Mazón: ‘Acabadas las polémicas sobre carreteras, es posible que la Consejería pierda peso político’

Pregunta.– Este año concluye el II Plan de Carreteras de Cantabria. ¿Qué balance puede hacerse de su ejecución?
JOSE MARIA MAZON, consejero de Obras Públicas y Vivienda.– El II Plan suponía una inversión de aproximadamente 40.000 millones de pesetas entre los años 2000 y el 2004, aunque había otros cuatro años de deslizamientos, porque las obras obviamente no se acaban el 31 de diciembre, y más cuando el plan incluye decenas de ellas. A pesar de eso, yo creo que vamos a cumplir entre el 93% y el 95% de lo previsto, tanto en la inversión como en las obras y va a haber muy pocos deslizamientos. Es cierto que ha habido retrasos en algunas pero hemos procurado adelantar otras. Además, se han concluido también los deslizamientos del I Plan. Entre ambos, hemos actuado sobre unos 1.200 kilómetros de carreteras, incluyendo la renovación de firmes que ya existían, el acondicionamiento de trazados, la variación de curvas o las mejoras de las plataformas para asegurar la seguridad vial. Además, hemos mejorado la accesibilidad en toda la región, reforzando la línea de la costa y la mayor parte de los puertos de montaña. De hecho, sólo quedan por concluir tres de pequeño tráfico: La Sía, Estacas de Trueba y Lunada.

P.– Tradicionalmente, las obras de carreteras en Cantabria han tenido un coste final muy superior al presupuestado, en algunos casos hasta llegar a multiplicarlo por diez. ¿Hemos pasado ya esa época? ¿Qué diferencias ha habido entre esos 40.000 millones de pesetas previstos para el II Plan de Carreteras y lo realmente gastado?
J. M. M.– Pues no se han producido grandes desviaciones, porque amarramos mucho los proyectos. Es cierto que en cada obra surgen algunas circunstancias puntuales, pero han quedado absorbidas por las bajas ofrecidas por las empresas sobre los precios de licitación. Siempre se producen bajas significativas, porque se hacen licitaciones abiertas y las empresas ajustan los costes y los beneficios.

Seguridad y tratamiento ambiental de las carreteras

P.– ¿Cuáles son los objetivos del III Plan?
J. M. M.– En el próximo cuatrienio se va a completar la red de carreteras, de forma que ya no quedará nada por arreglar. Y se va a hacer especial hincapié en el tratamiento medioambiental y en la seguridad vial, con la iluminación de travesías e intersecciones. Además, se harán las variantes de Santillana, Comillas o Potes y se acometerá la carretera Los Corrales-Puente Viesgo, una obra muy cara –va a costar alrededor de 4.600 millones de pesetas– ya que es necesario hacer una variante en San Felices y un puente atirantado de 120 metros de luz. Con esta carretera conectaremos toda la Vega del Pas con la Autovía de la Meseta, de forma que va a servir para articular el corazón de la región. Luego, tenemos previsto un programa de refuerzo de firmes, ya que la vida útil de una carretera hay que estimarla en torno a veinte años.
P.– Queda sin resolver el viejo proyecto de la carretera entre Campoo y Liébana
J. M. M.– Está previsto hacer el estudio informativo, pero es una obra muy delicada y hay que estudiarla mucho.

Morir de éxito

P.– Resueltos ya los graves problemas históricos de la red regional de carreteras, da la impresión de que Obras Públicas, que tradicionalmente fue una Consejería estrella pierde irremisiblemente peso político. ¿Es morir de éxito?
J. M. M.– Sí, es cierto que ya no hay polémicas por las carreteras o hay muy pocas, y en ese sentido, sí es posible que la Consejería pierda un poco de peso político. Pero aquí el trabajo no se acaba nunca. De hecho, quedan actuaciones muy importantes, y aparecen nuevas necesidades. Por ejemplo, vamos a prestar una especial atención a las vías municipales, duplicando la inversión hasta llegar a los 3.000 millones de pesetas por año. Los ayuntamientos no tienen medios materiales, económicos ni humanos para hacer frente a estas obras y hace un año ya hicimos una convocatoria para que nos planteasen sus necesidades más urgentes. Nos llegaron unas mil demandas de carreteras, casas consistoriales, alumbrados públicos, pavimentación de núcleos, etc. Ahora intentamos atender lo más urgente y hacerlo con un poco de gusto y calidad, porque no siempre los ayuntamientos son muy cuidadosos con estos aspectos y hay que dar ejemplo.

P.– Este reparto de obras entre los ayuntamientos siempre ha tenido un fuerte sesgo político. ¿Se ha buscado la forma de objetivarlo para atender a los que realmente lo necesitan más?
J. M. M.– En los 102 ayuntamientos de la región estamos haciendo obras, sin discriminación. Ellos han planteado lo que necesitan y aquí hacemos un informe en el que se valora la urgencia de cada una, y se aplican factores correctores, como el índice de bienestar del municipio –este es un parámetro que no hemos hecho nosotros, sino la Universidad– y las inversiones que ya se han realizado anteriormente en él.

La Remonta, una referencia urbanística

P.– ¿La Remonta será la gran obra de la legislatura?
J. M. M.– En materia de vivienda, sí que es el proyecto estrella, aunque no podemos olvidar que la empresa pública Gesvican ya se ha convertido en la primera promotora regional de viviendas, con una cartera de 1.800 en este momento y, con el ritmo que ha cogido, yo creo que puede hacer cerca de mil al año.

P.– ¿Hará Gesvican las viviendas de La Remonta?
R.– En principio, no tenemos vocación de constructores. Construimos porque nadie hacía vivienda pública en Cantabria. Cuando haya otros, nosotros nos dedicaremos a poner suelo urbanizable en el mercado para vivienda protegida. Pero es posible que La Remonta se aborde en un consorcio en el que participe Gesvican. Es algo que la ley contempla.

P.– ¿Puede ser un proyecto urbanístico de referencia?
J. M. M.– La Remonta va a ser una referencia, porque se hará un planteamiento de calidad. Además de unas viviendas dignas, que nadie dude que tendrá una urbanización modelo, porque la finca da para muchas cosas, no solamente para hacer la vivienda protegida. También para estar rodeada de amplias zonas verdes.

P.– Si no se pudiese abordar este proyecto en lo que queda de legislatura, ¿correría peligro su compromiso electoral sobre viviendas protegidas?
J. M. M.– Estoy convencido de que se puede empezar en esta legislatura. Esperamos firmar el convenio con Defensa antes de concluir este año y en el 2005 cumplimentar todo el proceso de tramitación, con el Ayuntamiento o como Plan Singular. De esta forma, en el 2006 se podrá empezar a construir.

Concurso de los puertos deportivos

P.– Su Consejería también tiene un proyecto muy ambicioso de puertos deportivos y la intención es que sean promotores privados los que se hagan cargo de su financiación y construcción, a cambio de explotarlos durante algún tiempo. ¿Cuándo se sacarán a concurso?
R.– El puerto deportivo de Laredo se licitará ya y el de Castro Urdiales quizá antes de concluir el año, tras una nueva exposición pública. Yo tengo la sensación de que la vivienda de protección oficial por fin está encarrilada y ahora quiero poner énfasis en este tema de los puertos. Por lo pronto, estamos a punto de tener la Ley de Puertos, en la que se definen los plazos de cada uno.

P.– Habla con mucha confianza del puerto de Castro Urdiales, donde hay una polémica ciudadana muy notable a consecuencia de este proyecto. ¿Cree usted que se podrá hacer?
R.– Si la gente lo quiere, sí. Yo no entiendo esa polémica, porque es la obra menos significativa; en realidad, sólo es una reordenación del puerto actual, instalando unos pantalanes y remodelando los jardines. Si en lugar de puerto deportivo, hubiésemos definido el proyecto como “reordenación del puerto de Castro Urdiales”, tengo la sensación de que no hubiese pasado nada.

P.– Cuándo se producirá el traslado de las dependencias de su Consejería al edificio que ocupaba El Palacio del Mueble?
J. M. M.– Bueno, eso, aunque se haya anunciado, todavía está en estudio. Aún no es seguro. El edificio es amplio, pero la verdad es que tiene un acceso difícil y no es fácil dignificarlo sin actuar en el resto del entorno.