El gran consumo pide al Gobierno que se incremente la competitividad y un marco regulatorio armonizado

Insta a que no se use la fiscalidad para tratar de cambiar hábitos alimenticios o estilos de vida

La Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc), que reúne a más de 33.000 compañías, el 85% de ellas pymes, ha tendido la mano al nuevo Gobierno en el inicio de la nueva legislatura, pero le pide medidas destinadas para incrementar la competitividad e impulsar el crecimiento potencial del país, así como un marco regulatorio armonizado, según informa en un comunicado.

En concreto, la patronal ha recordado que entre 2003 y 2005 el PIB per cápita español estaba entre el 84% y el 85% de la media europea y actualmente el porcentaje de PIB se sitúa en un 78%, lo que confirma que España ha perdido un cuarto de siglo en la convergencia real con Europa.

De esta forma, Aecoc considera «imprescindible» que se reconozca el papel que las empresas desempeñan al servicio del conjunto de la sociedad, así como activar los mecanismos y las líneas de acción necesarias para incentivar el aumento del tejido empresarial, así como el buen gobierno de las ya existentes.

El gran consumo recuerda que su cadena de valor aporta en su conjunto el 25% del PIB nacional y proporciona 4,4 millones de puestos de trabajo, además de ser un sector vertebrador de la economía española y un gran contribuidor a las exportaciones españolas.

Por ello, solicita un marco de seguridad jurídica que favorezca la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos empresariales.

Además, considera que es necesario impulsar un escenario de trabajo basado en la competitividad administrativa, normativa y fiscal (que evite sobrecargas y trabas al crecimiento de las empresas) y promover un marco regulatorio armonizado que permita operar bajo reglas comunes en todo el país y que no amplíe las exigencias de los reglamentos comunitarios, poniendo así a España en desventaja competitiva frente a otros países del entorno.

Respecto a las políticas de empleo, Aecoc reconoce que actualmente el comportamiento es positivo, pero cree que España necesita revisar sus políticas de empleo y desempleo, avanzar en materia de conciliación y digitalización e impulsar un modelo de formación profesional (especialmente en modalidad dual) especialmente orientada a cubrir las necesidades laborales del mercado.

«Es además indispensable ayudar a mejorar la competencia de nuestra fuerza laboral y avanzar en la implementación de nuevas tecnologías para poder recuperar una productividad que no sólo está un 24% por debajo de la Eurozona sino que además no evoluciona positivamente», aseguran.

RECLAMA LA PUESTA EN MARCHA DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO

En materia de transporte, la patronal del gran consumo considera necesario establecer los canales necesarios para que las políticas de transporte de mercancías y distribución urbana se hagan desde el conocimiento de la realidad empresarial y desde las necesidades de las compañías de operan en este ámbito.

Así, entre las principales urgencias figuran la aprobación de las 44 toneladas de carga, la puesta en marcha del corredor mediterráneo y la armonización de las medidas y regulaciones a implementar en la distribución urbana de mercancías.

Por último, la asociación considera «necesario» trabajar desde la colaboración en estrategias de información al consumidor que le ayuden a disfrutar, de forma sensata y saludable, de una de las gastronomías y dietas más variadas y ricas del mundo (la dieta Mediterránea) y a no utilizar la fiscalidad para tratar de cambiar hábitos alimenticios o estilos de vida, ya que recuerdan que «los intentos llevados a cabo en ese sentido se han demostrado ineficaces».

Mientras que en el ámbito de la sostenibilidad, insta al Ejecutivo a trabajar con una visión y estrategias a largo plazo que permitan avanzar hacia un modelo de crecimiento más sostenible (con el que el sector está totalmente comprometido), ofrezcan seguridad y garantías a la inversión (en temas como renovación de flotas de transporte) y promuevan un marco regulatorio acorde al contexto económico y en consonancia con el buen funcionamiento de las empresas.

«Es imprescindible evitar los riesgos de una regulación que no tenga en cuenta el verdadero impacto económico y medioambiental de las medidas propuestas como, por ejemplo, en el caso de la normas de reutilización obligatoria de los envases», concluyen.