La reforma de la cadena alimentaria afronta sus votaciones decisivas en el Congreso antes de su aprobación

La reforma de la cadena alimentaria afronta este miércoles en el Congreso sus votaciones decisivas en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde está prevista su aprobación y remisión al Senado.

Todo ello tras forzar la oposición el retraso una semana más de su aprobación, en protesta por la falta de disposición del PSOE para negociar cambios en partes sustanciales de la norma, como la prohibición de la venta a pérdidas, y sus dudas a la hora de cómo regular su prohibición.

Esta reforma, que llegó al Congreso en noviembre de 2020 tras ser aprobada por el Consejo de Ministros como proyecto de ley, busca completar las medidas de urgencia aprobadas vía decreto ley a principios de 2020, tras las protestas en el campo, en reivindicación por unos precios justos.

EL PSOE ACEPTA PROHIBIR LA VENTA A PÉRDIDAS

Finalmente, el PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo para establecer esta prohibición, que establece la obligación a cada operador de pagar al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido, incluida la venta final.

Según la enmienda a la que ha tenido acceso Europa Press, el incumplimiento de esta obligación será considerada venta desleal, con la sola excepción de alimentos percederos con fecha próxima a su caducidad.

Asimismo, se impiden ofertas conjuntas a obsequios para esquivar esta prohibición y se establece la prohibición de que el vendedor pueda repercutir a anteriores operadores su riesgo empresarial, derivado de una política comercial en materia de precios.

LAS NEGOCIACIONES SIGUEN ABIERTAS

Los grupos con los que el Gobierno cuenta para sacar adelante la reforma –ERC, EH-Bildu y Compromís– estaban a la espera del acuerdo en el seno de la coalición para pronunciarse. Sin embargo, aun reconociendo la mejora, desde ERC ya avisan de que «sigue siendo insuficiente» y buscarán modificarla.

En el grupo confederal también esperan conseguir más avances, ya que esperan alcanzar el respaldo del PSOE a otra de sus enmiendas, sobre indicadores de costes en los observatorios de precios, algo que consideran «vital para que se pueda implementar el control de precios».

DIEZ MESES DESPUÉS LA LEY SIGUE INTACTA, TAL COMO LLEGÓ AL CONGRESO

Todas estas enmiendas se votarán en la Comisión de Agricultura de este miércoles ya que, hasta el momento, los grupos no han introducido cambio alguno en el proyecto de ley remitido por el Gobierno. Pese a registrar unas 350 enmiendas, los grupos acordaron el pasado verano en ponencia votar todos los cambios en la Comisión, en base a las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos, con aportaciones de otros grupos.

Sin embargo, en aquella ocasión el PP y el PNV, con mayoría en la Mesa de la Comisión, frenaron el intento de PSOE y Unidas Podemos de celebrar una sesión para aprobar la ley. Entonces los grupos del Ejecutivo contaban con un principio de acuerdo con Esquerra Republicana, EH-Bildu y Compromís para sacar adelante la reforma, que se pospuso hasta septiembre.

EL PSOE ALEGÓ DUDAS SOBRE SU VIABILIDAD, QUE EL PP COMPARTE

Sin embargo, en los últimos días, según han informado a Europa Press diferentes grupos, el PSOE, que ostenta la cartera de Agricultura y, por tanto, el peso de las negociaciones con los grupos, se desmarcó del acuerdo en uno de los aspectos fundamentales de la ley, la prohibición de la venta a pérdidas. El PSOE alegaba dudas sobre su viabilidad, esgrimiendo un posible conflicto competencial que atañe al pequeño comercio.

Desde el PP comparten estas dudas, ya que ven «inaplicable» la prohibición propuesta, según trasladan a Europa Press desde este esta formación. Así, la ven contraria a la propia Ley de Ordenación del Comercio Minorista, y solo ven posible aplicarla a través de una reforma de la misma.

Asimismo, recuerdan una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre que la prohibición de la venta a pérdidas, con carácter general, excede lo establecido en la normativa comunitaria y que España ya ha sido condenada por ello, obligando a modificar la citada Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

EL SECTOR PIDE EXTENDER LA VENTA A PÉRDIDAS A TODA LA CADENA

La regulación de la venta a pérdidas es uno de los aspectos clave de la reforma, ya que era una de las principales reivindicaciones de las asociaciones agrarias durante las protestas iniciadas a principios del año pasado, únicamente paralizadas al estallar la pandemia de Covid-19.

Es más, la semana pasada organizaciones de toda la cadena agroalimentaria remitieron a los grupos una carta para pedir la extensión de la prohibición de la venta a pérdidas a todos los eslabones de la cadena.

La carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, viene firmada por las asociaciones agrarias Asaja, Coag, UPA y Cooperativas agroalimentarias, pero también la patronal Asedas, que cuenta entre sus asociados con Mercadona, Dia, Coviran, Alimerka o Ahorramas, entre otras, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y la patronal Promarca.

Estas organizaciones piden que la trasposición de la directiva de prácticas comerciales permita «desarrollar una regulación más coherente y que dé seguridad jurídica a los operadores en relación con la destrucción del valor en la cadena en este sector».

En este sentido, señalan que conocen que el Congreso «valora la introducción de extender la prohibición venta a pérdida en todos los eslabones de la cadena, incluido el de la venta final» y, por ello, piden el apoyo de los grupos «a favor de la introducción de esta medida en el actual proyecto de ley».

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Source: Europapress

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