ANGEL AGUDO, consejero de Economía y Hacienda:

PREGUNTA.– Acudir a la iniciativa privada para servicios que tradicionalmente han sido prestados por el sector público parece que casa mal con una cultura política de izquierda como la que usted representa. ¿Es un cambio de perspectiva o tenemos que entenderlo como una actualización de la filosofía keynesiana de movilización de recursos?
ANGEL AGUDO.– Esta decisión la hemos tomado por dos razones fundamentales. Primero, porque es evidente que los recursos presupuestarios son escasos y porque ha habido un uso no conveniente de los ingresos extraordinarios en el pasado. Durante muchos años, esta comunidad autónoma ha tenido ayudas de la Unión Europea, que eran recursos extraordinarios, y han sido utilizados como ingresos corrientes para equilibrar el presupuesto. Al final, ese dinero ha sido beneficioso para la comunidad autónoma, pero no ha permitido la modernización de nuestra economía, que es lo que se buscaba, porque no se ha utilizado para estos fines.
Esto es lo que nos lleva a plantear otro modelo de financiación de la actividad del Gobierno, buscando acciones que nos den una iniciativa política y de modernización financiadas no con cargo al Presupuesto, sino con otras fórmulas. El reto que nos planteamos es modernizar Cantabria y eso requiere movilizar recursos aquí y ahora. Desde nuestra perspectiva, eso es lo que una corriente de pensamiento progresista para la región debe hacer. Lo importante no es la fórmula de financiación sino la capacidad de encarar un proceso de modernización con proyectos concretos.

P.– ¿Qué volumen de inversión puede llegar a generarse por esta vía?
A. A.–Cuantificar eso es difícil en este momento. Se pueden cuantificar aquellos proyectos de infraestructura pública que se hagan con financiación a largo plazo y dentro de tres o cuatro años van a repercutir en el Presupuesto como gasto corriente, por ejemplo, la sede del Gobierno, colegios, institutos u hospitales. En eso, que sí es cuantificable, podemos superar los 200 millones de euros en lo que queda de legislatura. Son inversiones, pero con una fórmula de financiación que nos permite encararlas ahora, sin depender del Presupuesto y cuando nos entreguen la obra completa se financiarán con cargo al gasto corriente, como alquiler de esos edificios.
El resto de las actuaciones va a depender de algo que no es el dinero, sino de tener proyectos. Si son viables en términos financieros, el problema de la financiación no existirá o no tendrá la limitación y el corsé de un presupuesto que muchas veces lo hacía imposible de realizar. Si el proyecto en sí mismo es capaz de generar retornos económicos, evidentemente, la financiación aparecerá, porque es el propio proyecto el que la sustenta. Por lo tanto, el problema ya no es tanto de dinero sino de ideas y ese es el reto que tiene Cantabria ahora mismo.
Yo creo que muchas veces si hay algo de lo que ha adolecido esta región es precisamente de falta de un proyecto de región de cara al futuro. Los gobiernos anteriores han utilizado los ingresos extraordinarios como gasto corriente porque adolecían de un proyecto de región en su conjunto y de proyectos para ese gran objetivo global. Nosotros eso ya lo tenemos, se llama Plan de Gobernanza, que se desgrana en 300 actuaciones, y esos proyectos hay que transformarlos en algo consistente para poder hacer los cuadros financieros que nos permitan buscar los recursos. Si los proyectos son viables, habrá financiación.

“El Gobierno respaldará a las empresas que se impliquen”

P.– ¿Qué tipo de empresas cree usted que pueden participar en este modelo de financiación?
A. A.– Nuestro objetivo es implicar al empresario de Cantabria en este tipo de proyectos. Queremos que se implique para conseguir tener un tejido empresarial más potente, más fuerte y también que diversifique su actividad hacia otros campos, como pueden ser los tecnológicos, energéticos, de innovación… Y que tenga la idea de que detrás de esto está el Gobierno, con lo cual se trata de un riesgo atenuado. Queremos llamar al empresario de Cantabria para que se comprometa con este tipo de iniciativa y se implique con el Gobierno en este proyecto. Pero, a la vez, queremos incrementar la presencia de inversores de fuera y lo queremos hacer, siempre que sea posible, en colaboración con empresarios de aquí. Creo que es una buena oportunidad para traer inversores, sobre todo, en aquellos campos donde la inversión sea muy elevada o no tengamos el know-how imprescindible. También es una magnífica oportunidad para poner en relación la empresa de fuera con la empresa cántabra, para intentar que haya aventuras compartidas en proyectos que nuestra empresa, por insuficiente conocimiento o desarrollo tecnológico, no pueda abordar. Ese tipo de relación entre ambos mundos nos permitiría traer inversores de fuera, incrementar la capacidad inversora de nuestra región y, a la vez, vincular o relacionar nuestras empresas con empresas de otros ámbitos que les permitan tener acceso a un know-how que seguramente les va a permitir un desarrollo posterior mayor.

P.–¿Un servicio público prestado por empresas o financiado por ellas, por ejemplo, la depuración de aguas, será más caro para el usuario que si lo presta la Administración?
A. A.– En el caso del agua tenemos que normalizar una situación kafkiana. Hay algunos ayuntamientos que no cobran el agua a sus vecinos, hay otros que, cobrando el agua, después no la pagan al Gobierno Regional y, en todos los casos, lo que ahora mismo se está cobrando por el agua en nuestra región está muy por debajo de lo que se plantea en otras. Tenemos que ser conscientes de que el agua es un bien escaso, que hay que hacer un uso racional y prepararse para cumplir la Directiva de la Unión Europea que dice que en el año 2010 los ciudadanos han de pagar el coste real del servicio, incluyendo abastecimiento, saneamiento, depuración, amortización de instalaciones, etc. Y eso no es algo que podamos discutir. Nos viene dado y lo debemos hacer cumplir. Es una magnífica oportunidad para racionalizar todo este proceso, para garantizar el suministro de agua para esta generación y las generaciones futuras, para hacerlo con un sistema de calidad y, además, para movilizar una ingente capacidad de recursos. Pero, sobre todo, para superar algo que no se conoce. Ahora, el 40% del coste del agua lo pagan los ciudadanos con el recibo y el 60% se financia con los presupuestos. Esto implica una situación injusta. Los 500.000 cántabros que pagamos los impuestos religiosamente en nuestra comunidad estamos financiando el 60% del recibo a ciudadanos que consumen agua en Cantabria, pero que no pagan impuestos en Cantabria. Si conseguimos que quienes consumen agua paguen el 100% del recibo, a lo mejor es posible que a los ciudadanos de Cantabria, al final, el agua les salga más barato que ahora, no en los recibos, por supuesto, pero sí en el cómputo total, incluyendo los impuestos que paga.

P.– Volvamos a la pregunta. ¿En general, se pueden encarecer los servicios?
A. A.– Yo creo que, si estamos hablando de empresas que están especializadas en la prestación de un servicio, deberían ser más eficientes que otras que no lo estén. La Administración Pública a veces gestiona cosas para las cuales no está preparada ni especializada. Se supone, al menos así lo dice la teoría, que las empresas especializadas lo harán mejor y la gestión del agua no es una especialidad de la Administración Pública.

P.– ¿Qué controles ejercerá la Administración sobre los adjudicatarios?
A. A.– Nosotros ejerceremos los propios de la Administración pero, por encima está el control de las obras, para que se realicen según lo estipulado. Aquí lo que se está buscando es la financiación para proyectos. El proyecto será financiado, si es viable, en unas determinadas circunstancias y quien asume el riesgo de la financiación será el que tenga que velar porque esas circunstancias se den, con el control del coste de las obras, por ejemplo. Ya no va a ser sólamente la Administración. Aquellos que asumen el riesgo de la financiación (los bancos, el constructor, etc.) se preocuparán de que los costes se cumplan, porque les afecta a ellos. Además, se le va a exigir a ese proyecto garantías previas de todo tipo; de carácter legal, técnico, financiero, etc.

“Estaremos encantados de que nos presenten proyectos”

P.- La Administración ha presentado ideas sobre nuevos servicios al ciudadano que podrían ponerse en marcha con inversión privada, pero, ¿está abierta a que las empresas le presenten más proyectos?
A. A.– Nuestra idea es intentar dinamizar la región. Esto supone que estamos dispuestos, y encantados, de que la iniciativa privada nos presenten proyectos e ideas que, en la medida en que sean coherentes con los ejes estratégicos definidos en el Plan de Gobernanza, tendrán por nuestra parte la atención necesaria para valorarlos y, en su caso, comprometernos. La idea es impulsar esa iniciativa privada para que se movilice, para que movilice sus recursos en esta dirección. Lo que haremos será analizar la viabilidad técnica del proyecto en todas sus circunstancias. A partir de ahí, puede haber una incorporación del Gobierno al proyecto o de alguna empresa pública o, simplemente, podemos poner los medios para que el proyecto se pueda realizar, aunque sea 100% privado. Lo importante es ser capaz de movilizar y remover las energías de la sociedad de Cantabria para romper esta especie de parálisis permanente que vive la región desde hace mucho tiempo.

P.- Si la mayor parte de la actividad inversora sale fuera del Presupuesto, ¿Corremos el riesgo de que desaparezca la transparencia y el control parlamentario?
A. A.– Tenemos el compromiso y la voluntad política de informar de todas estas iniciativas a la sociedad y al Parlamento, según se vayan formalizando. Yo creo que es absolutamente necesario. Ese compromiso está expresado verbalmente en la Cámara y ha sido lo primero que hemos hecho al presentar el Plan de Gobernanza, que da cuerpo a todo esto, al pedir la comparecencia a petición propia en el Parlamento. Por otro lado, este Gobierno ha puesto en marcha por primera vez un Plan de Auditorías, para controlar a todos los organismos y empresas públicos. El objetivo de ese Plan de Auditorías es que podamos auditar todas las empresas públicas de Cantabria y tener esa información disponible para la ciudadanía y para el Parlamento. Digo que es la primera vez porque sí es verdad que se presentó un Plan de Auditorías en el año 2000-2001 pero, en realidad, no se hizo ninguna. Nosotros ya hemos hecho alguna y nuestra idea es hacer una batida por todas las empresas públicas de la comunidad autónoma. Ese es un compromiso que va en la línea de transparencia que queremos dar con este tipo de actuación.
El instrumento financiero que va a desarrollar todo este tipo de actuaciones es la nueva empresa pública CEP, cuyo consejo de administración puede ser un elemento de referencia importante porque, junto a miembros del Gobierno, como consejeros o directores generales, hay gente externa elegida por sus cualidades profesionales y gente del mundo de la Universidad.

P.- El éxito de una empresa de este tipo depende, de alguna manera, del perfil de su consejero delegado. ¿El haber conseguido una persona que ha ejercido cargos muy relevantes en la empresa privada y en organismos públicos, como Luis Egusquiza, ha sido sustancial para poner en marcha este proyecto?
A. A.- Yo creo que si no hubiéramos tenido la oportunidad de encontrarnos en este camino con Luis Egusquiza seguramente el potencial del proyecto no sería tan grande como las expectativas nos pueden indicar. Nosotros hemos querido tener una visión muy empresarial en este terreno y contar con profesionales cualificados del mundo de la empresa. Tuvimos la suerte de conocer a Luis Egusquiza y, desde los primeros contactos, yo me dí cuenta de que, por su experiencia profesional y por su conocimiento, era clave para este proyecto. Por tanto, buena parte del proyecto descansa sobre la figura del consejero-delegado.
Además, hemos empezado a trabajar en la empresa con jóvenes que hemos sacado del Máster de Finanzas que hacen la Universidad de Cantabria y el Banco Santander. Personas que, cuando acaban el máster, suelen recibir ofertas interesantes de entidades financieras, porque es gente con un nivel de cualificación muy importante. Queremos también que la CEP sirva de cantera, y que a esas personas, cuando hayan avanzado en su experiencia laboral, las podamos utilizar como apoyo de conocimiento financiero en otras empresas públicas. Eso también va a dar a las empresas públicas que ya existen un tremendo potencial de crecimiento empresarial.