Más control sobre la formación para el empleo

Han sido necesarios cuatro años para llegar a un principio de acuerdo, pero el nuevo modelo de formación para el empleo ya tiene fecha. A partir del 1 de enero deberán estar operativas las nuevas reglas de juego acordadas por el Gobierno central y los agentes sociales para crear un sistema que haga inviable los casos de corrupción y fraude que han aflorado en comunidades como Madrid o Andalucía.
Una de las claves para hacer posible ese acuerdo ha sido la renuncia de los sindicatos a gestionar directamente los fondos destinados a cursos de formación, aunque seguirán participando en el diseño del sistema. Un gesto con el que se quiere reforzar la transparencia del nuevo modelo. Pero también afloran sus recelos ante el protagonismo que la Administración quiere dar a los centros de formación en esta nueva etapa, y sospechan puede ser un paso hacia la privatización de un sistema que se nutre de fondos generados por el mundo del trabajo.

Competencia entre entidades

Según el acuerdo al que se llegó en julio, la totalidad de las subvenciones destinadas a la formación profesional para el empleo se someterán a la libre concurrencia competitiva entre las entidades de formación que cumplan los requisitos exigidos. Ni empresarios ni sindicatos podrán conceder las ayudas a la formación, ni podrán recibir directamente fondos para este fin. En definitiva, los agentes sociales pierden protagonismo y dinero en el nuevo modelo. Hay que tener en cuenta que en 2013 a UGT y CC.OO le correspondieron más de 20 millones de euros a cada uno procedentes de los fondos estatales, y a las patronales más de 50. Y las comunidades autónomas gestionan anualmente cerca de 1.000 millones de euros, de los que también los agentes sociales reciben una parte.
Ahora, sindicatos y empresarios tendrán que competir con otras entidades por la adjudicación de fondos y, además, no formarán parte del órgano que evaluará las solicitudes. Esta tarea corresponderá a cinco funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), presidido por el subdirector general de este organismo, que tendrá voto de calidad.
El papel de la Fundación Tripartita, en el que seguirán estando representados los agentes sociales, será el de elevar el informe de ese órgano colegiado, con la propuesta de adjudicación de fondos, a la Dirección General del SEPE, que será la que tome la última decisión.
Pero lo que se celebra como un avance en la transparencia del uso de esos recursos también es visto desde ámbitos sindicales como una maniobra destinada a encubrir la auténtica intención que persigue el Gobierno con la implantación de este nuevo modelo: una apropiación de los recursos generados por trabajadores y empresarios, que la Administración podría poner en manos de empresas clientelares, sin tener que someterse al control de los agentes sociales.
Más allá de esas sospechas, desde sindicatos como CC.OO se proponen algunas reflexiones sobre cómo alcanzar un sistema de formación que sea eficiente en la formación de los trabajadores. Por ejemplo, mencionan la conveniencia de establecer mecanismos homogéneos de planificación, control y evaluación en la gestión que las comunidades hacen de los fondos que recaudan a través de la cuota de formación de las nóminas de los trabajadores y de las empresas. Buena parte de esos recursos van a parar a las comunidades, que tienen delegadas las políticas activas de empleo, y los gestionan según sus propios criterios. Por no haber, critica Francisco López, secretario de Formación de CC.OO y vicepresidente de la Fundación Tripartita, no hay ni una base de datos común en la que aparezcan los cursos que realizan las personas, y que permitiría conocer el itinerario formativo de los trabajadores.
También se cuestiona que no se controlen con el mismo rigor los fondos de la cuota de formación gestionados desde la Fundación Tripartita (180 millones de euros en 2014) y los que se destinan a la formación bonificada –la que demandan directamente las empresas–, que mueve en torno a los 600 millones anuales.
Otra de las críticas sindicales es que los fondos no ejecutados de cada presupuesto no pasen al siguiente, despreciándose así el carácter finalista de la cuota de formación, que únicamente debe dedicarse a esta función.

Una convocatoria que anticipa el nuevo modelo

A la espera de que el próximo 1 de enero se formalice la entrada en vigor del nuevo modelo de formación para el empleo, lo que más preocupa a las entidades que imparten los cursos y a sus destinatarios son las convocatorias. A pesar de lo avanzado del año, todavía se desconoce si en Cantabria se hará una en este ejercicio para personas ocupadas, como ha habido en otras comunidades autónomas. Lo que sí se espera para el próximo mes de octubre es la resolución de la convocatoria dirigida a personas desempleadas, que se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria en julio. A partir de ahí, las entidades podrán ofertar los cursos que se subvencionen.
Y aunque de lo que se convoca en el ámbito estatal llega muy poco a Cantabria, el pasado mes de agosto se publicaron dos resoluciones del Servicio Estatal de Empleo con sendas convocatorias dirigidas, una de ellas, a la formación de jóvenes y la otra prioritariamente a personas ocupadas –al menos el 60% de las personas que participan en los cursos deben ser ocupadas–.
En esta última resolución se anticipa el propósito del nuevo modelo y los principios que lo deben regir, entre ellos, el dar impulso a la formación programada por la empresa para sus propios trabajadores como la vía más ágil para responder a sus necesidades más inmediatas. También se refuerzan ya los sistemas de control y evaluación permanente en todas las etapas del proceso formativo, incluida la medición de su impacto, y el respeto al carácter finalista de la cuota de formación profesional, que deberá gestionarse en régimen de concurrencia competitiva entre todas las entidades acreditadas.
Entre los puntos ya acordados se encuentra la del cheque-formación para trabajadores desempleados y el impulso a la teleformación, cuya regulación definitiva se produjo el pasado mes de mayo. También se prevé crear una cuenta formación que acompañe al trabajador a lo largo de su carrera profesional.

Una unidad antifraude

Esta convocatoria se define a sí misma como la última de un escenario de transición hacia el nuevo modelo y da pasos importantes, como el avance hacia la libre concurrencia entre entidades. Además, introduce algunas novedades, como la limitación al 50% del pago anticipado de la financiación. Para proceder a los restantes pagos será necesario comunicar los alumnos participantes en las acciones formativas y que el beneficiario de la ayuda certifique la ejecución.
Pero, aunque se haya diseñado un modelo destinado a dificultar el uso fraudulento de estos recursos, nada será más eficaz en este sentido que el anuncio de la creación de una unidad especializada en la Inspección de Trabajo para en el seguimiento y control de las actividades de formación. Esta vigilancia se verá respaldada por un régimen sancionador que incluye la imposibilidad de que los beneficiarios de planes de formación que hayan incumplido la legalidad puedan volver a trabajar
para la Administración pública durante al menos cinco años.