Un cántabro en la guerra de las etiquetas de seguridad

Cada año los grandes establecimientos comerciales españoles sufren la desaparición de artículos por importe de 1.800 millones de euros (250.000 millones de pesetas) que nunca llegan a pasar por caja. Es lo que se conoce como “pérdida desconocida” y que por lo general es producto de los hurtos. Artículos como las botellas de whisky pueden llegar a tener unos índices de sustracción del 30%.
¿En quien repercute ese coste? Mariano Moro, un santanderino que dirige la filial española de la multinacional Checkpoint System, no tiene dudas: en los consumidores. Checkpoint es la más conocidas de las empresas fabricantes de las tarjetas de seguridad por radiofrecuencia que pretenden generalizar las grandes cadenas comerciales para evitar este problema o, al menos, reducir el volumen de la pérdida a la mitad, que es el porcentaje estadístico resultante de la aplicación de este método, el más eficaz de los que se han utilizado hasta el momento.
Cuatro de los grandes grupos comerciales españoles –El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo y Mercadona– han instado a todos los suministradores de productos que por su coste, valor estratégico o tamaño sufren unos elevados índices de hurto, a que inserten la tarjeta de radiofrecuencia de 8,2 Mhz en origen y éstos han respondido a través de la patronal alimentaria Fiab con una denuncia ante el Servicio de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía por supuesto atentado contra la libre competencia.
Sostienen, además, que esta tarjeta de 8,2 megahercios, que dispara las alarmas de las cajas en caso de no haber sido previamente desactivada, sólo es fabricada por Checkpoint, algo que Moro rechaza, al insistir en que hay otros fabricantes de tarjetas y todas ellas son compatibles con los lectores que utiliza su empresa.
Los fabricantes –que con esta denuncia probablemente han aflorado otros conflictos con las grandes cadenas de distribución, como el de los plazos de pago– se niegan a asumir por sí solos el coste de las tarjetas. Sostienen que estas pérdidas no les son imputables. Lo cierto es que en muchos casos ni siquiera son imputables, como pudiera suponerse, a los clientes que pasan por los hipermercados y grandes almacenes, ya que los estudios que se han realizado al respecto indican que el 38% de los hurtos son responsabilidad del propio personal del establecimiento comercial, y otro 34% de la “pérdida desconocida” es consecuencia de errores administrativos.

“Abarataría los productos”

Mariano Moro (Santander, 1962) sostiene que la generalización de la tarjeta en los productos con más incidencias no sólo no supondrá un incremento de los costes sino que tendrá un efecto deflacionista dado que son superiores las pérdidas que originan los hurtos. Es evidente que eso beneficia sobre todo al establecimiento, pero también está convencido de que resulta positivo para los fabricantes dado que permite fomentar la compra por impulso –colocar los productos a la mano del consumidor–. En caso contrario, estos artículos tentadores al hurto acabarán en vitrinas y expositores protegidos donde la receptividad del comprador siempre es más baja y, en consecuencia, también el volumen de ventas.
Las etiquetas de seguridad son unos circuitos de radiofrecuencia insertados en unas pequeñas láminas de aluminio adheridas al producto que pasan inadvertidas para el consumidor, dado que suelen estar solapadas bajo la etiqueta o el código de barras. Al pasar por un lector de escáner, la etiqueta queda desactivada para siempre, sin tener que ser desprendida del artículo.
Las ventajas son evidentes. No sólo es un procedimiento rápido, sino que se realiza a distancia, no genera campos magnéticos y, por tanto, no daña las tarjetas de crédito, se puede colocar en superficies curvas y las etiquetas son fácilmente camuflables. Su coste unitario es de aproximadamente tres céntimos (unas cinco pesetas). Buenas razones para suponer que este procedimiento, o uno muy semejante, se acabará generalizando en el mercado.

Cajas sin cajeras

Con la incorporación de un chip, las tarjetas de radiofrecuencia no sólo pueden contribuir a reducir sustancialmente ese 1,25% de las ventas que los grandes establecimientos comerciales pierden por hurtos y extravíos, sino que también se convierten en un sistema muy eficaz para el seguimiento automático del producto desde que se fabrica hasta su salida de la tienda o en la realización de inventarios. “El artículo habla por sí mismo”, explica gráficamente Moro. Si se generalizase en todo tipo de productos ni siquiera harían falta cajeras, dado que el lector de escáner ofrecería automáticamente el importe total de los productos que lleva un cliente en su carro y su desglose, con solo pasar entre las antenas.
Este procedimiento puede estar en funcionamiento en cinco años, según Mariano Moro, y si no es posible implantarlo antes no es por problemas tecnológicos –bastaría con una adecuación de las antenas– sino por la necesidad de poner de acuerdo previamente a todos los participantes en la cadena de valor –fabricantes, distribuidores y comercios–. En algunos circuitos cerrados de producto, como las bibliotecas, ya comienza a utilizarse y propicia un control exacto de los libros en cada momento y en régimen de completo autoservicio sin necesidad de realizar fichas de préstamo.
La ventaja no se encuentra exclusivamente en la menor necesidad de cajeras o en el ahorro de tiempo para el consumidor, que no necesitaría hacer colas. La incorporación de etiquetas con chips en todos los productos permitiría una identificación sin errores y una trazabilidad perfecta de cada artículo desde la fábrica.
Bastaría con pasar los palés o los camiones enteros por un lector de radiofrecuencias para controlar la recepción de pedidos, tener un inventario exacto de almacenes o expositores o saber qué productos frescos están próximos a caducar. Algo que no resulta tan sencillo con métodos convencionales en un hipermercado con decenas de miles de referencias y millones de artículos en stock.