Repsol busca socios para la mayor inversión energética de Cantabria

La ampliación de la central hidroeléctrica reversible de Aguayo ha entrado en una nueva fase. Casi superado el largo recorrido administrativo y con el respaldo de Bruselas mediante una ayuda de 180 millones de euros, el siguiente reto para Repsol es la financiación de una de las mayores inversiones previstas por la empresa durante esta década. Ahora busca un socio para compartir el proyecto, ir rentabilizándolo, liberar capital y no penalizar el desarrollo de su cartera de renovables.

Repsol ha venido incorporando inversores para financiar su crecimiento en renovables sin deteriorar su balance. La petrolera ha ido rotando participaciones en parques eólicos y fotovoltaicos, creando sociedades compartidas con fondos especializados o grandes inversores institucionales que aportan recursos a cambio de participar en activos con ingresos previsibles durante décadas.

Ese mismo esquema pretende aplicarlo en Aguayo II, un proyecto que reúne algunas de las características más apreciadas por los grandes fondos internacionales: una infraestructura con una vida útil superior al medio siglo, una tecnología consolidada, un riesgo regulatorio relativamente bajo una vez obtenidas las autorizaciones y una importancia estratégica creciente para el sistema eléctrico español.

No se trata de una central hidroeléctrica convencional. Actuará como una gigantesca batería capaz de almacenar electricidad cuando sobra producción renovable en el sistema eléctrico español y devolverla a la red durante las horas de mayor demanda.

Ese papel resulta cada vez más valioso conforme aumenta la generación procedente de parques eólicos y plantas solares, cuya producción depende de las condiciones meteorológicas. La capacidad de almacenamiento del bombeo hidráulico es precisamente uno de los elementos que el sistema eléctrico español necesita para continuar incrementando el peso de las energías renovables.

La ampliación va a multiplicar la capacidad de la instalación ya existente hasta superar los 1.000 megavatios de potencia de turbinación, situando a Aguayo como la segunda mayor central reversible de España. La inversión prevista ronda los 900 millones de euros, aunque algunas estimaciones más recientes sitúan el coste algo por debajo de esa cifra tras las modificaciones introducidas durante la tramitación administrativa. En cualquier caso, continúa siendo una actuación de una dimensión excepcional para Cantabria.

El interés de los fondos por estos proyectos

Los 180 millones concedidos por la Comisión Europea representan un importante respaldo político y económico, pero cubren únicamente una parte del presupuesto total. El resto provendrá de los recursos propios de la empresa, la financiación bancaria y, eventualmente, de la incorporación de nuevos inversores.

Para Repsol, la entrada de un socio tendría además ventajas estratégicas. La compañía simultanea numerosos proyectos de generación renovable en España, Estados Unidos y otros mercados internacionales. Compartir el capital de Aguayo le permitiría liberar recursos para continuar desarrollando nuevas inversiones sin renunciar al control operativo de una instalación estratégica.

No le van a faltar candidatos. En los últimos años los grandes fondos de infraestructuras, aseguradoras y fondos de pensiones han incrementado notablemente su interés por activos energéticos regulados o con flujos de ingresos relativamente estables. Gestoras como KKR, BlackRock, Copenhagen Infrastructure Partners, Brookfield o Macquarie llevan años invirtiendo en las renovables europeas, y numerosos fondos soberanos buscan inversiones ligadas a la transición energética.

Este tipo de operaciones son cada vez más habituales. Iberdrola, Endesa, Naturgy, Acciona Energía o la propia Repsol han incorporado socios financieros en distintas carteras renovables sin perder el control industrial de los proyectos.

En el caso de Aguayo existe además un elemento diferencial: su condición de infraestructura crítica para el funcionamiento del sistema eléctrico. A diferencia de un parque eólico o una planta solar, una central reversible presta servicios esenciales para mantener el equilibrio instantáneo entre oferta y demanda de electricidad. Su capacidad para almacenar energía permite absorber excedentes de producción renovable y suministrarlos posteriormente cuando el consumo aumenta o disminuye la generación eólica y fotovoltaica.

Por esa razón, tanto España como la Unión Europea consideran prioritario acelerar el desarrollo de este tipo de instalaciones. Aguayo II ha sido reconocido como Proyecto de Interés Común europeo, una calificación reservada a infraestructuras especialmente relevantes para la integración energética del continente, lo que facilita el acceso a financiación comunitaria y agiliza algunos procedimientos administrativos.

La obtención en junio de la autorización administrativa de construcción ha eliminado otro de los factores de incertidumbre que tradicionalmente frenan la financiación de grandes infraestructuras energéticas. El Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado definitivamente el proyecto, fijando una potencia de turbinación de 1.014 MW y una capacidad de bombeo de 1.181 MW, tras varios años de modificaciones técnicas y ambientales.

Con ese hito administrativo superado, la atención se desplaza hacia el capítulo financiero. Es en este momento cuando suelen incorporarse los socios inversores, ya que el riesgo de desarrollo disminuye considerablemente, resulta más sencillo valorar la rentabilidad futura del activo y la empresa promotora puede sacarle ya un rendimiento al éxito de sus gestiones, a través de una prima que pagaría el nuevo inversor.

Una prima por dar seguridad al sistema

Para Cantabria, la materialización definitiva de Aguayo tendrá un impacto muy superior al estrictamente energético. Durante la construcción, que se prolongará unos cinco años, se generarán alrededor de un millar de empleos directos e indirectos, además de una importante actividad para empresas de obra civil, ingenierías, fabricación de equipos electromecánicos, transporte y servicios auxiliares.

La inversión también consolidará el papel de la comunidad como uno de los principales nodos españoles de almacenamiento energético, un factor cada vez más relevante para atraer nuevos proyectos industriales intensivos en consumo eléctrico.

El interés de los inversores no va a depender únicamente de la rentabilidad técnica de la central. También influirá el marco regulatorio que finalmente establezca el Gobierno para remunerar estos servicios de almacenamiento. El sector energético lleva tiempo reclamando mecanismos que proporcionen mayor certidumbre sobre los ingresos de estas instalaciones, cuya rentabilidad depende tanto de la compraventa de electricidad como del cobro por los servicios que prestan para garantizar la estabilidad del sistema.