La empresa Norvik Security Services presenta concurso que afecta a unos 500 vigilantes de seguridad

La empresa Norvik Secutiry Services ha presentado concurso que afecta a los 500 vigilantes de seguridad de su plantilla, según ha informado UGT en un comunicado este miércoles, que señala que este proceso ha sido admitido por el Juzgado Mercantil número 2 de Madrid el 11 de enero.

El sindicato ha denunciado que, durante los últimos meses, Norvik «había venido abonando las nóminas a las personas trabajadoras con continuos retrasos e incluso no procediendo al abono de las mismas».

En este contexto, UGT ha solicitado, tanto a la empresa como al administrador concursal, la agilización máxima en el proceso «que debe poner en primer plano el abono de las nóminas no percibidas por las personas trabajadoras».

Recientemente, Norvik adquirió varias empresas del grupo INV vinculadas a la seguridad privada y a los servicios auxiliares, como ha explicado UGT, que también ha señalado que la compañía «ha venido reduciendo sustancialmente su cartera de clientes» y ha pasado de un plantilla de 2.200 personas hasta las 500 actuales.

Así, esta compañía se une «a un número alarmante de empresas de seguridad que en los últimos tiempos han utilizado la misma formulación jurídica dejando de operar en la actividad y lesionando el empleo y abono de salarios a un número importante de vigilantes de seguridad».

Por ello, el sindicato ha aprovechado la ocasión para recordar la situación vivida en el sector de la seguridad privada, pues «aparentemente concurren empresas con un nivel de solvencia sólido» y, luego, la realidad lleva a vislumbrar «todo lo contrario, dejando de operar en la actividad y dejando a las personas trabajadoras en el desamparado laboral y económico».

Además, ha acusado de «cómplices» a las administraciones, a determinadas empresas y al propio Gobierno «por actividad desleal o dejación de funciones» en una situación que «avanza y pone en riesgo la propia permanencia de un sector declarado esencial».

Ante esto, UGT ha exigido un cambio en el modelo de seguridad privada instaurado en España.