CONCERTACION: Los sindicatos, además de firmar, quieren ver

Transcurrida la mitad de la vigencia del pacto de concertación, el Gobierno está muy satisfecho de los resultados, CEOE, no se ha pronunciado, CC OO tiene algunas reticencias y UGT se encuentra en una zona de sombras parecida a la que le llevó a no firmar el acuerdo anterior. El problema es el mismo de siempre: Las partidas presupuestarias se gastan, pero tres de los cuatro socios firmantes nunca reciben información de cómo. Sólo saben a quienes van y en qué cuantía, pero nunca han conseguido una explicación detallada de los criterios que se siguen para la adjudicación.
El sindicato quedó escarmentado cuando no firmó la concertación anterior, lo que le produjo una auténtica campaña de aislamiento por parte del Gobierno, ya que fue excluido de las ayudas previstas en la concertación para las centrales. La unanimidad inicial de los cuadros del sindicato frente a esta campaña de acoso y derribo se fue resquebrajando a medida que pasaba el tiempo, escaseaba la financiación y UGT quedaba fuera de cualquier mesa negociadora. Una situación que empezó a crear grandes tensiones internas que crecían mucho más al compararse con la situación de CC OO, que no sólo obtuvo financiación para sus gastos corrientes sino que también consiguió dinero para importantes inversiones.
El malestar interno acabó por provocar la renuncia voluntaria del secretario general, Joaquín Ignacio Pérez, y por hacer volver al sindicato a la vía de la concertación. Pero UGT sigue sin sentirse cómoda dentro de un modelo en el que los sindicatos apenas tienen un papel de figurantes: firman, reciben las subvenciones, y poco más.
Eso no impide que los sindicatos sigan considerando globalmente positivos los resultados de la concertación. La existencia de un acuerdo que garantiza la estabilidad social es bien valorada por los inversores, aunque en el último año no ha conseguido grandes progresos en la lucha contra el desempleo y ya resulta del todo imposible alcanzar las pretensiones del Gobierno de acabar la legislatura con pleno empleo, una de las promesas electorales más arriesgadas. A la vista de la evolución, todas las partes se conforman con que el paro no suba más.
Tanto UGT como CC OO han mostrado su escasa predisposición a firmar otro convenio por dos años, tras señalar que al año de ponerse en vigor el actualmente vigente ya se detecta una cierta atonía de la acción política. Sin embargo, el mayor descontento lo produce la falta de control efectivo sobre el uso por el Gobierno de las partidas acordadas, que suman nada menos que 10.000 millones de pesetas cada año. Un dinero que no sólo incluye las subvenciones para la creación de empleo, o la ampliación de industrias, sino que abarca campos colaterales como la acción social.

Las Mesas no se reúnen

El Gobierno facilita las cifras de gasto a los sindicatos, pero estos pretenden saber también los criterios que se aplican para conceder las subvenciones o si se cumplen los requisitos que justifican determinadas ayudas. Las mayores quejas de UGT se centran en la falta de información sobre el uso que se ha hecho de las partidas cedidas a Sodercan para promoción de suelo industrial o implantación de nuevas tecnologías en las empresas. Esta información debiera haberse recibido por el comité asesor de Sodercan en el que están representadas las centrales, pero este comité no ha celebrado ninguna reunión en todo el año.
En el caso de la mesa de Acción Social, en la que se deciden cuestiones que abarcan desde las ayudas para guarderías hasta las destinadas a grupos sociales marginados, los sindicatos firmantes del acuerdo ni siquiera han sido consultados por el Gobierno a la hora de fijar la partida presupuestaria que se aplicará este año.
Algo más satisfechos están de la mesa dependiente de la dirección general de Trabajo, en la que han pactado con el Ejecutivo la creación del Servicio Cántabro de Empleo, cuyo proyecto de ley se encuentra ya en el Parlamento.

Una Ley de participación social

El mayor de los problemas para los sindicatos es la incertidumbre económica en que se mueven y el temor a que cualquier posición crítica les deje fuera del reparto de ayudas. Desde hace tiempo insisten en la necesidad de que se apruebe una ley de participación social que institucionalice el diálogo entre el Ejecutivo y los agentes sociales y deje claros los derechos de cada uno de los firmantes y de los no firmantes, incluidos los económicos: “Que queden también claras las partidas destinadas a los agentes sociales –señala la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún–, para que nadie pueda decir que se nos ha pagado por participar en la concertación, y para evitar lo que le ocurrió a la UGT cuando no firmó”.
Y es que las ayudas públicas se han convertido en la primera fuente de financiación de sindicatos y empresarios, de forma que quien tiene la llave del grifo, a menudo siente la tentación de cerrarla cuando no encuentra la respuesta esperada.