Una mejora medioambiental histórica en la industria
El pasado mayo, 64 de las más importantes empresas de Cantabria iniciaban un camino que marcará una divisoria histórica en el modo como se han relacionado en la región la actividad industrial y el medio ambiente.
Desde esa fecha, las empresas que obtuvieron la Autorización Ambiental Integrada (AAI) –y que fueron la práctica totalidad de las que por ley estaban obligadas a ello– se aplican, con mayor o menor intensidad, en poner en práctica las modificaciones en su sistema productivo necesarias para cumplir las condiciones medioambientales que la Consejería les impuso al otorgarles la autorización. Una autorización sin la que no hubieran podido continuar con su actividad y cuya obtención no fue el final de un proceso, como algunas llegaron a creer, sino el comienzo de una etapa que debe concluir con la modernización de nuestra industria y con la creación de unas bases del desarrollo sostenible.
Este esfuerzo requerirá importantes inversiones, difíciles de estimar en su conjunto, dada la variedad de medidas que las empresas deben adoptar, pero que la Consejería de Medio Ambiente ha cifrado en unos 150 millones de euros.
Desde depuradoras hasta filtros
El azar ha querido que estas inversiones deban realizarse en un época marcada por una crisis económica muy profunda y bastantes de las industrias afectadas pueden encontrarse con serios problemas para financiarlas. En cambio, otras empresas recibirán estas inversiones con alborozo. La aplicación de estas medidas contribuirá a reactivar los sectores industriales ligados al medio ambiente, desde consultoras e ingenierías hasta suministradores de bienes de equipo y empresas instaladoras. Y es que nunca, desde que la legislación medioambiental ha ido forzando a las empresas a minimizar su vertidos y a cuidar su relación con el entorno, se había producido en Cantabria un esfuerzo inversor de la cuantía del que ahora se va a producir.
Parte de la dificultad para hacer una estimación global de las inversiones que las empresas deben realizar radica en la heterogeneidad de las medidas correctoras que se recogen en las 64 autorizaciones ambientales otorgadas. Una diversidad que ya supuso en su día una complicación añadida para la Consejería de Medio Ambiente a la hora de estipular los términos de las autorizaciones. Mientras que en otras comunidades había muchas empresas de un mismo sector, lo que permitía generalizar los estudios sobre sus necesidades y sobre las mejores técnicas disponibles para minimizar los efectos ambientales de esa actividad, en Cantabria cada empresa ha requerido un análisis particularizado de sus procesos productivos y de las mejores técnicas existentes en su sector.
Las medidas correctoras más llamativas, por el volumen de obra que suponen y por su elevada inversión, son las depuradoras que deberán construir grandes fábricas como Sniace o la envasadora de leche de Meruelo (Lácteos de Santander) que la tiene ya prácticamente concluida. A otras empresas se les pide que corrijan deficiencias que también requieren obra civil, como la cubrición de parques donde se almacenan materias primas, caso de Ferroatlántica. Las medidas correctoras pueden estar dirigidas a cuestiones tan variadas como la utilización de combustibles menos contaminantes o la atenuación de ruidos. No obstante, las exigencias más frecuentes se refieren a la instalación de medidores de partículas, filtros, caudalímetros, arquetas de control y decantadores, lo que hará mucho más controlado y transparente todo el proceso de emisión de residuos al exterior. En las empresas con emisiones más conflictivas, por su volumen o por su toxicidad, estos medidores deberán estar conectados también con la propia Consejería de Medio Ambiente que, de esta forma, puede saber en cada momento qué vertidos o emisiones está realizando una fábrica concreta y no necesita que nadie de la voz de alarma si se superan los valores legalmente establecidos.
Una inversión de 20 millones de euros
Merece especial mención el esfuerzo inversor que deberá hacer Sniace para cumplir con las exigencias de la Autorización Ambiental Integrada. Si bien todas las empresas que integran el grupo –Viscocel, Cogecan, Celltech, Lignotech Ibérica e, incluso, la polémica planta de bioetanol Biofuels– han conseguido el visto bueno inicial de la Consejería, a todas ellas se les marca en una estricta hoja de ruta con las actuaciones que deben realizar en materia de tratamiento de gases, agua y residuos.
Los vertidos al Saja han sido siempre uno de los puntos más conflictivos de la relación de Sniace con su entorno y motivo de cuantiosas sanciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Norte. Para resolver de una vez por todas esta situación y dando un paso que se debiera haber dado mucho antes, la Autorización Ambiental obliga a la firma torrelaveguense a construir una depuradora equiparable en dimensiones a la EDAR de Vuelta Ostrera, sobre la que recae el saneamiento de todo los vertidos no industriales de la comarca del Besaya.
La inversión que esa enorme planta va a requerir, también será similar a lo que costó poner en pie la macrodepuradora de Vuelta Ostrera, unos 20 millones de euros, con los que cambiará radicalmente la tormentosa historia medioambiental de esta industria química.
Las obras, que se han iniciado recientemente en los terrenos situados detrás de la fábrica de lilion, tiene un plazo de 18 meses y aunque han sido adjudicadas a la firma asturiana TSK, van a ser ejecutadas por empresas locales.
También son de gran envergadura las obras que está acometiendo Ferroatlántica, otra firma con una conflictiva relación medioambiental con el denso núcleo de población –el eje Maliaño-Guarnizo– que se ha ido creando en su entorno. Además del cerramiento de las campas en las que se almacenan las materias primas, los productos finales y la escoria que resulta del proceso de fundición, Ferroatlántica ha de aplicar un nuevo sistema de captación de gases de los hornos, entre otras medidas correctoras. Las emisiones de la empresa de Camargo estarán permanentemente controladas desde la Consejería, que tendrá un acceso directo a sus medidores.
La planta de SO2 que Asturiana de Zinc (Xstrata) tiene en Hinojedo es otra de las que deberán realizar importantes inversiones para adaptar sus procesos a los límites de contaminación que se le fijan en la AAI, y que están dirigidos, fundamentalmente, a reducir los niveles de dióxido de azufre que emite al aire hasta que no superen los valores establecidos por la legislación.
Otra empresa que deberá introducir medidas correctoras de cierto calado es la reinosana Sidenor, especialmente en lo que concierne a los vertidos de aguas residuales industriales. Al otorgarle la autorización, Medio Ambiente le ha pedido que acondicione la zona de almacenamiento de escorias y de arenas de fundición, algo relativamente sencillo de ejecutar. Sin embargo, las mayores exigencias han provenido de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ha impuesto unos límites en los vertidos que Sidenor, hoy por hoy, está muy lejos de cumplir. Hay que tener en cuenta que la fundición reinosana está situada en la cuenca alta de un afluente del Ebro, una zona especialmente sensible a la contaminación.
No es el único caso en que, en vez de exigir directamente la construcción de una depuradora, se le fijan a una empresa valores límites de emisión para sus vertidos, aunque el resultado final probablemente sea el mismo.
La complejidad técnica de las medidas que algunas industrias deben adoptar, hace difícil evaluar el esfuerzo económico que exigirán. Como advierte Sercocan, la consultora que ganó el concurso de asistencia técnica a la Consejería de Medio Ambiente para la puesta en marcha de la AAI, “una depuradora es muy llamativa, pero puede haber exigencias muy complejas de cumplir y a lo mejor bajar un ppm (partículas contaminantes por millón) de un determinado componente puede ser mucho más costoso que esa obra”.
Sin plazo pero sin pausa
Aunque en un primer momento se manejaron desde la Consejería varios plazos para que las empresas aplicaran las medidas correctoras (desde los seis meses de algunas hasta los dieciocho de Sniace), lo cierto es que la autorización ambiental integrada no establece ningún límite temporal. La propia Ley que la regula –la 17/2006 de Control Ambiental Integrado– establece que se pueden aprobar proyectos de mejora medioambiental sin fijar un plazo para su ejecución, con la idea de poder aplicar en cada caso las mejores técnicas disponibles.
Lo que sí esta haciendo la Consejería es velar para que las empresas no se demoren en la puesta en práctica de las medidas correctoras. Hay que tener en cuenta que, aunque la autorización ambiental no tiene carácter provisional, debe ser confirmada mediante un acta en la que se refleje que se han llevado a cabo las modificaciones en los procesos productivos que se le han exigido.
El control de la diligencia de las empresas para acometer esas medidas correctoras se está llevando a cabo con visitas periódicas a todas ellas, bien por técnicos de la propia Consejería bien a través de consultores externos contratados con este fin. Una cautela que no sobra a la vista de que, a pesar de que las últimas autorizaciones se habían otorgado en mayo, algunas industrias han dilatando tanto la publicación de su autorización en el Boletín Oficial de Cantabria (una inserción cuyo coste corre a cargo de la empresa) que la Consejería se ha visto obligada a presionar para que cumplieran con ese trámite, algo que finalmente ocurrió el pasado 26 de diciembre.
También ha sido muy dispar la reacción de las empresas una vez obtenida la autorización ambiental. Algunas llegaron a suponer que ese era el final del proceso y han comprobado con sorpresa que, en realidad, es el primer paso y ahora están obligadas a hacer las inversiones correctoras. Otras, las más organizadas, están poniendo un gran celo en el cumplimiento de las medidas exigidas.
Al ritmo que las 64 empresas están ejecutando las reformas ambientales, lo previsible es que no se culmine este proceso hasta mediados de 2010, cuando se concluya la gran depuradora que debe hacer Sniace. Comenzará entonces una nueva etapa para la industria cántabra, con la aplicación, algo tardía en nuestro país, de esta Directiva europea sobre desarrollo sostenible.
La autorización ambiental integrada tendrá una validez de ocho años, contados desde el momento de su otorgamiento y no desde la firma del acta de conformidad, pero durante ese periodo las empresas estarán obligadas a notificar anualmente a la Consejería, con datos contrastados por una consultora autorizada (OCA), que sus vertidos no sobrepasan los límites permitidos, así como de cualquier modificación que introduzcan en sus instalaciones o en sus procesos productivos.
25 industrias sin licencia
El seguimiento de estas 64 industrias ha puesto también al descubierto una curiosa circunstancia y es que 25 de ellas, entre las que se encuentran firmas históricas, no cuentan con licencia municipal de actividad, algo que pone en entredicho el control que ejercen los ayuntamientos sobre el cumplimiento de su propia normativa, y que también deberá ser subsanado por las empresas que quieran ver confirmada su autorización ambiental.
Jesús Polvorinos
