La descentralización del Tribunal de Defensa de la Competencia
La futura creación de Tribunales de Defensa de la Competencia en las comunidades autónomas genera cierta incertidumbre en la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar, que recomienda el cumplimiento de ciertas medidas para dar mayor funcionalidad y efectividad a este nuevo órgano.
El marco normativo e institucional de la Política de Defensa de la Competencia en España está viviendo uno de sus periodos de más cambios, debido a la aprobación de la Ley de Defensa de la Competencia de 1989. La Sentencia del Tribunal Constitucional 208/1999 abrió las puertas de la descentralización gracias al reconocimiento de las competencias a las comunidades autónomas. Este reconocimiento se hizo oficial con la posterior aprobación de la Ley 1/2002 de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas, que dio paso a la creación de Tribunales de Competencia descentralizados.
La complejidad de la puesta en marcha de este tipo de entes en las diferentes comunidades ha llevado al Instituto de la Empresa Familiar a elaborar un exhaustivo informe del contexto en el que se inscribe esta medida y las perspectivas de su puesta en vigor. Si bien se extrae que la política de la competencia es uno de los vértices sobre los que se debe apoyar cualquier Estado moderno que quiera contar con una economía dinámica, se pone de manifiesto la incertidumbre que puede surgir al respecto, por lo que se pide que el Servicio de Defensa de la Competencia se persone como parte interesada en los expedientes autonómicos que se tramiten.
Recomendaciones
Con el objetivo de evitar disfuncionalidades y diferencia de criterios, tanto el Instituto de la Empresa Familiar como la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar plantean una serie de recomendaciones para garantizar la homogeneidad a la hora de aplicar una Ley que consideran un poco imprecisa.
En primer lugar, exigen que los tribunales autonómicos tengan plena y total independencia del poder político, evitando que éste tenga a bien utilizarlo a su conveniencia. Es necesario también que se clarifiquen las competencias de los organismos sectoriales y que los informes que emita la Junta Consultiva de conflictos sean públicos y estén al alcance de los interesados. Por otra parte, recomienda una adecuada coordinación y entendimiento entre los tribunales autonómicos y el Tribunal de la Competencia Central.
Por último, y no por ello menos importante, las nuevas estructuras que se pongan en marcha deberán ser lo más ajustadas posible. Hay que tener en cuenta que el volumen actual de trabajo relacionado con las comunidades autónomas es relativamente pequeño. En el caso de Cantabria, entre los años 2000 y 2002 se han tramitado sólo cuatro expedientes, lo que da cierta información sobre la actividad que puede generar nuestra comunidad autónoma. Si bien es cierto que a nivel estatal, en esos mismos años, el número de expedientes autonómicos tramitados suponen el 60% del total, más del 50% fueron archivados o sobreseídos, por lo que no llegan al Tribunal de la Competencia. De ello se deduce la escasa carga de trabajo que en nuestra comunidad, y en el resto del Estado, pueden suponer este tipo de conflictos.
Para evitar un gasto innecesario, desde la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar se recomienda que los tribunales autonómicos realicen también otras tareas, como el desarrollo de labores de promoción de la competencia a través de informes que planteen posibles modificaciones legales para mejorar la competencia en sectores relevantes. Además, se aconseja que el órgano que se cree haga un seguimiento exhaustivo de las empresas públicas, en vista al desarrollo que han tenido en los últimos diez años. Por último se recomienda que se publiciten, que se den a conocer a los operadores económicos, para que éstos puedan y sepan hacer un uso adecuado de los mismos.
Valoración
Desde la Asociación Cántabra de la Empresa Familiar, la creación de un Tribunal de Defensa autonómico se observa como una oportunidad para controlar, en beneficio de los consumidores, aquellos acuerdos y prácticas empresariales que puedan conculcar las reglas del libre mercado en nuestra región. No obstante, genera preocupación que estos órganos puedan suponer una barrera administrativa más al desarrollo y la puesta en marcha de iniciativas empresariales.
Por otro lado, al igual que el propio Instituto de la Empresa Familiar, la Asociación considera necesario garantizar su independencia respecto del poder político, para evitar interferencias que perjudiquen el desarrollo normal de la actividad económica.
