Días contados
Raos 99 es el nombre de la asociación surgida en marzo de 2006 para representar los intereses de las empresas ubicadas en el polígono santanderino. No lo han elegido al azar sino que hace referencia directa a los 99 años que inicialmente iban a disfrutar de este suelo industrial obtenido a través de una concesión administrativa en 1968. Un plazo que la Ley de Costas de 1988 redujo sensiblemente, al determinar que ninguna concesión podía superar los treinta años. Otra serie de disposiciones aparecidas después han venido a reverdecer el conflicto ya que, además, han permitido al Puerto cobrar a los concesionarios cánones por el uso privado de un dominio público que se emplea para actividades comerciales.
A partir del 29 de julio de 2018, fecha de caducidad de la concesión, retornarán a la Autoridad Portuaria los 250.000 m2 de superficie sobre los que se asientan las instalaciones industriales del polígono, ocupadas por casi 150 empresas de todo tipo que dicen facturar en conjunto más de 660 millones de euros.
El anuncio oficial del fin de sus concesiones, que los empresarios reciben del Puerto cuando le comunican su intención de comprar, vender o ampliar sus instalaciones, unida a la revisión al alza de las tasas han sido los detonantes de una asamblea donde han planteado actuaciones jurídicas, políticas y sociales dirigidas a frenar la intención de la Autoridad Portuaria.
“Nos dicen que estemos tranquilos pero hay gente que ya no duerme”, señala un portavoz de este colectivo de empresarios. Sostienen que las medidas adoptadas por el Puerto están “desincentivando la actividad” de un polígono que emplea a más de 2.800 personas y van a desembocar en la “ruina total” del inmovilizado de sus empresas, que valoran en más de 200 millones de euros. Además, aseguran que las incertidumbres sobre su viabilidad futura hace que algunas se resientan de una pérdida de credibilidad ante los proveedores, clientes, entidades financieras y ante la propia plantilla.
Contraprestación
El origen del conflicto se remonta a cuatro décadas atrás, cuando la empresa privada Actimarsa obtuvo una concesión administrativa del Estado a cambio del saneamiento y relleno de la marisma para su posterior urbanización con destino a la creación de empresas.
Sus actuales propietarios defienden que, más que una concesión, era una ‘contraprestación’ ya que los artífices del polígono fueron los actuales concesionarios y el precio que pagaron a Actimarsa por las parcelas equivalía, en su día, al de otra propiedad en una zona similar. Además, amparándose en las escrituras públicas de las que disponen, insisten no sólo en su derecho a ocupar el suelo hasta el año 2067 –el que inicialmente establecía la concesión–, sino en que también están exentos del pago de tasas a la Autoridad Portuaria.
No obstante, la normativa aparecida en fechas posteriores a la concesión ha cambiado mucho las cosas. La primera, y más importante, fue la Ley de Costas de 1988, que estaba destinada a defender el litoral como patrimonio público y recortó la duración de todas las concesiones a un máximo de treinta años a partir de esa fecha, y lo hacía con carácter retroactivo, lo que afectaba a las ya vigentes. Después, llegó la Ley de Puertos del Estado de 1992 –modificada cinco años más tarde–, que determinó que el Puerto Deportivo de Raos y el polígono quedaban dentro del ámbito del Puerto de Santander para cubrir futuras necesidades de ampliación. Una idea que quedó reforzada en el año 2000 por medio de una resolución de Obras Públicas sobre el Plan de Ordenación del Sistema Portuario, que acabó por asignar el polígono al Puerto.
Desde la asociación Raos 99 sostienen que estas leyes se formularon pensando en los puertos del Mediterráneo, donde no existen bahías naturales, sino que el ámbito portuario está perfectamente delimitado por la actuación humana sobre el medio en forma de grandes infraestructuras, algo que no ocurre en Santander, donde es difícil saber donde empieza y dónde acaba el Puerto.
Finalmente, una ley de régimen económico y prestación de servicios en puertos de interés regional de hace tres años autorizó a los puertos a financiarse a través de la imposición de tasas a las empresas instaladas en su perímetro. Tasas que, en el polígono de Raos, comenzaron a aplicarse en el año 2005, aunque con carácter retroactivo al 1 de enero de 2004.
Incremento de tasas
Los concesionarios han pasado a pagar tasas por tres conceptos distintos: por ocupación privativa de dominio público; por aprovechamiento especial de ese dominio público para actividades comerciales, industriales y de servicios, y por los servicios generales que reciben.
Los propietarios no están de acuerdo con las dos primeras porque “suponen una doble imposición para las empresas”. Por la ocupación del polígono, dicen que en su día ya pagaron el Impuesto de Transmisiones y que periódicamente pagan el de Bienes Inmuebles (IBI) a los ayuntamientos, como si el terreno fuera en propiedad y, por el fin empresarial de sus actividades, abonan el Impuesto de Actividades Económicas.
La tercera tasa la rechazan también porque grava servicios generales –vigilancia, limpieza, alumbrado– que no reciben, bien porque los sufragan ellos mismos o porque recaen en los Ayuntamientos de Santander y Camargo, los dos municipios sobre los que se asienta el polígono.
La nueva valoración de las parcelas, anunciada por el Puerto el pasado verano para conseguir “un nuevo modelo de gestión portuaria más rentable y eficiente”, supone un incremento del 421% respecto a la valoración de 1998, hasta ahora vigente y eso ha empeorado aún más las relaciones con el organismo público, hasta ser el detonante que ha llevado a los empresarios de Raos a ponerse en pie de guerra. Unidad no les falta, pero sí tiempo para luchar por una concesión que tiene los días contados.
