto. En las últimas semanas, el Gobierno ha cambiado sensiblemente las condiciones del concurso, cuando ya se habían descolgado varios candidatos y sólo quedan los grupos OHL-Giroa, Ferrovial-Siec, San José-Elecnor-Ortiz y Dragados-Copsesa-Acciona-Iridium. El montante se eleva ahora a 760 millones de euros (870 con IVA), al incluir el suministro eléctrico del Hospital y la construcción de un centro de proceso de datos. Una forma de añadir algo más de magro en un concurso veteado de inciertos tropezones y una demostración clara de que ha habido que actuar sobre la marcha ante la posibilidad de que la privatización naufragase.
Tal como estaba planteado, las empresas adjudicatarias tenían que sacar sus márgenes presionando a los actuales proveedores de servicios, para forzarles a hacer lo mismo por menos precio. Ahora tendrán un doble colchón, con la ampliación de las obras.

Encajar el endeudamiento

El contrato era imposible de encajar en los estrechos márgenes de endeudamiento concedidos por el Gobierno de Mariano Rajoy a Cantabria y ha tenido que ser el propio Gobierno nacional el que saque a la comunidad del atolladero. Con el compromiso de pagar la obra –aunque lo fraccione durante varios años– aportará lo suficiente para neutralizar el nuevo endeudamiento que habría imputarle a la región en cada ejercicio (sólo se considera como tal la inversión en la obra).
Con este rescate, Diego podría haber decidido desconvocar el concurso de privatización y ahorrarse un desgaste político importante pero, valorados los pros y contras, ha optado por seguir adelante. Será una forma de hacer caja y evitará que la obra se dilate aún más.
En el caso de desconvocar el actual concurso, redactar de nuevo los pliegos para la adjudicación y concursar la obra como tal, el proceso se demoraría casi un año y, obviamente, no habría inauguración para las elecciones. Así, todavía es posible y, con el éxito del Hospital acabado, el PP calcula poder contrarrestar el desgaste que le produce la privatización.