Una ITV para edificios
A partir del próximo mes de julio, fecha en la que se espera que esté redactado el reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de la Edificación, todas las viviendas de nueva construcción deberán disponer de un certificado que acredite su eficiencia energética. De esta manera, los usuarios del inmueble podrán conocer de antemano el coste de mantener a su vivienda en unos niveles de confort adecuados, así como el volumen de CO2 que emite el edificio a la atmósfera.
La exigencia de esta certificación tiene su base en una directiva aprobada en 1993 por la Unión Europea, con la que se trataba de frenar la creciente contaminación atmosférica derivada de la emisión de CO2 –uno de los gases que más contribuyen al efecto invernadero y al calentamiento del planeta– producido por las calefacciones domésticas. En España, las edificaciones emiten cada año 31,3 millones de toneladas de CO2, lo que supone el 13% del total de las emisiones que se producen en el país.
En la directiva comunitaria se establecía la necesidad de regular una certificación energética que acreditase el grado de eficiencia de los materiales empleados en la construcción del edificio, en su revestimiento y en las instalaciones de calefacción y agua caliente. Aunque la certificación iba a estar incluida en la propia Ley de la Edificación, será finalmente en su Reglamento en donde se recoja. Según se establece en el borrador de la norma, la calificación podrá hacerla el mismo promotor, aunque deberá ser visada por el órgano oficial de cada Comunidad Autónoma. En una segunda fase, la certificación será obligatoria para todo tipo de inmuebles, estableciéndose plazos para la adaptación de los edificios antiguos a las exigencias de la norma.
La certificación ayudará al comprador a valorar mejor la calidad de los sistemas de calefacción y agua caliente con los que esté equipada la vivienda, aportando al mercado inmobiliario más transparencia.
