Un sector con expectativas

El uno de enero de 2007 entró en vigor la Ley de Dependencia. Además de los cambios sociales que supone, esa fecha marca el comienzo de la reconversión de un sector empresarial que ahora va a tener como cliente principal al Estado.
Residencias, centros de día, teleasistencia, empresas de ayuda a domicilio y de transporte adaptado se encuentran dentro de un misma legislación. Así lo consideran los miembros de la Asociación Cántabra Empresarial de Servicios para Personas Dependientes (ACESDE) que engloba a más de treinta empresas en la región y que se creó hace una década para regular un sector que ahora se enfrenta a nuevas exigencias: modernización de los servicios, nuevas tecnologías, formación de profesionales y la mejora de estructuras físicas nuevas.

Aumento de la demanda

La gestión de la Ley de Dependencia es responsabilidad de las Autonomías. Para que la normativa tenga el mayor apoyo posible, el Gobierno cántabro se puso en contacto con muchas empresas del sector y, especialmente, con aquellas que así lo solicitaron: “Los encargados de dotar de estos servicios somos también sujetos implicados en la Ley y, por tanto, era necesario que contaran con nosotros”, afirma el presidente de ACESDE, Tomás Pandal.
Debido a las subvenciones que la Ley estipula para que las personas con menos recursos puedan atender a sus familiares dependientes, los empresarios del sector calculan que en los próximos diez años la demanda de plazas asistidas puede crecer en más de 4.000. Para ello, habría que crear al menos 50 centros más, lo que a su vez supondría unos 2.500 puestos de trabajo directos.
“Hacer frente a esta nueva demanda va a ser complicado si la Administración no aumenta las ayudas previstas”, dice Tomás Sáinz, secretario de la Asociación, y no tanto por la falta de disposición de los empresarios, como por las dificultades para encontrar personal cualificado y auxiliares que quieran trabajar en un sector donde “los sueldos bajos y la gran carga psicológica que supone tener a tu cargo a personas con un mayor o menor grado de dependencia, hace que mucha gente prefiera buscar otras opciones para trabajar”, añade.
La nueva ley también establece la posibilidad de que sean los propios familiares, o personas cercanas al dependiente, quienes le ayuden, sin necesidad de acudir a ningún centro o empresa del sector. Por ello, se puso en marcha la figura del ‘cuidador informal’, un particular al que se le ayuda con unas prestaciones económicas para que la atención a los dependientes se pueda hacer en mejores condiciones. La patronal del sector privado reconoce que, para la Administración pública, esta fórmula es más barata, pero muestra su temor a que la figura del ‘cuidador informal’ se generalice y dé lugar, en algunos casos, a una economía sumergida, con un empleo precario y con personal poco cualificado.
El precio de las plazas

Las residencias sostienen que sus precios no son altos y se justifican en las grandes necesidades de personal que requiere la atención a personas dependientes, las inversiones en tecnologías que realizan y las mejoras de los equipamientos hosteleros de sus centros. Una vez sumado todo ello, y aunque las tarifas no estén al alcance de buena parte de la población, aseguran que sólo deparan un modesto beneficio: “Pese a lo que muchos piensan, somos empresas y no nos dedicamos a las obras de beneficencia. Hay que concienciar al ciudadano de que, aunque nuestro campo de trabajo sea un área social, los servicios cuestan un dinero y hay que pagarlos”, afirma Pandal.
La diferencia entre el precio de las plazas de los centros públicos y privados, añaden, no ayuda. “Prácticamente se ofrecen los mismos servicios en un centro público y uno privado. Mientras en el primero la plaza tiene un coste de 110 euros/día, en la privada se paga a 45”, dicen.

Colaboración de los Servicios Sociales

La nueva Ley de Dependencia implica servicios sociales, de los que se encargan ellos, pero también sanitarios y los empresarios reclaman que el Servicio Cántabro de Salud colabore con ellos en esa materia “porque no es justo que las personas dependientes tengan que pagar dos veces por un mismo servicio” aunque reconocen que quizá los centros de salud no puedan asumir esta gran demanda que se va a producir.

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