Las balanzas fiscales, un clavo al que agarrarnos

Desde que en la segunda mitad de los años un director de oficina bancaria poco conocido llamado Miguel Angel Revilla empezó a publicar en los periódicos regionales artículos en los que exponía su queja por las ventajas fiscales de Navarra y el País Vasco que perjudicaban a Santander (él mismo lideraría años después el movimiento para el cambio de nombre de la provincia) la polémica por la financiación de las autonomías no ha cesado. Durante muchos años, los distintos gobiernos de la nación se negaron a entregar las balanzas fiscales (lo que tributa y recibe cada una) para no alimentar los agravios comparativos. Finalmente, Zapatero se vio forzado a presentar una, que simplemente constató lo que ya se suponía. Y otro tanto ha ocurrido ahora, con la hecha pública por Hacienda.
En teoría, las balanzas fiscales despejan las dudas sobre el equilibrio interregional, pero en la práctica crean más. En primer lugar, porque cualquier procedimiento de cálculo es cuestionable, ya que hay muchos flujos de gasto difíciles de imputar territorialmente, y, en segundo término, porque el concepto es confuso en sí mismo, ya que conduce a pensar que son las regiones las que cotizan, cuando en realidad son las personas. Si los madrileños tienen unos ingresos individuales superiores a los extremeños pagan más impuestos, y no porque sean madrileños, sino por su renta. Además, están allí las sedes de las grandes compañías, aunque su actividad se desarrolle en otras regiones. Y aunque el Estado invirtiese en la comunidad de Madrid el mismo dinero por habitante que en cualquier otra, lo lógico es que el conjunto de esa comunidad autónoma pague más de lo que recibe.
Los autores del informe divulgado por el Ministerio de Hacienda aseguran que dos tercios de los saldos negativos que aparecen en las balanzas se deben, simplemente, a que en los territorios más ricos “se pagan más impuestos por habitante que en los pobres”. El tercio restante procede de la distribución del gasto público, y es el único que puede ser cuestionable.
Las balanzas fiscales que se acaban de hacer públicas con tres años de retraso (corresponden a 2011) simplemente reflejan ese hecho. Aunque Madrid y Barcelona no están por debajo de la financiación media nacional (Madrid esta en el 100,4% y Cataluña en el 102,4%) ambas comunidades son, con mucha diferencia, las que tienen un saldo fiscal más desfavorable.
Cantabria, que es la región más beneficiada por el actual sistema de financiación autonómico (Ver Cantabria Económica del mes de mayo) y también tiene un saldo favorable en su balanza fiscal con el Estado, aunque los signos de una y otra no tienen por qué coincidir necesariamente. La región recibe cada año 205 millones de euros más de los que aporta (dentro de la escasa objetividad que tiene el atribuir a las comunidades lo que en realidad habría que atribuir a cada contribuyente).
Cantabria Económica ya advertía que la región es una de las que más tienen que perder en el caso de que se modifique el sistema de reparto de la financiación entre autonomías, puesto que es evidente que cualquier corrección se haría para dar más a las que ahora salen perdiendo, en perjuicio de las que están más sobrefinanciadas.
De acuerdo con las cuentas territorializadas que ha presentado Hacienda, Cantabria recibe del Estado 345 euros más por habitante y año que la media. No es comparable con lo que obtienen Extremadura (2.697) o Canarias (1.910) pero hay que tener en cuenta que los habitantes de Madrid pagan al resto una media de 2.575 euros; los de Baleares 1.329; los de Cataluña 1.119; y los de la Comunidad Valenciana 394.
No todo es tan positivo para la región. Aunque las balanzas fiscales dejan a Cantabria en una posición receptora (el Estado le aporta un 1,6% del PIB con dinero que obtiene en otras regiones), desvelan un dato inquietante, que los autores del informe no entran a analizar. Cuando se trasciende del concepto región al de equidad interpersonal se producen sorpresas. Mientras que Canarias, Navarra y el País Vasco, tienen cargas tributarias inferiores a lo que cabría esperar de su nivel de rentas (en las comunidades forales eso era casi evidente) en Cantabria y Asturias se da el fenómeno contrario. Ambas regiones aportan en tributación más de lo que debiera corresponder a su nivel de renta.
El estudio realizado por el Ministerio se limita a advertir esta extraña circunstancia pero no da ninguna explicación de por qué se produce.
En realidad, no es difícil deducir que esta situación pueda estar relacionada con el origen de las rentas, ya que tanto en Cantabria como en Asturias tienen un fuerte componente salarial, y los salarios son los ingresos más castigados fiscalmente. También se da la circunstancia de que muchas de esas rentas se encuentran en los tramos medios, que son los más penalizados, en la práctica, por las últimas subidas de tipos.
Esta circunstancia puede ser el mejor argumento para que el Gobierno cántabro defienda el mantenimiento de un sistema de financiación autonómica que beneficie a la región tanto como el actual. Cantabria recibe bastante más que la media pero también ingresa más de lo que le correspondería en función de sus niveles de renta. Si con este argumento consigue defender su posición como región más beneficiada del país por el sistema de financiación autonómica que consiguió en 2008, sean bienvenidas unas balanzas fiscales que no sirven para mucho más, al margen de alimentar polémicas.