Más controles para evitar la siniestralidad laboral

La publicación hace veinte años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales supuso un paso de gigante en la lucha contra la siniestralidad, pero nada más útil para reforzar la eficacia de una norma que potenciar los mecanismos que controlan su aplicación efectiva. La Administración ha tardado en tomar ese tipo de medidas pero ahora los inspectores de trabajo, que entre sus tareas tienen encomendada la de velar por el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo, van a contar con un importante refuerzo: un cuerpo de subinspectores específicamente encargados de la prevención de riesgos laborales.
La creación de este cuerpo técnico es una de las previsiones que recoge la nueva Ley de la Inspección de Trabajo y, aunque la finalización de la legislatura ha ralentizado el proceso, la nueva escala de subinspectores laborales podría hacerse realidad este año, aunque por el momento no hay previsión alguna para la imprescindible convocatoria de oposiciones.
El perfil que se busca para los nuevos subinspectores es el de graduados universitarios procedentes de carreras científico-técnicas y no tanto jurídicas, porque se pretende que sean capaces de evaluar las condiciones materiales que presenta un centro de trabajo o las características de la maquinaria empleada para saber si se adecúan o no a la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Otras de las tareas que tendrán encomendadas será la realización de programas preventivos a partir del análisis de la siniestralidad laboral de la zona o el sector, además de informar y asesorar a empresarios y trabajadores.
En el caso de aquellas comunidades en las que ya existan técnicos habilitados por la Administración central para colaborar con la Inspección de Trabajo en materia de prevención –una figura que se creó cuando Eduardo Zaplana fue ministro de Trabajo–, se les podría incorporar mediante una convocatoria restringida. Cantabria no se encuentra entre esas comunidades, por lo que el único acceso posible sería a través de una oferta pública de empleo.
En cualquier caso, este cuerpo de subinspectores no será abultado. La Inspección de Trabajo en Cantabria dispone actualmente de 13 inspectores y 11 subinspectores, dedicados al control de cuestiones relativas al empleo y la Seguridad Social (contratos, cotizaciones, afiliaciones, etc), aunque la prevención también se encuentra entre sus competencias. Un número escaso para las más de 37.000 empresas que hay en la región­, y que permite gestionar anualmente entre 7.500 y 8.000 expedientes.
Su trabajo en el ámbito de la prevención se verá reforzado por la llegada de entre cinco y nueve subinspectores de seguridad y salud laboral, a los que se derivaría la vigilancia y control de las empresas en ese campo.

Repunte de la siniestralidad

Como suele ocurrir, la mayor actividad laboral en los últimos meses ha conllevado un alza de la accidentalidad laboral en Cantabria. Hasta el mes de octubre, el número de accidentes con baja fue de 4.167, un 5% más que 2014. De ellos, 4.102 fueron leves, 39 graves y seis mortales (en diciembre se ha producido el séptimo). En estas cifras se incluyen los accidentes ‘en misión’, es decir realizando un transporte o un reparto de mercancías pero no los ocurridos in itinere (el que sufre el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo), que en otros países no se computan como siniestralidad laboral.
La calificación de un accidente como leve desde el punto de vista médico no tiene por qué serlo desde el de la prevención. Un accidente con apenas consecuencias para quien lo sufre puede haberse debido a una grave negligencia en el cumplimiento de las medidas de prevención que, por puro azar, no ha acarreado consecuencias más serias.
La necesidad de no bajar la guardia en la vigilancia para que se cumplan los protocolos de seguridad queda subrayada en el ejemplo puesto por el Jefe de la Inspección de Trabajo en Cantabria, Miguel Angel Gálvez: “En España, la mayoría de la siniestralidad mortal se da por circulaciones en cubiertas de naves industriales, y esto no puede ser”, rechaza tajante.

Colaboración policial

Otra de las novedades que se recogen en la Ley de la Inspección de Trabajo, y que afecta también a la prevención laboral, es la presunción de veracidad que se dará a los informes remitidos por la Policía o la Guardia Civil a la inspección de trabajo. “Aquellas comunicaciones” –explica Gálvez– “que sean enviadas a la Inspección por agentes de la autoridad con los cuales tengamos un acuerdo van a ser tenidas por ciertas por la Administración y podrán ser admitidas en cualquier procedimiento, salvo prueba en contrario”. De esta manera, se agilizará notablemente el inicio de los procedimientos de sanción, al suprimirse la obligatoriedad de que la propia Inspección haga indagaciones para corroborar los hechos denunciados.
Tanto la creación de una rama específica de subinspectores como la agilización de los procedimientos de sanción son medidas que reforzarán la lucha contra la siniestralidad laboral. Un campo en en que Cantabria cuenta con un órgano, el ICASST, que realiza una importante labor en la formación y sensibilización de las empresas. Pero nada más eficaz para cumplir la ley que dotar a la Inspección de Trabajo de los recursos necesarios.