Un fiasco industrial más para el sector público

Las plantas de secado térmico que se pusieron en marcha a lo largo de la pasada década en toda España han ido cayendo una tras otra como fichas de dominó desde que en 2012 el Ministerio de Industria cambió radicalmente su política sobre cogeneración. Y la última en cerrar ha sido la instalación cántabra de Reocín. El Gobierno regional ha decidido no aguantar más las pérdidas y dejar que los lodos de depuradora que allí se trataban para convertirlos en un abono granulado casi inodoro y sin patógenos se viertan directamente sin tratar en los campos… de Castilla y León, lo que por el momento aleja la polémica ecológica que antes o después se producirá.
El proyecto de Reocín fue ideado por el exconsejero de Medio Ambiente del PP José Luis Gil, padre también de la incineradora de Meruelo, que se ha convertido en otra fuente de problemas económicos para el Gobierno.
En realidad, el PP debería haber dejado el proyecto a sus sucesores, al comprobar en 2003 que no seguiría gobernando, pero en una decisión muy discutible, dado que se trataba de un Gobierno en funciones, optó por precipitar los acontecimientos y adjudicar a Sufi la construcción y explotación de la planta, antes de que tomase posesión el nuevo Gobierno.
El Ejecutivo entrante, formado por PSOE y PRC, consideró que el contrato que heredaba era desmesurado (50 millones de euros) e inviable y se reunió con el propietario de Sufi, Rafael Naranjo (uno de los financiadores de la red Gurtel, según se ha sabido más tarde) para tratar de renegociar el contrato, cambiando sustancialmente los términos: se descartarían las tres líneas de purines (con lo cual el coste bajaría a la mitad) y la explotación se realizaría a través de una empresa conjunta (Servicios Medioambientales de Cantabria), con la que el nuevo Gobierno pretendía conseguir que la operativa diaria no le supusiese un coste. Lo que la planta ingresaría por la venta de la electricidad producida y por los pellets de estiércol podrían compensar los gastos de secado de los fangos.
Sufi aceptó el cambio, pero el Gobierno se sintió molesto por una circunstancia de la que su propietario no les había advertido: al día siguiente de alcanzar el pacto, Sufi pasaba a otras manos. Su propietario se la vendió a Valoriza, una sociedad de tratamientos ambientales de mucho mayor tamaño que forma parte del grupo Sacyr.

Un buen inicio

La planta de Reocín tuvo una evolución aceptable en un primer momento, porque los ingresos eléctricos compensaban el coste de tratamiento de los fangos, aunque la sociedad que explotaba la planta nunca llegó a vender el estiércol compactado, por falta de demanda, y se vio forzada a entregarlo a un precio simbólico.
Las cosas empezaron a cambiar al año siguiente, cuando subió sustancialmente el precio del gas en España, y la cuenta de resultados pasó a tener pérdidas. Quizá la tecnología elegida por Gil no había sido la más adecuada, pero tampoco acertaron todas las empresas eléctricas que se lanzaron a construir centrales de gas (ciclos combinados) y se vieron obligadas a pararlas.
El déficit, en cualquier caso, hubiese sido mucho más preocupante de haberse construido las tres líneas de purines incluidas por el Gobierno anterior, porque a las pérdidas ocasionadas en su procesado se hubiesen sumado los altísimos costes que comportaba la recogida por todas las granjas de la región. Unos costes que Gil pretendía trasladar a los ganaderos a través de tasas y que éstos se habían negado en redondo a pagar.

Dimensión excesiva

Incluso después de dejar fuera del proyecto los purines (su auténtico origen) la planta resultó demasiado grande. Se diseñó para tratar 52.000 toneladas de lodos de depuradora al año, pero nunca ha pasado de las 20.000 y en 2013 se quedó en 17.000. Ni Cantabria producía esas cantidades, ni entró en funcionamiento la depuradora de San Pantaleón cuando estaba previsto, ni se pudieron tratar nunca los lodos de las pequeñas depuradoras locales.
Básicamente, Reocín ha secado, hasta junio de 2012, los lodos que se decantaban en la EDAR de Vuelta Ostrera (que depura los residuos líquidos de toda la cuenca Saja-Besaya) y los procedentes de la EDAR de San Román de la Llanilla, donde se concentran las aguas residuales de Santander y alrededores. Se procesaban también los de las depuradoras mediana pero no los de Liébana, por estar demasiado alejados, los de las pequeñas depuradoras –contratados con Oxital– ni los generados en los polígonos industriales de Santoña y Laredo, cuya alta concentración de salmuera es incompatible con un posterior uso como fertilizantes, o los de zonas donde los residuos de las queserías son muy relevantes, por su alto contenido en grasas.

Malos olores

La planta trató desde el principio de evitar los malos olores inherentes a la materia prima con la que trabajaba, y los ruidos que producen los dos gigantescos motores de cogeneración, pero fracasó con el
primero de los problemas. Después de las protestas de los vecinos más próximos se vio obligada a renunciar a la evaporación de agua extraída del fango, para evitar los fortí-
simos olores que desprendía el vapor durante el proceso, y desde entonces esas aguas las trata-
ba un gestor externo.
Curiosamente, la planta mue-
re en el mismo momento en que una de sus tres patas principales, la estación depuradora de San Pantaleón, ha sido puesta en marcha, aunque sea en pruebas, cinco años después de la última previsión. Con ella en funcionamiento le hubiesen llegado todos los lodos producidos en las poblaciones de la cuenca del Asón y hubiese mejorado sus ratios operativos.

La puntilla de Soria

La evolución del déficit eléctrico tampoco ha ayudado. Si inicialmente se pensó en utilizar la combustión de fangos ya secos para eliminar la carga de humedad con que llegan a la planta, finalmente se optó por un proceso mucho más aséptico, con gas natural. La planta simplemente quemaría gas para deshidratar el lodo hasta darle una consistencia lo bastante sólida como para compactarlo en pequeños cilindros (pellets), convertido ya en fertilizante. Si con la subida del gas de 2009 ya no resultó posible equilibrar la cuenta de resultados con la venta de la energía eléctrica que propiciaban los dos motores de cogeneración de 6 Mw de potencia cada uno (el proceso de secados consume uno, de forma que se podían vender los 11 restantes), la política del ministro Soria fue la puntilla, ya que disparó los costes del gas para las cogeneraciones y redujo las primas que se pagaban por la electricidad producida. Desde ese momento, la suerte de la planta estaba echada.
Ahora, aunque el Gobierno de Ignacio Diego se ha dado un plazo de un año para tomar la decisión definitiva, es muy improbable que vuelva a arrancar, y los veinte trabajadores de la planta (diez pertenecientes a Valoriza y diez de diversas empresas subcontratadas) han perdido su empleo.

Vertido de los fangos a campo abierto

Nadie sabe qué pasará a partir con los fangos que hasta hace siete años se vertían en Meruelo. Provisionalmente, la Consejería de Medio Ambiente ha concursado su transporte y gestión a través de dos empresas externas por tres meses, pero no aclara su destino, que según los trabajadores de la planta no es otro que su traslado en camión para el vertido directo en campos de la comunidad castellano-leonesa, aprovechando lugares alejados de cualquier núcleo habitado, para evitar que los desagradables olores provoquen conflictos vecinales. En el caso de los fangos que no cumplen los parámetros de vertido directo, sólo es posible, según la ley, llevarlos a una planta de compostaje, lo que encarecería sustancialmente esta supuesta solución.
El problema de cómo deshacerse de los lodos (unas 60 toneladas al día) se reproduce en otras comunidades, que están haciendo poco o más lo mismo, verterlos en los campos, a pesar de que en la mayoría de los casos eso vulnera la normativa ambiental que ellas mismas han impuesto. De hecho, la ley de Cantabria ni siquiera permite arrojarlos en un vertedero.
El problema ambiental no parece causarles una especial preocupación, quizá porque ahora se ahorran los casi 300 euros que cuesta tratar cada tonelada. Pero la lógica económica tampoco es del todo sólida, porque tener la planta cerrada no evita seguir pagando lo que aún resta por abonar de los 24 millones de euros que costó construirla. Trabaje o no, el resultado es ruinoso.