De las carreteras a las emergencias sociales

La política de Cantabria ha ido a menos al mismo tiempo que la renta de sus habitantes y, en un ejercicio de humildad que era necesario, Revilla ha fiado su éxito al cambio de ciclo económico. A él le toco lo mejor del ciclo alcista pero también lo peor del estallido de la burbuja, como le recordó a Diego (2008-2011), aunque los problemas sociales más dramáticos han venido después. Y ahora espera cosechar los resultados de la recuperación.
En realidad, hay pocos clavos más a los que agarrarse, porque las políticas autonómicas no tienen capacidad para modificar la tendencia económica, pero la tendencia sí puede cambiar la política autonómica. Como se encargó de recordar en el debate de investidura, entre una economía que decrece un 2% y otra cuyo PIB sube un 3% hay una diferencia de 200 millones de euros en la recaudación del Gobierno cántabro. Pero ni siquiera esos 200 millones le serán suficientes, porque ese es el déficit que tuvo Diego en 2014, sin gastar nada, y Revilla pretende gastar mucho.
Rubén Gómez, de Ciudadanos, tiene otras cuentas: La nueva vuelta de tuerca impuesta por Montoro, que exige a las autonomías un déficit máximo al 0,7% del PIB para este año, le quitará unos 120 millones de euros de gasto con respecto a las disponibilidades que tenía su antecesor. Y todo eso sin contar con que el Gobierno saliente le deja prácticamente agotado el déficit admitido para todo el año.
En estas condiciones, Revilla y su consejero de Economía, Juanjo Sota, tendrán que echarle mucha imaginación para pagar cualquier política, aunque en su discurso ya no ha habido carreteras, ni edificios, ni otras inversiones. Todo eso pertenece al pasado. Ahora hay que atender urgencias como la comida diaria de una parte significativa de la población, que tiene serios problemas para lograr la subsistencia. Con 160.000 personas por debajo del umbral de pobreza, la región ha pasado de tener problemas de países ricos (el urbanismo) a problemas de países pobres, como la comida.
Esa sombra se dejó notar en todo el debate de la investidura. Parecía que Podemos iba a tener un papel meramente colorista, como el cabello de su diputada, pero marcó un tono del que nadie se atrevió a salirse: de hablar de las obras públicas, de antaño, en la política cántabra se ha pasado a hablar de las personas.

¿De dónde saldrá el dinero?

El nuevo Gobierno no solo necesita que se confirme la reactivación económica, sino que habrá de echar mano de otros recursos. Lo primero es sentarse a negociar con los bancos una reestructuración de la deuda actual (algo más de 2.500 millones de euros) para trasladar al futuro lejano tantos pagos como sea posible. El PRC ha hecho suya la propuesta que hace algunos meses puso en el mercado el exconsejero de Economía socialista Ángel Agudo, quien por su imputación en el Caso Racing ha pasado a un segundo plano. En teoría, no debiera ser complicado, porque más de la mitad de la deuda ha pasado a estar en manos del Estado, como consecuencia de los mecanismos que puso en marcha Rajoy para dar algunas facilidades financieras a las autonomías, asfixiadas por la deuda que habían acumulado y su política de control del déficit.
Revilla sabe que ni siquiera eso será suficiente pero es consciente de que en el nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera esta vez va a haber al menos de diez autonomías que planten cara al ministro a la hora de repartir el déficit, y Montoro se verá obligado a relajar la presión. Hasta ahora, la mayoría han sido muy cumplidoras, pero las más ejemplares van a acabar siendo las más perjudicadas en el momento en que se abra la mano, y es imposible mantenerla cerrada.
El Estado, que sigue controlando el 55% del gasto público, se ha puesto un objetivo de déficit del 4,8%, mientras exige que ayuntamientos y autonomías se ajusten el año próximo al 0,3%. La ventaja del que reparte se antoja demasiado abusiva como para no suscitar una pequeña rebelión, sin contar con la posibilidad de que Rajoy no conserve el poder a partir de noviembre o tenga que compartirlo.

Más dinero de la recaudación estatal

Montoro está dispuesto a algunas cesiones. La primera, obligada, es añadir 10.000 millones de euros al actual modelo de financiación (a Cantabria le corresponderían unos 150) como consecuencia de la liquidación definitiva de 2014. No es un regalo, sino la estricta aplicación del sistema de reparto, en función de la evolución de las recaudación estatal de impuestos.
Este alivio económico para las autonomías podría haber sido mayor si Rajoy no opta por rentabilizar por sí mismo el aumento de ingresos, rebajando el IRPF en su propio beneficio electoral.
Las otras herramientas del nuevo Gobierno son la recuperación del Impuesto de Sucesiones en los términos en los que lo dejó el anterior Gabinete de Revilla (sólo para los patrimonios más altos) y la mejora de la eficacia inspectora de la Agencia Cántabra de Tributos, que no parece que tengan mucho recorrido.
Ninguna de esas fuentes de ingresos podrá aportar cantidades semejantes a las que van a requerir las nuevas políticas sociales. Mucho menos para cumplir los guiños que regionalistas y socialistas han lanzado a enseñantes y sanitarios con la posibilidad de revisar sus salarios. El auténtico problema de la autonomía (incluso en los años buenos) es su incapacidad para ajustar las cuentas de la sanidad, que se comen las dotaciones que debieran ir a otras consejerías. El problema es muy grave, aunque tanto Diego como sus antecesores lo hayan tratado de disimular presupuestando cada año por debajo de lo que realmente cuesta, un autoengaño que originó las famosas ‘facturas de los cajones’.

El riesgo de revisar la financiación autonómica

Revilla anuncia que tratará de abrir otro cajón peligroso, el de la financiación autonómica. En principio, Cantabria debiera ser la menos interesada en hacerlo, porque el año que viene habrá más dinero para repartir (95.000 millones) y nuestra comunidad es la más beneficiada por el actual sistema de cálculo, que tiene en cuenta los diferentes costes que supone prestar el mismo servicio público (sanidad, educación, etc.) en diferentes zonas del país.
Cantabria siempre consiguió una aportación per capita superior a la media y es, desde 2009, la comunidad mejor financiada de España, con bastante diferencia sobre cualquier otra. Aunque, en teoría eso es consecuencia de su dispersión poblacional y del alto coste de sanidad, por el factor diferencial de Valdecilla, la realidad es que Madrid siempre fue condescendiente con una autonomía cuyas reclamaciones –por su escaso tamaño– resultaban mucho más baratas que las de otras comunidades. Al fin y al cabo, su voto valía lo mismo que el de Andalucía o el de Cataluña.
Cada consejero que ha ido a negociar estos repartos ha recorrido un ciclo parecido. De una posición inicial apocada, al imaginarse en medio de las ingentes aspiraciones de los grandes titanes autonómicos, a envalentonarse al descubrir que su voto le daba la misma fuerza que a cualquiera otra. Así sabía que podía pedir en exceso, porque satisfacer la posición de Cantabria y obtener su voto siempre resultaba más barato para el ministro de turno que atender reivindicaciones parecidas de gallegos, catalanes o andaluces.
Incluso con esa ventaja negociadora será casi imposible conseguir que que un nuevo modelo de financiación autonómica mantenga una sobrefinanciación tan abultada como la que ahora disfruta Cantabria. Cataluña tiene poco que perder al exigir un cambio en el modelo, porque con cualquier otro saldrá más beneficiada, pero Cantabria puede dejarse muchas plumas en este juego, en el que sólo habría una posibilidad de salir airoso: si el Estado pone sobre el tablero mucho más dinero, y todos reciben más, aunque la mejora de Cantabria sea proporcionalmente más pequeña que las de otros.