LAS INCERTIDUMBRES DE LA TRANSFERENCIA SANITARIA

A pesar del aparente éxito, en una materia como la sanidad, casi nunca conviene mostrarse exultante. En 1986, cuando los negociadores cántabros cerraron con el Gobierno de la nación la transferencia del AISNA (los hospitales de Liencres y Pedrosa) el Ejecutivo cántabro presidido por Díaz de Entresotos exaltó los magníficos términos del acuerdo conseguido. La realidad pronto se empeñó en demostrar lo contrario y apenas cinco años después, Liencres y Pedrosa se encontraban en una situación disparatada, sin pacientes y sin un destino claro.
Las transferencias sanitarias también han dado más de un susto a las comunidades autónomas que las recibieron hace ya años, como ocurrió con Galicia (donde el agujero económico que le generó a la Xunta llegó a extremos muy graves) o Cataluña. Otras, como el País Vasco, demostraron que podían gestionar con eficiencia el dinero recibido y conseguir, incluso, prestaciones superiores a las que ofrecía el Insalud, que ya articula uno de los sistemas sanitarios más completos del mundo desarrollado.

Fuerte ritmo de crecimiento en el gasto

El gasto sanitario en Cantabria viene creciendo en los últimos años a un ritmo del 9%, bastante más elevado que el IPC. De acuerdo con los 64.900 millones de pesetas empleados por el Insalud en el 2000, el 2001 se habría cerrado en torno a los 71.000 millones de pesetas y para el 2002 serían necesarios algo más de 77.000 millones, una cuantía inferior a la reconocida por el gobierno nacional en las negociaciones. Desde este punto de vista, Cantabria podrá gestionar la sanidad sin agobios económicos, siempre que mantenga los mismos parámetros de gasto, pero esa circunstancia es muy improbable a la vista de lo ocurrido anteriormente con la transferencia del Imserso o de la enseñanza no universitaria, donde el personal transferido exigió la equiparación de sus sueldos con los funcionarios del Gobierno de Cantabria, lo que supondría una revalorización de la masa salarial en torno a un 20%. En este caso, y habida cuenta de que la nómina del Insalud en Cantabria era de unos 35.000 millones de pesetas, la homogeneidad salarial supondría unos 7.000 millones más, una cifra imposible de asumir con la cantidad pactada en las negociaciones.
La segunda incertidumbre se encuentra en el futuro del Hospital Valdecilla, fruto de una generación de centros sanitarios que ahora declina tanto por su obsolescencia física como por los elevados gastos que comporta. El derrumbe de una fachada precipitó una sustitución que, de todas formas, debía ser tenida en cuenta, dado que el estado general del Hospital es malo, con muchas carencias técnicas, sobre todo en tecnologías de diagnóstico, y con un severo deterioro de su calidad hostelera.

El dinero para Valdecilla, en el aire

Asturias logró en la negociación la financiación para sustituir el Hospital General de Oviedo, contemporáneo de Valdecilla, y el presidente de Cantabria sólo se vino con un compromiso de que dentro de tres meses se discutirá un acuerdo específico para el centro cántabro, un apéndice extraño a una negociación de transferencias que todas las demás comunidades han dejado completamente cerrada.
Cantabria se juega mucho en Valdecilla y, tras las declaraciones del director general del Insalud, la convicción de que el Estado sufragaría toda la reforma del Hospital ha desaparecido. A una pregunta formulada por el diputado cántabro Jaime Blanco, José María Bonet dijo que no había compromiso alguno del Estado para sufragar más que la primera fase, en abierta contradicción con lo que manifestó pocas semanas antes en Cantabria la ministra de Sanidad, que al menos había prometido dos fases, dejando la tercera al Gobierno cántabro. A su vez, la ministra olvidaba que su antecesor, Romay Beccaría, se había comprometido a la financiación completa cuando se produjo el accidente de la fachada.

Obras muy retrasadas

La autonomía no tiene posibilidades de afrontar el importe de una obra absolutamente imprescindible y decisiva para garantizar una asistencia hospitalaria de calidad durante al menos otras tres décadas y cuyo coste ha estimado el Gobierno regional en 30.000 millones de pesetas. Una cifra a la que habría que añadir el elevado coste de la renovación tecnológica que el Hospital necesita desde hace años.
Los problemas no serán sólo económicos. También es imprescindible concretar los plazos para evitar una eternización de los trabajos, como sugiere la tardanza de las obras urgentes, aquellas que iban dirigidas exclusivamente a recuperar la operatividad perdida por el Hospital al caerse la fachada y que, en teoría, debían completarse en dos años.
Cuando ya ha transcurrido el plazo, sólo se ha conseguido recubrir la fachada de Traumatología, pero ni está realizado el reparto interior ni la torre anexa que servirá como distribuidor de todo el edificio, ya que en ella se ubicarán las escaleras y ascensores. En estas circunstancias, cabe suponer que las obras de urgencia no acabarán antes del 2004, lo que habrá sometido al Hospital a cinco años de precariedad máxima, casi lo que se hubiese tardado en construir otro centro de nueva planta, y aún restarán por acometer las fases II y III, en las que se construirán los nuevos servicios centrales y las consultas ambulatorias.

Elevada financiación por habitante

La negociación de las cantidades necesarias para la gestión diaria de la sanidad en Cantabria, en cualquier caso, ha sido satisfactoria. Aunque la cifra conseguida queda lejos de los 90.000 millones que, según los socialistas, había pedido el Gobierno cántabro a Madrid, respeta algo que a priori no podía asegurarse, el diferencial financiero de Cantabria. Desde hace muchos años, la Administración central gasta en la sanidad de nuestra región una cifra por habitante bastante superior a la media nacional, algo que, en parte, viene justificado por el Hospital Valdecilla, teóricamente superior a las necesidades locales. Esa diferencia peligraba en unas negociaciones donde las autonomías con menos financiación por habitante aspiran, como es lógico, a un reparto más equilibrado. Sin embargo, Cantabria puede darse por satisfecha, dado que mantendrá la segunda financiación más elevada por habitante entre las diez comunidades que ahora recibían la sanidad.